Contraloría descubre que alcalde UDI de La Florida usó auto del municipio para su campaña electoral

El 9 de octubre de 2012, las elecciones municipales estaban en pleno apogeo. Y el alcalde de La Florida, el UDI Rodolfo Carter, al igual que todos los candidatos, hacían todos sus esfuerzos para ocupar el sillón edilicio.

Ese mismo día los fiscalizadores de la Contraloría efectuaban la revisión de rigor en el municipio y de las bitácoras de los autos fiscales que se utilizan en la municipalidad. Fue en esa revisión cuando encontraron el automóvil que usa Carter como autoridad de la comuna. El vehículo en esa oportunidad era utilizado por la alcaldesa subrogante Angélica Céspedes. Hasta ahí nada irregular, salvo que los auditores del organismo fiscalizador se encontraron con propaganda electoral alusiva a Carter en su interior.

El chofer, presente en la escena, al ser consultado sobre el origen de esa publicidad política, “indicó desconocerlo”.

Los fiscalizadores siguieron con el maletero, donde hallaron una caja de cartón semi abierta con calendarios de campaña de Carter y acto seguido los funcionarios de la entidad revisora levantaron un acta y tomaron fotografías para acreditar el hecho.

Hay que recordar que el uso de los autos fiscales para fines personales está estrictamente prohibido por la ley, ya que implica el uso de recursos del Estado en beneficio propio, más aún si se trata de propaganda política. El mal uso viola el instructivo -que en 2009 lo pidió la propia derecha- relativo a la prescindencia política que deben observar los funcionarios, electos o contratados en la administración pública.

“Así entonces para el personal de la Administración es ilícito usar esos recursos para realizar o financiar actividades de carácter político contingente, tales como hacer proselitismo o propaganda política en cualquier forma o medios de difusión, promover o intervenir en campañas o efectuar reuniones o proclamaciones y disponer contrataciones a honorarios para esas finalidades”, señala el informe.

Para determinar con mayor rigor la propiedad de la propaganda alusiva a Carter, los fiscalizadores de la Contraloría, el 24 de octubre de 2012 -es decir cuatro días antes de las elecciones- acreditaron que la empresa RyR Impresores facturó a nombre de Rodolfo Carter el trabajo.

Las especies fueron recibidas el 28 de agosto por Cristian Amigo Recio, un funcionario de la municipalidad de La Florida contratado a honorarios “como coordinador territorial de organizaciones comunitarias y sociales”. Es decir, el que tiene toda la red municipal para llegar a los posibles votantes.

Con todos estos antecedentes la Contraloría resolvió abrir un sumario a Carter para determinar varios aspectos. Desde cuándo usaba el vehículo, cuántos funcionarios municipales operaron en su campaña, entre otros asuntos.

Carter, en su defensa, envió un oficio a la propia Contraloría denunciando que la revisión del auto era “al menos irregular” y presentó una querella criminal en al 14 Juzgado de Garantía de La Florida.

En cualquier caso, cuando la institución de control le preguntó a Carter sobre lo observado sólo se limitó “a informar acerca de las acciones adoptadas en relación con el procedimiento efectuado por este organismo fiscalizador”.

Hay que recordar que una de las faltas administrativas más graves de la administración pública es el uso de los recursos fiscales, pero principalmente el automóvil. Al respecto, sólo dos casos: la ex subsecretaria de Telecomunicaciones Elinett Wolff, que en 2009 debió renunciar a su cargo cuando se descubrió que usaba el auto a su cargo para vender frambuesas.

Otro hecho similar afectó en 2009 a Arturo Barrios, dirigente del PS, entonces subdirector del Consejo de la Cultura y las Artes. Este último usó el auto para fines personales, acreditó la Contraloría y tuvo que devolver la plata y fue suspendido de su cargo por tres meses, la sanción más alta después de la destitución.

Perfil

Rodolfo Carter es abogado y floridano. Y cómo militante de la UDI, le correspondió ser el jefe de campaña de su compañero de partido, el entonces diputado Rodrigo Álvarez que en 2009 disputó ese cargo de elección popular con Marcela Sabat, hija del edil de Ñuñoa.

Fue en ese contexto, que Carter se vio salpicado por el caso debido a la relación que se había establecido entre él y quienes estaban involucrados en la instalación de las “palomas” de Álvarez y de paso destruir las de Sabat.

Carter debió declarar en la fiscalía y fue implicado por una de las personas contratadas par la campaña a quien se le identificó con el sobrenombre de “Mandrake”. Carter finalmente no fue formalizado y su candidato asesorado tampoco ganó las elecciones.

El secreto de Dicom

Fue después de estos comicios que inició su carrera política por la testera comunal de La Florida. De hecho, gracias a la renuncia del PS Jorge Gajardo en marzo de 2011, asumió la jefatura comunal, no sin complejas negociaciones que tuvo a La Florida más de 100 días sin alcalde.

A lo anterior, se sumaron las deudas que tenía en DICOM por 50 millones de pesos, que finalmente fueron cancelados.

Carter ganó las pasadas elecciones con más del 47% de los votos y la UDI una de las comunas más populosas en Santiago y que incide en cualquier elección senatorial y a diputados, dejando de lado al DC Gonzalo Duarte, otrora edil de la misma zona, donde el ahora derrotado Pablo Zalaquett ocupó el mismo cargo.

El escenario para Carter es complejo. Primero porque es lo más probable que una vez terminado el sumario, la Contraloría envíe los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe el inicio de una investigación penal y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se haga parte de la misma. Aquí el delito es claro: fraude al fisco.

El caso podría pasar al tribunal electoral respectivo si se le acusa de “notable abandono de deberes”, lo que podría terminar con la destitución.

Lea el informe de Contraloría