CDE se querella contra ex funcionarios del Poder Judicial por fraude al fisco en construcción de juzgados

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de fraude al fisco, en contra del ex jefe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Miguel Sánchez y el jefe de infraestructura Gonzalo Díaz. Lo anterior, luego que se descubriera que autorizaron que la empresa Cosal construyera 7 juzgados en distintos lugares del país que creó sociedades especialmente para ganar el concurso.

De acuerdo a la acción penal que publica The Clinic Online, los hechos incluyen la construcción, arriendo y compra del Centro de Justicia de Iquique, los juzgados de Colina, San Antonio, Limache, Iquique y Puerto Montt, en donde se detectó la Concentración de empresas, cuya madre es Cosal.

Por ejemplo, para el caso de Iquique, Cosal constituyó en 2005 la Inmobiliaria Iquique que se adjudicó la construcción del Centro de Justicia de esa ciudad. Este último fue entregado en 2008 en arriendo al Poder Judicial, el que finalmente fue adquirido al año siguiente.

En esta obra hubo una serie de irregularidades según la querella, entre otras haber adjudicado a dedo a la Inmobiliaria Iquique la construcción en un terreno que tenía napas subterráneas. El agua que se extraía era enviada al alcantarillado de la empresa Altiplano. Esta última, al descubrir el chanchullo, cobró durante dos años 36 millones de pesos debido a la irregularidad que a juicio del CDE, Sánchez y Díaz escondieron al Consejo Superior de la CAPJ, compuesta por ministros de la Suprema.

La revelación de estos presuntos ilícitos comenzó en enero de 2012, cuando CNN-Chile reveló una grabación del Consejo Superior, donde el entonces presidente del máximo tribunal Milton Juica, se oponía a denunciar la colusión de empresas al Ministerio Público. En ella también estaban el actual titular del tercer poder del Estado Rubén Ballesteros y quien podría sucederlo, el magistrado Sergio Muñoz. Ninguno de los tres denunció los hechos a la justicia en su oportunidad.

En el registro de audio Juica comentó: “aquí se nos mete el Ministerio Público e incauta todo el material. Va a ser un proceso nacional”. Sus dichos fueron emitidos apenas unas semanas después de dejar la testera del máximo tribunal. Fue duramente cuestionado y debió recibir el apoyo público de diputados y senadores de la Concertación para que su imagen no saliera mellada.

Hay más

Inmobiliaria Iquique no fue la única empresa ligada a Cosal constituida especialmente para construir dependencias judiciales.

De acuerdo a la querella está Juan XXIII que edificó los juzgados de familia de Colina. Se creó inmediatamente después de que el Consejo Superior de la CAPJ diera el visto bueno a la obra.

Otra es El Vergel, constituida un mes después de que la Suprema confirmara la construcción de los juzgados de familia y letras de Limache.

Según el libelo la misma modalidad fue usada por el Poder Judicial para levantar tribunales en San Antonio, Buin, Peñaflor y Puerto Montt.

Las inmobiliarias antes mencionadas ganaron entre 2005 y 2007 , informó en su oportunidad La Tercera, cinco de las seis licitaciones a cargo de la CAPJ. También hubo otras adjudicaciones a Cosal. En total 63 mil millones de pesos recibió la firma.

El CDE le imputa a Sánchez y Díaz no haber cumplido con sus funciones de funcionario público y que bajo la fórmula de la concentración de empresas se defraudara al fisco, aunque no menciona una suma determinada.

Dentro de las diligencias solicitadas por el CDE están el análisis de los correos electrónicos de Sánchez y Díaz, como también su patrimonio y su ligazón con la firma Cosal.

Cosal es una empresa constructora de gran tamaño con unos 1500 millones de dólares de patrimonio fundada por Samuel Levy. Al Poder Judicial también le construyó la Corte de Apelaciones de Valdivia. También ha levantado obras a la Contraloría, PDI, Carabineros, Mineduc, MOP y construyó el estadio Monumental de Colo Colo.

Con cuello

No es la única querella que ha presentado el CDE en este caso. El 16 de febrero de 2012, pero en otra arista, hizo lo propio en contra de el ingeniero Claudio San Martín Bustos, que trabajó junto a Díaz en la Unidad de Infraestructura de la CAPJ.

La acción legal, tal como publicó este diario, fue ingresada por el delito de “negociación incompatible” contra San Martín, que junto con trabajar para la judicatura, prestaba servicios a la firma SMI que ejecutó obras en distintos tribunales del país.

El imputado, entre 2007 y 2009, inspeccionó nueve obras ejecutadas por SMI ingenieros civiles en tribunales de letras de Puente Alto, San Fernando, Santa Cruz, Pudahuel, Cañete, juzgados del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Concepción.

Sin embargo, pese a esta imputación del CDE el 8 de enero de este año, la Fiscalía Centro Norte aplicó el principio de “no perseverar” en la investigación y la causa fue archivada.

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