Denuncian irregularidades y falta de recursos en el programa “Chile Indígena”

La secretaría nacional indígena del PPD, representada por Fermín Levio, Rodrigo Paillalef, Alberto Pizarro, y Yohanna Ñancupil, denunciaron este sábado presuntas irregularidades en el programa ‘Chile Indígena’ y la generación de falsas expectativas en la inversión de recursos que podrían haber beneficiado a cerca de 50 mil familias.

Los dirigentes informaron que finalmente en la distribución de recursos, que fueron redestinados y sacados de otro programa, solo el 13,8% está destinado a inversión directa, gran parte de estos recursos, aproximadamente el 46% estarán destinados a pagos de honorarios y recursos humanos, lo que debilita la ejecución del programa en beneficio de las comunidades.

“Planteamos nuestro absoluto rechazo por la decisión del actual gobierno de dejar sin presupuesto el programa ‘Chile Indígena’, mucho se ha hablado que este iba a ser un gobierno de excelencia, que las cosas iban a ser mejor, sin embargo este programa que reemplazó al vapuleado ‘Orígenes’, nos encontramos con la sorpresa, que no está considerado ningún presupuesto para sostener la iniciativa”, sostuvo el secretario de la comisión Indígena, Alberto Pizarro.

Pizarro señaló que “esto es particularmente grave, porque la población ‘objetivo’ declarada por el programa incluye 600 comunidades que no fueron atendidas por los programas, además de 18.800 indígenas urbanos y 14.263 hogares que participaron del programa Orígenes. Estamos hablando de un población importante, que con la merma en los recursos no pueden llevar a cabo iniciativas de desarrollo”.

El dirigente agregó que “esta es una estrategia y una campaña de desprestigio para la futura presidenta Michelle Bachelet, porque a la próxima administración se le va a impedir poder ejecutar este programa con las familias indígenas, por los escasos recursos que tiene”.

Pizarro puntualizó que “una de las declaraciones que hizo el actual gobierno ante la Naciones Unidas, es que el tema de las tierras iba a estar resuelto el año 2016, lo que claramente es información errónea y malintencionada que confunde a la población, para que la población exija más de lo que realmente se puede hacer durante el período de Michelle Bachelet”.