Contraloría: habitantes de Lampa consumieron agua con arsénico porque Superintendencia no fiscalizó a empresas

La Contraloría realizará un sumario en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) luego que ésta no cumpliera con su deber de fiscalización, permitiendo que los habitantes de Lampa, consumieran -al menos durante tres años- arsénico superior a los niveles permitidos permitidos que proporcionan las empresas Novaguas y BCC.

En el informe que publica The Clinic Online, el organismo fiscalizador estableció además que la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud otorgaron facilidades de funcionamiento aún conociendo la real situación de ambas firmas.

“En relación a la SISS cabe concluir que dicha entidad no cumplió a cabalidad su función de fiscalizar a las empresas sanitarias (…) desde su puesta en operación (…) en relación con exigirles la observancia de la normativa vigente sobre el contenido de arsénico en el agua potable distribuida a los usuarios, lo que se tradujo en su entrada en explotación, aún cuando no cumplían con la normativa ni contaban con la autorización gradual del Ministerio de Salud”, señala el documento.

El misterioso N.N.

La historia que permitió indagar en la SIISS comenzó en 2013 cuando un particular, “bajo reserva de identidad”, denunció falta de fiscalización de la autoridad que regula a las empresas de agua potable, principalmente con las firmas aludidas.

Debido a la gravedad de los antecedentes -se trataba de la salud de los habitantes de la zona norte de la Región Metropolitana- se inició esta fiscalización especial, tomando en consideración los cambios legales producidos en 2006 a la normativa que regula la cantidad de arsénico en el agua.

Pues bien, en ese año el Ministerio de Salud, a través del decreto 131, disminuyó la cantidad de arsénico desde 0,05 mg/l a 0,01 para otorgar una mejor calidad del agua potable, ya que no “era un elemento esencial para la salud”.

Las empresas de agua que operaban a esa fecha tenían un tiempo de cinco y hasta diez años para adaptarse siempre y cuando contaran con un informe favorable de la SISS y el Minsal.

Sin embargo, tanto Novaguas y BCC comenzaron a operar en 2007 y 2009, respectivamente, por lo que nunca estuvieron al amparo de esa “adaptación gradual”, sino que debían aplicar la concentración más baja de arsénico en el agua que consumen los habitantes de la zona de Lampa.

“No obstante lo anterior, la mencionada superintendencia no exigió que dichas concesionarias se ajustaran al valor máximo de concentración del aludido químico permitido al momento de sus puestas en servicio -3 de mayo de 2007 y 22 de diciembre de 2009, respectivamente-, incumpliendo con la obligación que le asiste (…) en lo pertinente, la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios y del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios”, sigue el informe.

Para concluir lo anterior, la Contraloría revisó los análisis hechos por las propias empresas durante los años 2007 y 2010, “que muestran incumplimientos del valor mencionado”. Sólo a modo de ejemplo. BCC en 2010 mostró 22 infracciones al límite de 0.01 mg/l de arsénico en las aguas que toman los habitantes.

Letra muerta

La SISS adujo “que la presencia de elementos o sustancias quimicas en el agua potable, en una concentracion mayor a la permitida en la normativa vigente, no implica necesariamente la existencia de un riesgo para la salud humana”.

En esa línea la SISS aclaró en su respuesta a la Contraloría, que era mejor que las empresas cuestionadas tuvieran tiempo para adaptarse a la normativa, porque “el daño que se le provocaría a la ciudadanía el cortar el suministro de agua potable mientras durara el desarrollo de las obras (…) era más pernicioso que la prolongación de consumo de agua potable dentro de los límites…”. Tanto es así que para favorecer a las empresas y evitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicaron una norma de la Organización Mundial de la Salud (0,03) y no la ley chilena (0,01) para medir el arsénico, dice el informe de la Contraloría.

A mayor abundamiento de la falta de fiscalización, la SISS entre 2007 y 2011, sabía plenamente el alto contenido de arsénico, y según la Contraloría, “no consta que (…) haya aplicado sanciones o multas por tales incumplimientos, contraviniendo los deberes”.

De hecho, para operar, las empresas debían contar con una autorización del Ministerio de Salud. Según la SISS, como esta no existía “se actuó de buena fe, toda vez que el otorgamiento era inminente según la autoridad sanitaria”.

La Contraloría no los pescó con este argumento, señalando que lo central era que no contaban con el permiso en el período fiscalizado -entre 2007 y 2011- y que sólo en noviembre de 2012 Novaguas y BCC lo solicitaron al Minsal; y que sólo en 2013, mientras la secretaría de Estado evaluaba dicha autorización “se advirtió la presencia de elevadas concentraciones de arsénico en el agua distribuidas por las empresas”.

En el informe se concluye que al menos hasta fines de 2013 el ministerio de Jaime Mañalich, no había emitido la autorización a las firmas, cuestión que viola el principio de celeridad que deben observar los funcionarios públicos, mientras el arsénico sigue estando en el agua y la nueva norma es sólo letra muerta.

Este diario requirió una versión de las empresas y de la SISS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo comentarios.

Lea el informe completo