ONU critica a Chile: justicia civil y no militar debe indagar muerte de civil en cuca de los pacos de Rancagua

Foto de archivo: Agencia Uno

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado criticando la actuación de las autoridades chilenas, en el marco de la muerte de Jorge Aravena Retamales, quien falleció en un furgón policial el pasado 17 de febrero.

El documento, apunta a que la indagatoria no debe ser llevada por la jurisdicción militar, sino por la civil, como una forma de garantizar la transparencia y celeridad del procedimiento judicial.

“El Estado chileno ha asumido el compromiso internacional de revisar y modificar el sistema de Justicia Militar, a fin de establecer límites a su competencia y excluir a los civiles de dicha jurisdicción”, expresó el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

El funcionario indicó que “este lamentable caso debería ser investigado y resuelto por la justicia civil y con las garantías del debido proceso”, comentó.

“Además, confío en que la justicia civil dé curso a la denuncia presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, e inicie una pronta y eficaz investigación de los hechos”, apostilló.

No es la primera vez que a Chile le tiran las orejas por el uso de la justicia militar para tratar delitos que afectan a la población civil.

“En 2007, el Comité de Derechos Humanos señaló a Chile que el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El mismo comité recomendó a Chile la revisión del Código de Justicia Militar, para ajustarlo a los estándares internacionales. En el mismo sentido el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, y recientemente en enero de 2014 en el marco del Examen Periódico Universal, han recomendado a Chile que los casos de violaciones de derechos humanos deben ser tramitados por la jurisdicción civil y con todas las garantías del debido proceso”, señala el documento.

Incalcaterra hizo un llamado a que “se revisen los procedimientos de actuación policial para asegurar su adecuación a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante la autoridad judicial competente”.