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3 de Marzo de 2014Comisión de DDHH de la OEA cita el Estado para analizar presiones políticas del gobierno de Piñera a jueces
La información fue confirmada a The Clinic Online por el jefe de sección Derechos Humanos y Género de la entidad gremial, Daniel Urrutia. El juez indicó además que la presentación que se discutirá, incluye también un problema de carácter "estructural" en el Poder Judicial, que afecta también la independencia de los jueces: ""Al momento en que un juez resuelve algo, solo tiene que tener en vista la ley y el hecho. Pero no debiera pensar en cualquier caso si le van a abrir un proceso disciplinario o si lo van a castigar o premiar por la situación que lleve a cabo. Y eso se entiende como una intromisión indebida en el juez que está llamado a conocer del asunto". La audiencia se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, donde un represente de la Cancillería y Justicia deberán comparecer.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA citó al Estado chileno a una “audiencia”, luego que acogiera una presentación de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), por las presiones sufridas desde el gobierno de Sebastián Piñera, como también personeros y parlamentarios de los partidos de la alianza.
La sesión de la instancia -perteneciente al sistema interamericano- se realizará el próximo 27 de marzo en Washington, Estados Unidos, incluye no solo a la ANM sino también a la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) en calidad de recurrentes.
En tanto, en representación del Estado debiera concurrir a dar explicaciones un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la cartera de Justicia. En el caso de los magistrados, aún no está definido.
La citación llega en momentos en que tanto el Presidente Piñera, como el ministro del Interior, el UDI Andrés Chadwick, se enfrascaron en una polémica con el actual presidente de la Suprema, Sergio Muñoz. Esto luego que este último, en su discurso de inauguración del año judicial del 1 de marzo, rechazara las críticas de La Moneda por los fallos judiciales ligados al conflicto Mapuche. Principalmente por la sanción de 18 años impuesta a Celestino Córdoba como autor del incendio que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger.
Insultos
Los jueces reclaman que durante el gobierno de Sebastián Piñera fueron constantemente atacados por distintos personeros, incluidos senadores, diputados y políticos, criticando sus resoluciones, atacando con ello la independencia de su fuero interno, en orden a tratar de conseguir que los magistrados votaran en el sentido en que la administración de turno estimaba como correcto.
Uno de los casos apunta al diputado Gonzalo Arenas, quien el año pasado aseguró que para trabajar como juez era necesario “ser imbécil”.
Según el encargado de la comisión de Derechos Humanos y Género la ANM, Daniel Urrutia, “observamos que en el último período, se produjeron situaciones donde las críticas fueron muy destempladas, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, fueron criticas directas, presionando para cierto tipo de resolución”.
Urrutia agregó además que existe una situación de carácter estructural en el Poder Judicial que también atenta contra la independencia de los magistrados y que también será tratada en la CIDH.
“Al momento en que un juez resuelve algo, solo tiene que tener en vista la ley y el hecho. Pero no debiera pensar en cualquier caso si le van a abrir un proceso disciplinario o si lo van a castigar o premiar por la situación que lleve a cabo. Y eso se entiende como una intromisión indebida en el juez que está llamado a conocer del asunto”.
En esa línea, aseguró que junto a lo anterior, el sistema de evaluación a los magistrados, también atenta contra la independencia de los jueces, “ya que fallará pensando en que será sancionado, podría resolver de acuerdo al criterio de turno”.
“Por eso estimamos que esta situación debe discutirse y debatirse”, aclaró Urrutia.
Una vez terminada la exposición de las partes en Washington, la CIDH podría solicitar mayores antecedentes al sobre la situación denunciada y posteriormente hacer recomendaciones al Estado chileno.
Dientes con sangre
Los roces entre el Poder Judicial, y el gobierno de Piñera no fueron pocos. Uno de los más importantes tuvo lugar con la Corte Suprema, en el marco del rechazo a la Central Castilla en septiembre de 2012.
En la oportunidad la entonces ministra del Medio Ambiente María Benítez, indicó que los altos magistrados carecían de los conocimientos en la materia, criticando así el dictamen.
Los ministros se enchucharon y así respondieron: “En este contexto, el pleno de la Corte Suprema manifiesta su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora ministro del Medioambiente, que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la autonomía e independencia de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales … que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el estado de derecho”.
