Peñailillo inicia su gestión con dos temas críticos para Bachelet: reestructuración de la Onemi y reforma a ley antiterrorista

Hoy el titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, recibirá al ratificado director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Ricardo Toro. La cita, más que protocolar, persigue un fin claro: anunciar un fortalecimiento de la entidad a la cual se inyectará una cantidad relevante de recursos cuyo monto se conocerá esta jornada.

La decisión de dejar atrás la polémica por la eventual interpelación y los errores en las designaciones de autoridades poniendo el eje en esta institución no es casual. Desde el terremoto del 27/F uno de los temas que ha penado a la Presidenta Michelle Bachelet es el mal funcionamiento que tuvo la entidad esa jornada clave en especial por la falla en sus instrumentos y en los del Shoa.

Por lo mismo, y con la premura por la serie de temblores que han afectado al norte del país, se decidió un plan de reestructuración que, afirman fuentes de Interior, estará enfocado principalmente en fortalecer el Centro Sismológico Nacional que tiene operativos 80 de 110 sismógrafos y en el que aún restan por instalar 30 aparatos de alta tecnología que, según el plan original, deberían estar en funcionamiento de aquí a 2016.

La idea es acelerar esos plazos, contratar más personal y hacer que la organización sea más eficiente en caso de emergencia no sólo por el tema de los sismos, sino porque se prevé que este año será especialmente lluvioso lo que puede generar emergencias principalmente en la Región Metropolitana.

“Es relevante, como Gobierno, dotar de fondos y mejorar el funcionamiento de la Onemi y como en la práctica hay sólo dos años donde el Ejecutivo puede aplicar sin ruidos electorales su programa, hay que empezar a trabajar desde ya”, comentan estas fuentes.

No es el único frente que abordará el jefe de gabinete cuya objetivo es silenciar a través de un buen posicionamiento en su cartera los cuestionamientos de la Nueva Mayoría a su designación.

Otro tema clave que tratará durante este primer semestre es la reforma a la ley antiterrorista cuyo estudio se encuentra ya en curso y que será enviada al Congreso a principios del próximo semestre. El concepto, aseveran en La Moneda, es dejar de criminalizar las movilizaciones sociales, es decir, que no se pueda invocar, por ejemplo, en contra de convocantes a marchas que pueden derivar en actos violentos, pero, precisan, seguirá vigente para asuntos como quemas de camiones o casos como el los Luchsinger-Mackay que es, precisamente, en lo que se ha usado hasta ahora contra comuneros mapuches.

Ayer, y tras una reunión con el Intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, Peñailillo precisó que “la Ley Antiterrorista no está para resolver los problemas sociales de Chile, por lo tanto nosotros, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no la vamos a ocupar”.