La decisión del gobierno de la Presidenta Bachelet de poner brusco freno a la tramitación parlamentaria de tres proyectos en materia de educación superior (el de Superintendencia, de Acreditación y de Financiamiento), que habían sido presentados por la anterior administración, constituyen una señal coherente con el contenido de su programa y con las expectativas que la ciudadanía ha cifrado en los alcances de su gestión.

Por su carácter redistributivo, la educación en todos sus niveles, es la madre de todas las batallas en pro de una mayor igualdad en Chile. Es ella precisamente, la que puede poner en jaque la cristalizada estructura social del país, que asegura mucho a muy pocos, sobre la base de un sistema de segregación, que algunos se han atrevido a calificar como un verdadero apartheid educativo. Y es que hoy basta saber el apellido y el establecimiento educacional al que asiste un niño o niña de nueve años, para vaticinar a qué se dedicará en el futuro, cuando tenga treinta. Y ello no radica precisamente en una lógica meritocrática, sino en una serie de elementos censitarios y simbólicos que se transmiten y reproducen de generación en generación.

El Ministro vocero explicó con claridad las razones de la mencionada suspensión. Los proyectos de Ley contradicen los principios de la propuesta de la Presidenta; establecen estándares regulatorios insuficientes; y, están concebidos bajo la concepción de la educación como bien de consumo y no como derecho social.

En este último sentido, en materia educativa, nos enfrentamos pues a una disputa cultural de proporciones, en las que se enfrentan dos visiones contrapuestas, acerca de lo que debemos esperar del rol del Estado y de las políticas públicas. Uno de los paradigmas en conflicto, el conservador, apuesta por el mercado y la libertad de enseñanza. Por hacer cambios en la medida de lo posible, para que en verdad, todo siga igual. El otro, mucho más audaz e igualitario, apuesta por la responsabilidad pública en garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad.

Por eso la suspensión a los proyectos legislativos mencionados, era justa y necesaria. El gobierno requería frenar en seco las iniciativas pusilánimes y al mismo tiempo enviar una potente señal de su voluntad de transformación real en materia educativa. Pero no se trata tampoco de una actuación irreflexiva e impaciente.

Por el contrario, el gobierno debe aprovechar este tiempo para diseminar entre la ciudadanía esta nueva lógica, atípica después de tanta agua neoliberal que ha circulado bajo los puentes. Solidaridad, justicia e igualdad eran palabras que por obscenas, habían sido desterradas del argot de las políticas públicas chilenas. Hoy están de vuelta, pero se requiere cautela y prudencia en el desarrollo de una acción estratégica de persuasión, que permita construir los apoyos necesarios a esta “nueva” mirada. Apoyos que se transformen en una revalorización de lo estatal, en tanto espacio de consagración de la búsqueda del interés general. Y eso por cierto, va mucho más allá que responder a una mera falla de mercado.

(*) Tito Flores Cáceres es Doctor en Gobierno y Administración Pública. Académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.