Durante el último mes, el comerciante Andrés Figueroa y la jornalera Daniela Muñoz comparten la misma preocupación: los colegios donde estudiaban sus hijos se cerraron de un día para otro.

A pesar del abismo socioeconómico que los separa, ambos fueron afectados por la decisión unilateral de sostenedores educacionales que decidieron no seguir adelante con sus proyectos educativos. Figueroa por la venta del terreno donde se encuentran por 8 mil millones de pesos y Múñoz porque el establecimiento donde estudiaba su hija se hizo “insostenible” para uno de los municipios más pobres de la Región Metropolitana.

Es la realidad con la que se encontró hace un mes el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en su primera reunión protocolar -fuera de la sede del Colegio de Profesores- cuando aún no asumía como secretario de Estado. Situación que, con características distintas, que se repite desde los mejores barrio alto hasta los lugares de más escasos recursos.

Un engaño

El 6 de marzo pasado, el sacerdote Sebastián Navarrete, María Eugenia Gandarillas y Horacio Aránguiz firmaron la venta del terreno donde se ubica el Colegio Apoquindo en 16 millones de dólares, con una comisión por la venta de mil millones de pesos. Era el segundo día del año escolar 2014 y los controladores de la Fundación Educacional Apoquindo decidieron vender el establecimiento, en el ojo del huracán tras las acusaciones de abuso sexual por parte de dos auxiliares.

“El padre nos traicionó, nos mintió, nos logró reencantar durante enero y febrero para llegar con todos pagando matrícula, cuota de incorporación y haciendo colegio el primer día de clases, cuando eso ya estaba casi transferido. Lo único que faltaba eran detalles para la firma. De hecho, al día siguiente que entraron los niños a clases, esta venta se había firmado”, cuenta Figueroa, quien además de apoderado es pro tesorero del Centro de Padres.

En efecto, menos de dos meses antes, el padre Navarrete había enviado un comunicado a los apoderados, luego de que se cayera la compra por parte de Los Legiones de Cristo del colegio. En él contaba que a pesar del negocio frustrado, el proyecto seguiría. “Queremos dar claridad y tranquilidad a nuestra querida familia Apoquindana”, dice el comunicado.

Con esa información, la comunidad logró frenar la estampida de alumnos y lograron mantener una matrícula de 720 niños; niños que, hoy, están “obligados” a recalar en el Colegio Mayflower, tras el acuerdo al que llegaron los controladores de su colegio.

“El colegio venía mal, pero nunca como para cerrarlo. Podríamos haber comprado el colegio los papás, podríamos haber tenido un plan b, un plan c y no llegar de la noche a la mañana a que nos hayan vendido y obligado a irnos de ese proyecto que a nosotros nos gustaba”, señala.

Apoderado de tres niños “Apoquindanos” y dos ya egresados, Figueroa dice que los rumores de crisis financiera que habrían impulsado la venta, motivada por la baja matrícula tras el caso Apoquindo, no son tales.

“El colegio se sustentaba con 450 alumnos y en marzo tenía una matrícula de 720. El colegio pudo hacerse mixto -fusionar los colegios Apoquindo Masculino y Femenino- u optar a otros planes, pero lo último que nosotros esperábamos escuchar era que se acaba, se enajena. Lo conversamos en diciembre después de lo de los Legionarios y la última de las posibilidades era que el colegio dejara de existir. Nos mintieron al punto de que siempre se nos dijo que el colegio iba a continuar como fuera”, señala.

Entrar a alguno de los Colegios Apoquindo está reservado sólo para algunos. La cuota de incorporación ronda el millón y medio de pesos y la mensualidad se empina a los 370 mil pesos. En la Ficha de la Agencia de Calidad de la Educación, aparecen dentro del Grupo Socioeconómico del Establecimiento (CSE) Alto, que señala que la mayoría de los apoderados han declarado tener en promedio 16 o más años de escolaridad y un ingreso del hogar mayor al 1.300.000 pesos.

En el caso de Andrés, pagaba más o menos esa cantidad por la escolaridad de sus tres hijos. La cifra lo valía: los establecimientos contaban con un gran prestigio: Hasta el año pasado ambos establecimientos estaban en el ranking de los mejores 100 colegios de Chile.

“Lo que pagamos es una brutalidad. Ellos con esta decisión de marzo, de vender o cerrar el colegio, no pensaron tampoco en 2014 porque los profesores y auxiliares pueden perfectamente buscar otros rumbos, aunque tienen asegurado hasta diciembre de este año. Nunca pensamos que nos podría pasar algo así, sobre todo porque es un colegio que tiene tradición, gente que puede intervenir y teníamos papás para un plan que pudiera salvarlo. Pero este año es un desastre. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué pasa con los niños que no quieren seguir en el Mayflower? Fue un robo, una venta, un engaño, una mentira”, dice Figueroa.

En toma

A más de 25 kilómetros de los Colegios Apoquindo, Daniela Muñoz sigue firme en la toma de la Escuela Ciudad Santo Domingo de Guzman nº 377. Está ahí desde el 1 de enero pasado, cuando por “el correo de las brujas” se enteró de que el municipio pensaba cerrar el colegio este año.

“Los profesores fueron avisados en colegios que fueron cerrados antes y ellos nos contaron esa noche. Los otros colegios fueron desmantelados con camiones de la municipalidad, pero nosotros llegamos antes con los profesores, apoderados y nos tomamos el colegio. Al tiempo después empezaron a llegarle cartas a algunos apoderados avisando sobre el cierre de la escuela. Pero a muchos apoderados como yo no nos llegó nunca. A mí nunca me avisaron”, dice Muñoz.

Ubicado en la intersección de las avenidas Las Torres y J.J. Pérez, el impecable edificio de tres pisos cumple ya tres meses tomado. Según cuenta Muñoz, el municipio lo dio de baja por su mala infraestructura y por la baja matrícula: 200 niños de 600 máximo.

“Es un colegio nuevo, está impeque. Los tres pisos están buenos, tiene cancha de pasto sintético, patio techado. Está súper bien. Lo que pasa es que el colegio tiene nocturna, hasta las 10:30 de la noche, y el alcalde quería dejar solo la nocturna y lo el día fusionarlo con otro colegio, que es el República de Croacia. Pero los argumentos que tienen para cerrar la escuela, con excelencia académica, el mejor del 2013 en la comuna, no daban para cerrarlo. Yo creo que él como vio que estaba bueno, se obsesionó con el colegio y quiere hacerlo liceo y olvidarse de la básica”, señala Daniela.

Su hija Janis tiene déficit atencional. Contaba con un cupo de integración por esa razón, el que perdió con el cierre del colegio. Ya ha repetido dos veces tercero básico y Daniela teme que este 2014 lo haga por tercera vez. Por eso reclama y sigue luchando por revocar el cierre y volver a abrirlo a la comunidad.

Pero en la municipalidad no piensan lo mismo. De hecho, el “377” es uno de los 23 colegios que el alcalde Luis Plaza fue a “entregar” a fines del año pasado al Ministerio de Educación. El jefe comunal fue recibido por el entonces subsecretario de Educación, Fernando Rojas, a quien le entregó las llaves de los establecimientos diciendo que ya no se podía hacer cargo de ellos. Plaza se declaró aburrido de solucionar ese problema y señaló que la deuda municipal no le daba ni para pagar las cotizaciones.

A diferencia del Apoquindo, en el 377 se pagan 10 mil pesos de matrícula y nada más. Según los datos de la Agencia de la Calidad, la mayoría de los apoderados han declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un ingreso del hogar que varía entre $180.001 y $280.000. Entre un 60% y 78% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social. Daniela está en ese grupo: con su sueldo de jornalera en la construcción gana menos de lo que se paga por un niño en el Colegio Apoquindo.

“Tú pagas 10 mil pesos que es la matrícula y no pagas más. No es mucho, pero es harto lo que tú recibes a cambio porque la educación es buena, súper buena. Tiene excelencia académica, es autónomo y tiene integración que es lo que a mí me conviene. Yo cambié a mi hija de un particular subvencionado a uno municipal porque los primeros no tienen integración. La cambié para mejor y fue peor”, señala.

Ahora su hija está en otro colegio. Daniela dice que incluso entre los colegios de Cerro Navia a los ex alumnos del 377 les hacen bullying. “A algunos niños los amenazaban con cortarles el pelo y a otros incluso les decían que tenían que hacer el aseo porque venían de acá”, cuenta.

Por eso promete estar así hasta tener una respuesta del nuevo gobierno. “El alcalde no nos dice nada, ni siquiera da la cara. Por lo visto, no tiene intención de reabrirlo, aunque tampoco nos han desalojado. Hay uno colegio de acá que ya bajó la toma, pero nosotros no queremos rendirnos. Es la educación de nuestros hijos”.

Cerrar un colegio

Tanto para el Colegio Apoquindo, el 377 o cualquier otro establecimiento educacional en Chile la suerte está en manos de lo que resuelvan sus sostenedores. Ya sea un municipio o un cura-empresario, la ley los faculta para abrir o cerrar según estimen conveniente, aunque deben asegurar que sus alumnos no queden a la dervia.

Según Diego Sotomayor, Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de la Educación, dice que lo que se conoce como “cierre de colegios” se refiere habitualmente al trámite realizado por establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado (ROE) y subvencionados donde éstos renuncian a su ROE, y por ende también a la subvención, aludiendo como motivo que dejarán de funcionar y cerrarán.

En esos casos, dice Sotomayor, el establecimiento con ROE debe mantenerse en funcionamiento hasta que no le sea autorizado por el Mineduc el término de su ROE por la renuncia presentada. Sólo una vez autorizado, el establecimiento puede proceder a su cierre. No basta con la sola presentación de la petición, ya que nada asegura que ella será acogida. Por ello, para autorizar la renuncia al ROE, el Mineduc acreditará el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

“En primer lugar, la ley garantiza el derecho a la educación de los alumnos de los establecimientos educacionales con ROE, por lo que el cierre de uno de éstos no puede afectar dicho derecho”, señala la autoridad. Ese es el caso del Apoquindo unido al Mayflower y del 377 al República de Croacia, aunque a sus apoderados no les guste la idea.

Sin embargo, la ley señala que el cierre del establecimiento no debe afectar la continuidad de estudios de sus alumnos, desarrollando un plan de reubicación en otro(s) establecimiento(s), efectuado con la debida antelación que permita que sea realizable: antes del inicio de los períodos de matrícula de los establecimientos potencialmente elegibles por los alumnos.

Además, debe informarse y notificarse por escrito a los padres y apoderados antes de solicitar formalmente la renuncia del ROE del establecimiento. Formalmente, la solicitud debe ser ingresada dentro de los 2 últimos meses del año escolar anterior (noviembre y diciembre) y el sostenedor debe entregar las actas de la evaluación y promoción escolar de todos los alumnos y acreditar la entrega de la documentación escolar a los padres y apoderados.

“Sólo entonces la Secreduc, si se han cumplido éstos y los demás requisitos legales, podía autorizar la renuncia al ROE y el cierre del establecimiento”, explica Sotomayor. Sin embargo, en lo concreto las cosas operan de manera muy distinta, dicen los afectados.

Daniela dice que lo que ocurrió en el Colegio Apoquindo es lo mismo que le pasa a ella con el 377, que deberían juntarse y reclamar juntos ya que al final nadie está libre. Andrés, por su parte, afirma que hay una desprotección total en todo el sistema. “El sostenedor de un colegio en Cerro Navia o en Barnechea es exactamente lo mismo y puede maquinar una venta o un cierre. Por ahora, es una cuestión de intereses”, dice.