Opinión
7 de Abril de 2014Falsos exonerados: buscan a supuestos militantes del PC en España y Suecia que cobran pensión a través de un tercero
La carta rogatoria fue enviada por la magistrada Mireya López, para que las autoridades ibéricas interroguen en calidad de “inculpado” a Julio Vásquez Keller y Salvador Laura Zúñiga. Ambos viven en Madrid. En tanto Juan Eduardo Alfaro reside en Estocolmo. La jueza busca determinar cómo conocieron de los beneficios que otorgaría el Estado, si los testigos que usaron para acreditar su calidad de trabajadores del PC son verdaderos y cómo reciben el dinero, si es lo que lo reciben. De acuerdo a sus fichas como exonerados -que están incluidas en el exhorto al que accedió The Clinic Online- todos fueron funcionarios pagados del PC hasta el 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, la magistrada López encontró serias contradicciones.
Jorge Molina Sanhueza
La ministra en visita Mireya López, que investiga la existencia de falsos exonerados políticos, envió tres exhortos internacionales a Europa, con el fin de que sean interrogados tres supuestos militantes del Partido Comunista (PC) que cobran en Chile la pensión a través de un tercero.
Las cartas rogatorias -a las que accedió The Clinic Online– ingresaron el viernes pasado a la Corte Suprema, enviadas por la magistrada desde el 34º Juzgado de Crimen Santiago, donde se encuentra incoada la causa.
Dos de los documentos viajarán con destino a Madrid España. Allí las autoridades ibéricas deberían tomar testimonio en calidad de “inculpado” a Julio Vásquez Keller y Salvador Laura Zúñiga.
El segundo documento está destinado a Estocolmo, Suecia, donde reside Juan Eduardo Alfaro.
Todos, de acuerdo a la ficha que los acredita como exonerado político -y que van incluidas en el exhorto- señalan que pertenecieron a la estructura del Partido Comunista hasta el 11 de Septiembre de 1973.
La pensión -que en ninguno de los casos supera los 150 mil pesos- la reciben gracias a que tres testigos acreditaron su calidad de militante de la tienda, como también trabajador en alguna de las sedes del partido.
A través de la carta rogatoria, la magistrada busca saber si estos inculpados pueden acreditar que pertenecieron al PC, cómo se enteraron del beneficio que se otorga a los exonerados y si mandataron, vía un poder a un tercero para que el dinero fuera cobrado “por subrogación”.
La sospecha que alberga la magistrada es en algunos casos, la calidad de exonerado político fue acreditada con testigos falsos o bien con situaciones inventadas.
Contexto
El trabajo de esta ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó en mayo de 2013, luego que se conociera un informe de la Contraloría que estableció, que al menos 2.900 personas no contaban con todos los requisitos exigidos por la ley para acceder al beneficio.
Por esta razón, el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, interpuso una denuncia, iniciándose dos indagatorias paralelas.
La primera de ellas la sustancia la fiscal Centro Norte Ximena Chong por los delitos de falsificación y fraude con subvenciones. En enero pasado Chong encargó a la PDI que indagara a 71 personas bajo esta figura penal.
Una segunda indagatoria es la que lleva la ministra Mireya López, pero bajo las normas del antiguo sistema de persecución penal.
