El último legado de Piñera al mundo gay en la CIDH: matrimonio igualitario “no constituye un estándar internacional de DDHH”

En noviembre de 2013 la Cancillería envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento de 47 páginas. En él consta la respuesta del Estado ante la entidad, respecto de la demanda presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la CIDH, sobre la discriminación sufrida por tres parejas del mismo sexo que no pudieron casarse en Chile. Su contenido, hasta ahora, era desconocido.

Sin embargo, hace una semana la CIDH notificó y entregó una copia al Movilh y a sus abogados, el chileno Ciro Colombara y el estadounidense Hunter Carter, haciéndose por primera vez público el razonamiento del gobierno de Sebastián Piñera, documento al que accedió The Clinic Online.

Y pueden encontrarse algunas joyas: “La supuesta exigencia de hacer accesible la institución del matrimonio a parejas del mismo sexo no constituye un estándar internacional de derechos humanos”. A esto se suman otros de carácter formal como la incompetencia de la CIDH para resolver y que en Chile todo camina de maravilla respecto a los derechos de las minorías.

El Estado, en otro párrafo, negó “absolutamente la ocurrencia de cualquier acto vulneratorio de los derechos consagrados en la Convención Americana, por considerar que el matrimonio es por esencia entre un hombre y una mujer”. Este último argumento, en esta etapa de formalidades ante la CIDH no era necesario, ya que se trata de una materia de fondo, pero fue utilizado en su oportunidad por La Moneda para dejar sentada la postura. Y por cierto amarrar al nuevo gobierno con dicho planteamiento. Habrá que esperar entonces cuál será la posición de la administración Bachelet en la instancia internacional.

Europa, Europa, Europa

Contradictoriamente, la respuesta enviada por la Cancillería, aludió también a que las tres parejas no habían agotado los recursos judiciales en Chile, antes de recurrir a la CIDH que, junto al argumento de más arriba, son los pilares fundamentales para solicitar que el organismo rechace de plano la presentación del Movilh.

Y más. El Estado citó jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en cuanto a la facultad que tiene un gobierno democráticamente elegido para definir sus leyes. E indicó que si en Europa se consideraba algo así, “con mayor razón” debía hacerse “a nivel americano”.

“Los únicos países que han adoptado la nueva definición del matrimonio son Argentina, Uruguay y Canadá. De esta manera sólo existen tres… que han redefinido el matrimonio de un total de 36 que componen la región”, señala el texto que olvidó mencionar a distintos estados de EEUU donde este vínculo es legal hace varios años. Curiosa omisión.

Largo camino

El caso de discriminación -inédito ante la CIDH- está referido a los hechos vividos por tres parejas que conjuntamente llegaron Registro Civil, un 23 de septiembre de 2010.

César Peralta y Hans Arias, ambos chilenos y solteros querían casarse por primera vez. Fueron secundados por Víctor Arce y José Lillo, quienes se casaron en Argentina y Stephane Abran y José Monardes, en Canadá. Estos buscaban inscribir el vínculo en Chile.

La sola chance les fue negada a todos por igual, porque tanto el Código Civil como la Ley de Matrimonio Civil establecen que el vínculo sólo puede ser contraído por hombre y una mujer. Y punto.

Todos recorrieron un largo camino judicial a través de la presentación de un recurso de protección que fue analizado -primero- por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego por el Tribunal Constitucional (TC) y zanjado definitivamente por la Suprema el 4 de abril de 2012. El fallo fue claro: la ley que data de 1855 sigue vigente en Chile. Dos personas del mismo sexo no pueden casarse. Por eso acudieron a esta instancia del Sistema Interamericano buscando justicia, que notificó al Estado en junio de 2013 acogiendo el recurso por la negativa al matrimonio homosexual, hecho inédito en la historia de la CIDH, tal como lo reveló este diario.

Flor de vuelta

Consultado por The Clinic Online, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez estimó que la respuesta del Estado estuvo dentro de lo previsible, aunque deslizó una crítica: “El documento de respuesta del Estado chileno es un montón de formalidades. Hicieron muchas disquisiciones sobre la competencia de la CIDH, que la presentación está mal invocada y se dan un montón de vueltas para decir que no están de acuerdo. Era el tema central y se podría haber dicho en tres frases”.

En cuanto a si el matrimonio homosexual está dentro de los cánones de respeto a los DDHH -hecho que el Estado chileno negó en su respuesta- Jiménez fue taxativo: “nosotros tenemos una visión distinta”.

“Hay instrumentos de DDHH que hablan claramente del derecho a contraer matrimonio y a regular su relación de pareja y la regulación que tienen los estados modernos es a través de una ley de matrimonio. Y nuestra ley es discriminatoria porque no permite que parejas del mismo sexo puedan hacer uso de la legislación en ese plano”, añadió.

Jiménez se manifestó esperanzado en que el resultado ante la CIDH será el envío ante la Corte Interamericana de DDHH del reclamo del Movilh, hecho que abre el inicio del juicio en contra del Estado de Chile, instancia donde podría ser condenado.

“Por lo tanto entendemos que la acción ante la CIDH y la Corte Interamericana será favorable. Más aún después del fallo que condenó al Estado de Chile por el caso de Karen Atala. Y esto porque allí se establece la condición sexual e identidad de género como categorías protegidas por la Convención Americana. Por lo tanto no hay ninguna duda de que este caso tiene fundamentos para ser llevado a la corte”, insistió.

El presidente del Movilh aseguró que esperan que la Corte sancione al Estado y que en dicho castigo “ella se establezca que tiene que modificar la legislación interna de matrimonio para permitir el acceso de parejas del mismo sexo a una institución que no debiera estar vedada como lo está actualmente”. En todo caso, no descartó que podría, ahora que cambió el gobierno, allanarse a una solución amistosa.

“Podría ser que el gobierno chileno suscriba un documento ante la CIDH donde se comprometa en un plazo concreto con responsables concretos a enviar el proyecto de matrimonio igualitario al congreso nacional”, sentenció.

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