Primera crisis de Bachelet por conflicto mapuche: No hay acuerdo y detenidos de Angol amenazan con radicalizar huelga de hambre de 31 días

No más de treinta minutos duró la reunión que ayer debía dar término a la huelga de hambre de detenidos mapuche de la cárcel de Angol. Lo veloz de la cita no se explica por la rapidez de un acuerdo con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sino por la pronta imposición de las desconfianzas mutuas que marcan el desarrollo de la primera crisis por el conflicto mapuche que enfrenta la administración de Michelle Bachelet.

A las diez de la mañana de ayer, Gómez se entrevistó con los representantes de José, Luis, Cristián y Leonardo, los detenidos mapuche en la cárcel de Angol que hoy cumplen 31 días sin alimentarse. Los reos estaban dispuestos a deponer la medida de presión si se cumplía con un petitorio que, según los voceros de los familiares de los cuatro jóvenes, era alcanzable: indulto por razones humanitarias a José Marinao Llanca Tori, quien sufriría de una cirrosis hepática; traslado de Luis Marileo, Cristián Levinao Melinao y Leornardo Quijón Pereira a un Centro de Estudio y Trabajo. También se pedía la revisión de sus procesos judiciales: el homicidio de Héctor Gallardo Alliapán en el caso de Luis y Leonardo; robo con intimidación en el de Cristián y por la quema de una camioneta en el caso de José Mariano.

Pero luego del encuentro no hubo acuerdo y los dirigentes indígenas se manifestaron frente a La Moneda.

Una de las voceras, Carola Marileo afirmó que el Ministro habría respondido con generalidades: “Dijeron que van a iniciar una comisión para revisar los casos anteriores, pero no dieron plazos ni tiempos. Ni siquiera ellos saben cuándo va a formarse esa comisión. Dijeron en un plazo corto, pero ¿cuánto es eso? No sabemos”. Fuentes del Ministerio aseguran lo contrario: que se ofreció realizar todo a la brevedad posible y que la revisión de causas no es posible en el Estado de derecho, ya que esta no es una atribución del poder Ejecutivo, pero que efectivamente se formaría una comisión para revisar las normas asociadas a la Ley Antiterrorista.

Sobre el traslado al Centro de Estudio y Trabajo (CET), Marileo argumenta que la opción que entregaron fue mover a los detenidos a la cárcel de Collipulli. El Ministro Gómez, en cambio, recalca que el CET de Angol, hacia donde pedían ser trasladados, es un centro abierto y sin medidas de seguridad, mientras que en Collipulli hay uno cerrado en el que pueden acceder a “visitas en mejores condiciones, donde pueden trabajar y realizar sus actividades”.

En el caso del indulto humanitario, Gómez asevera  que la actitud de los representantes fue intransigente en el sentido de que pidieron firmarlo en la misma reunión. Para los familiares de los huelguistas, en cambio, la instancia estaría justificada ya que el médico Nelson Reyes ya ha acreditado la enfermedad terminal de José Mariano Llanca Tori, por lo que acusan que no es aceptable que “no se tome en cuenta el informe médico que dice que José tiene cirrosis hepática”.

En lo concreto, los detenidos ya han perdido unos 15 kilos en promedio, decidieron mantener la huelga y no descartan radicalizar la protesta dejando de recibir líquidos: “Aquí no hay un límite, sino que la huelga continúa hasta las últimas consecuencias. Lo manifestaron los peñis cuando asumieron esta huelga. Por lo que nos dijo el médico particular que está evaluando la situación de ellos, en diez, quince días los peñis ya no estarían en condiciones para estar firmes en su salud. Pero el estado mental, sigue permanente y la huelga sigue de todas maneras. De hecho se está pensando en la posibilidad de que el peñi José Mariano se sume a la huelga”, señaló a The Clinic Online uno de los voceros, Fredy Marileo, primo de uno de los detenidos.
El portavoz también se refirió a la nueva actitud de diálogo y apertura del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y sostuvo que en la práctica eso no se ha visto porque “siguen las mismas políticas que implementó el gobierno anterior de Michelle Bachelet como lo hizo asesinando a Matías Catrileo. Hoy día claramente sigue la misma política, no hay un cambio. Se siguen aplicando las mismas leyes. Como Gobierno no hay una voluntad de diálogo”.

Defendiendo nuevamente la total inocencia de los cuatro detenidos, Fredy Marileo declaró que los cuatro detenidos han sufrido persecución incluso desde niños y que con su arresto ” lograron su objetivo de criminalizar a los peñis y a la causa mapuche”.

Además se refirió a las demandas históricas de la recuperación de tierras por parte de su pueblo y argumentó que  “la política de Piñera era más que nada de proteger el capitalismo. Hoy día por lo menos Bachelet trata de no visibilizar eso, pero en su política lo sigue aplicando, de todas maneras. Nosotros como pueblo estamos claros de que nunca un gobierno va a querer reconocernos porque el capitalismo está por sobre todas las cosas”.

 

Sobre el nombramiento del Intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien en marzo de este año pidió perdón al pueblo mapuche a nombre del Estado a través de una carta pública, el dirigente recalcó que prima la desconfianza y que “esto es totalmente un tema estratégico de que él haya sido elegido como Intendente. Pero el supuesto diálogo va a fracasar, porque no han tenido la disposición de solucionar ninguna de las peticiones, especialmente de la huelga, la recuperación de tierra de las comunidades, no hay ningún avance en ese sentido”.

Pese a la reticencia y a las dudas, desde Justicia aseguran que existe  “la disposición de continuar con el diálogo que permita solucionar la huelga, que es lo importante”, pero dado lo difícil del escenario, Gómez ha optado por blindar a Bachelet. “Esto no es un tema de la Presidenta, el Ministro de Justicia y quien revisa los antecedentes soy yo. El responsable de esto soy yo”, declaró en el noticiero central de TVN.