El Gobierno boliviano descartó hoy la modificación unilateral de la Ley de Imprenta que protege el secreto de las fuentes informativas y que esta semana saltó a la actualidad al denunciar la Procuraduría del Estado a un diario por supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos.

En un desayuno con la prensa con motivo del Día del Periodista, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, afirmó que el Ejecutivo “no va a tomar una iniciativa unilateral” sobre ese asunto, al ser preguntado sobre una posible modificación de la Ley de Imprenta, reclamada desde algunas instancias oficiales.

La denuncia que ha motivado este debate fue presentada esta semana por la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la directora del diario La Razón por la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Un juez ordenó el viernes la reserva en la investigación de la denuncia presentada por el procurador general del Estado, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que iniciara una acción penal “por delitos de orden público” contra los citados periodistas.

Arce solicitó al Ministerio Público que un juez “competente” levantara el “secreto de fuente” por el reportaje titulado “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales'”, y que fue publicado el 13 de abril pasado.

García Linera sostuvo este sábado hoy que cualquier modificación de la Ley de Imprenta “tiene que salir de un debate de los periodistas” y aseguró que el Ejecutivo canalizará la decisión que tome el gremio.

“Personalmente creo que hay que actualizarla, (la Ley de Imprenta) tiene cien años”, opinó el vicepresidente, quien mencionó el surgimiento de otros tipos de periodismo, como el digital.

Añadió que “en ningún momento la intención del Gobierno ha sido la de sancionar a un medio” de comunicación, sino “saber qué funcionario público” es responsable de la filtración, “para que no vuelva a repetirse un tema de seguridad de Estado”.

“Vamos a acatar la decisión del juez”, enfatizó el vicepresidente boliviano.

La nota que provocó la denuncia narra detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la CIJ de La Haya para pedir un fallo que ordene a este país vecino negociar la demanda de una salida boliviana al mar.

La defensa de los periodistas denunciados pidió la declinación de la competencia del fiscal y del juez porque la denuncia debió tramitarse en función de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925.

Sin embargo, un juez ha ordenado que ese secreto sea levantado y que el periodista que escribió el reportaje revele en el plazo de tres días los nombres de quienes dieron a conocer la supuesta información reservada.

La Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a varios medios impresos, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos criticaron la denuncia de la Procuraduría y alertaron sobre el riesgo de que afecte a la libertad de expresión. EFE