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Nacional

13 de Mayo de 2014

El drama de la familia Valdebenito

Uno de los juicios más largos de la historia judicial chilena terminó sin responsables penales, en lo que se reconoce como la mayor tragedia carcelaria del país. La familia Valdebenito Martínez tuvo a dos hijos presos en la cárcel de San Miguel, uno murió en el incendio y el otro quedó con graves secuelas sicológicas que hoy lo tienen sumido en las drogas. Además, en el curso de la investigación fueron estafados por un abogado y no lograron lo que buscaban con ansias: justicia.

Rodrigo Alvarado
Rodrigo Alvarado
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El día 8 de diciembre de 2010, Carlos Valdebenito y su esposa Manuela Martínez, llegaron a la Cárcel de San Miguel alertados por las noticias de un incendio. Dos de sus hijos estaban dentro. Julián (26) murió, Carlos (18) no, pero escuchó desesperado cómo los gritos de auxilio se apagaban con el correr de los minutos y los gendarmes no hacían nada por salvarlos.

El testimonio de Carlos hijo, quien sobrevivió por estar en la Torre 4 y no en la 5, nunca fue tomado en consideración durante la investigación. Con cientos de testimonios no fue necesario. Luego de casi nueve meses, la Fiscalía Metropolitana Sur reunió más de 4 mil evidencias para acreditar la existencia de los cuasidelitos reiterados de homicidio y lesiones en contra de los 8 gendarmes acusados. El optimismo dio hasta para una foto del fiscal con los familiares de las 81 víctimas del incendio.

Pero el miércoles de la semana pasada, poco antes de la lectura del fallo, don Carlos tenía un mal presentimiento, igual que la mayoría de los familiares apostados afuera del Centro de Justicia. Nunca había ido, pero acompañó a su señora. La familia Valdebenito Martínez hubiese querido que todos los gendarmes fueran condenados, pero en honor a la verdad, aspiraban a que por los menos dos de ellos quedaran presos.

-Es lo que nos dijo una persona de la Fiscalía. Los fiscales llegaron, nos explicaron que tenían la esperanza de un fallo favorable. Teníamos el 99% de salir ganadores- recuerda don Carlos que le dijeron.

Ambos padres pertenecen a una iglesia Pentecostal. Hicieron una oración y escucharon el fallo en vivo a través de un televisor. Sentados en una banca del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se enteraron de la absolución de los ocho acusados. En ese momento un centenar de familiares arrinconaron a 30 gendarmes, especialmente dispuestos detrás de las mamparas del Centro de Justicia. Quebraron tres ventanales y si no es por Carabineros, la cosa pasa a mayores.

Don Carlos no entró, pero se le perdió su señora. La encontró en el suelo, llorando. “Fue la gran mentira del siglo, por eso entiendo a los familiares que usaron la violencia. Fue un show muy preparado por el Estado. Teníamos muchas pruebas contundentes, testimonios de los sobrevivientes, pero los fiscales no supieron ordenar el naipe”, dice con pena y rabia. Eso es lo que dice que siente y se disculpa porque es cristiano.

Pichangueros
Carlos Valdebenito pertenece hace 24 años a la Iglesia Pentecostal de la población San Rafael, un lugar lleno de pasajes que se encuentra frente a un basural en el paradero 35 de Santa Rosa y que se ubica en las inmediaciones de la población El Castillo. Baterista desde los 17 años dice que después del Golpe y los toques de queda se echó a perder su situación. “Dejé la música, iba a terminar como músico de restorán por un copete y un pollo frito. Dejé todo hasta que un músico amigo me llevó a la iglesia”, cuenta. Entró como baterista.

Un año después de la tragedia en que perdió a su hijo, iba a la iglesia a puro llorar, no se concentraba, no podía tocar. Hoy recuerda que el día antes del incendio cantó una alabanza a Dios en agradecimiento por la conducta y salud de su hijo. “Los propósitos de Dios tienen signo de interrogación”, afirma. Desde entonces canta la misma alabanza en su iglesia, los 8 de cada mes. “Me duele mucho y la canto con mucha emoción”, cuenta con resignación.

La familia Valdebenito Martínez vive hace 30 años en el mismo lugar. Dentro de su población la iglesia es uno de los pocos refugios contra el tráfico y la delincuencia. Cuenta que antes tenían una liga de fútbol bien competitiva, pero que lo único que hay hoy son drogas y choros.

Su hijo Julián era mecánico, pero tomó el mal camino. Fue detenido en 2004 por un asalto. “Fue mal condenado”, asegura don Carlos, “un paco corrupto fue a cobrar su botín, le dieron un balazo en la pierna. Los pillaron en el 28 de Santa Rosa, les preguntaron si eran de la San Rafael y les dijeron ‘ustedes van a pagar”, agrega.
A Julián lo recuerdan como un niño normal, callado, estudioso y dedicado 100 % al fútbol. Postuló a Colo Colo, pero luego quedó en Unión Española y finalmente en Audax Italiano. Allí estuvo desde los 15 a los 17 años. En la liga Santa Rosa Sur fue varias veces seleccionado. Jugaba de volante creativo.

-Hasta el día en que lo metieron preso no sospeché nada. Me costó mucho poner los pies en la tierra, llegó mucha gente extrañada a mi casa preguntándome cómo ocurrió. Hablamos y nos dijo que no consumía drogas, que quería ayudarnos porque yo ganaba muy poco. Quería que saliéramos de aquí. De hecho adentro demostró una conducta intachable. Nunca tuvo un castigo, en los seis años- cuenta don Carlos.

Julián recibió una condena de diez años y ahora estaría saliendo en libertad. En los seis años que estuvo preso nunca dejaron de visitarlo. Luego cayó su hijo menor, Carlos, por un asalto también. Primero estuvo en Santiago 2 y luego pasó a la cárcel de San Miguel, donde estaba su hermano mayor.

Carlos también era tímido y jugaba fútbol. Estuvo en las inferiores de Coquimbo Unido. Fue seleccionado infantil en Santa Rosa Sur, con el número 10 en la espalda. “Lamentablemente, lo que pasó con su hermano lo desvió”, explica su padre. Sin embargo, el mayor cambio llegó con la muerte de su hermano mayor. Al otro día del incendio a Carlos le tocaba salir libre, así que se fue a despedir de su hermano. “Le habían dado cuatro años efectivos pero, por el estado en que estaba nuestra familia, le dieron cinco de libertad vigilada. Salió el día 9 de diciembre, pero quedó choqueado. Ahí se puso a consumir”, cuenta su padre. Luego agrega: “¿Cómo dos muchachos estudiosos y juguito de pelota terminan tras las rejas? Todavía me pregunto por qué, el medio es muy malo y cuando hay cajones con manzanas podridas… me arrepiento de no haberme ido de aquí. Sería todo diferente, pero es lo que fue nomás”.

Carlos, asegura su padre, nunca más se pudo recuperar luego de escuchar los gritos desesperados de los reclusos de la Torre 5, entre ellos, su hermano. “También escuchó durante el incendio cuando los gendarmes se reían, decían ‘que se mueran todos estos conchesumares’ y se agarraban los genitales. Todavía sufre por eso. Eso lo confirmaron otros internos, como el papá de un amigo de mi hijo que también estaba preso. Pero en estos cuatro años el Estado gastó plata en demostrar lo contrario”, sostiene.

Fe sin justicia
El equipo de la Fiscalía Sur, liderado por el fiscal regional Raúl Guzmán, junto al fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames y el fiscal adjunto Víctor Núñez presentaron 154 testigos, 59 pruebas materiales, 272 pruebas documentales, 63 peritos –Servicio Médico Legal, Laboratorio de Criminalística de la PDI, peritos de la Universidad de Santiago y expertos de Bomberos-, 24 informes de ADN, 3.331 fotografías, 92 láminas referenciales, 257 secuencias fijas y 25 CD y DVD con información. La tesis esgrimida fue que “existió una negligencia en el actuar, para advertir y tomar las medidas necesarias frente a evidentes hechos que estaban ocurriendo dentro del piso 4 de la torre 5 del penal, como el consumo de alcohol, el desarrollo de una riña y posteriormente el uso de elementos inflamables que provocaron el incendio”.

Sin embargo, el pasado miércoles la resolución leída por el magistrado José Manuel Rodríguez, presidente del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, criticó seriamente la investigación de la Fiscalía e hizo hincapié en la precariedad de las medidas y elementos preventivos con que contaba Gendarmería, como también el hacinamiento que tenía el recinto penal en ese momento.

La familia Valdebenito ya no cree en la justicia chilena. “Son pruebas contundentes, el hecho de que dos internos hayan llamado a los bomberos, que después los gendarmes les negaron la entrada y de la calle Ureta Cox les tiraron agua a los chiquillos, mientras gritaban ‘auxilio, nos estamos quemando’”, argumenta don Carlos. “Y lo que dijo el juez es un descarte. Los gendarmes venden celulares adentro, meten el alcohol, los coimean. Eso no es responsabilidad directa del Estado”, agrega.

Ni siquiera cree en sus abogados. Durante el juicio a su hijo tuvo que ir a exigirle a los que contrató que le devolvieran la plata porque no habían hecho nada. “En este juicio cuando contratamos a los abogados nos dijeron ‘el caso está ganado sí o sí’, ahora ni los veo, si los he visto tres veces es mucho. Pero no me sorprende”, precisa.

El descreimiento es la sensación que ronda en los familiares de los muertos en el incendio. César Pizarro, hermano de Jorge Manríquez Pizarro, también fallecido en la Torre 5, y presidente de la organización “81 Razones” tampoco entiende por qué los gendarmes no fueron encontrados culpables. Aunque tampoco le sorprende.
-El abogado de otra familia, Aldo Duque, me dijo que no iba a haber responsables, que el camino era la demanda civil al Estado. Dicho y hecho. Las pruebas eran contundentes, los gendarmes no abrieron las puertas, otro estaba ‘curao’ en la garita, pero la defensa logró imponer que los gendarmes no tenían las herramientas. Todos dicen que el Estado es responsable. Lo maquiavélico es que van a tapar con plata una negligencia que demuestra que Gendarmería no se preocupa de sus presos, que los deja morir”, asegura Pizarro.

Tras el fallo, los pasos a seguir se están definiendo entre los abogados de las diferentes familias y la Fiscalía. Están barajando presentar un recurso de nulidad en los 10 días que siguen al 3 de junio, fecha en que se dará la lectura de sentencia. “En caso de que no resulte”, dice César Pizarro, “evaluaremos recurrir a instancias internacionales de justicia. Además, tenemos hasta el 8 de diciembre para demandar civilmente al Estado”. En la casa de los Valdebenito Martínez, sin embargo, creen que nada va a cambiar. Manuela cuenta que su hijo Carlos, ya en libertad, dejó de hablar por mucho tiempo y que se metió en la droga otra vez. Su marido piensa que para los pobres no existe la justicia: “Ahí está el hijo de Carlos Larraín, mató, arrancó, y tapan todo con plata. Si hubiese sido al revés, estaría condenado el campesino. En Chile todo te dice que la justicia no es para los pobres”.

“Ha sido muy penoso”, agrega Carlos, “a mi hija de nueve años la hemos encontrado con fotos de Julián en su pieza llorando y le encontramos un papel donde escribió ‘8 de diciembre, los pacos mataron a mi hermano’. No es algo que le hayamos dicho, está tomando razón de la injusticia”.

Para la familia Valdebenito Martínez no ha habido justicia. Pero les sobra fe. A pesar de haber perdido un hijo en el incendio y tener a otro metido en la droga, aún tienen esperanzas de que su hija no se contamine con el entorno en que vivieron sus hermanos mayores. Menos que tenga que enfrentar algún día una justicia que para ellos no existe.

-Queremos irnos por lo menos para salvarla a ella, está expuesta a enamorarse de cualquier cabro que después puede ser traficante. Estamos colapsados con todo esto, por eso le pedimos al Señor que nos ayude aunque sea a conseguir un sitio pelado donde irnos- remata el padre.

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