Colaboradores indígenas de la Defensoría Penal grabaron cápsulas sobre derechos del detenido en lenguas originarias

“Es una linda instancia para la labor que desarrollamos, para poder reforzar el trabajo que llevamos a cabo con nuestros usuarios pu peñi (hermanos) y pu lamgen (hermanas)”, explica Horacio Cheuquelaf, facilitador intercultural de la Defensoría Penal Mapuche de La Araucanía.

Junto a él, los demás facilitadoras interculturales de la Defensoría Penal Pública -que trabajan con imputados indígenas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Biobío y La Araucanía- se reunieron la semana pasada en Santiago, para participar en el cuarto taller orientado específicamente a estos colaboradores institucionales y que fue organizado por la Unidad de Defensa Penal Juvenil y Especializadas (UDPJE) de la DPP.

El objetivo del encuentro -que convocó durante tres días a Inés Flores Huanca (Arica y Parinacota), Andrea Mamani (Tarapacá), Marioli Lique (Antofagasta), Angela Morales (Biobío), además de Blanca Caniulen y Horacio Cheuquelaf (La Araucanía)- fue entregarles una serie de herramientas y criterios comparativos para mantener el alto nivel de calidad que muestra la prestación de defensa penal pública a imputados pertenecientes a pueblos originarios.

Para ello, relatores internos y externos expusieron temas como los aspectos principales de los peritajes antropológicos, contenidos centrales de la Ley N° 20.603 de penas sustitutivas y elementos esenciales del pluralismo jurídico, entre otros temas.

“El trabajo de los facilitadores resulta vital para la defensa, pues su actividad es tan amplia, que abarca desde la traducción de conceptos jurídicos, hasta la explicación de costumbres, tradiciones y cultura, en general. Gracias a esta ayuda, el defensor público logra una mejor comprensión respecto de la persona que defiende y entiende que ciertas actuaciones obedecen a un comportamiento habitual de una cultura particular, diferente a la nuestra”, explica Pablo Aranda, abogado de la UDPJE.

SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS
Como parte del taller y por primera vez, los facilitadores abordaron la tarea de sistematizar sus experiencias previas, incorporando en el análisis las diferentes áreas y tipos de actuaciones en que deben intervenir, con todo lo cual se elaborará un informe final.

En ese contexto, también debieron entregar su opinión experta sobre el modelo de defensa penal indígena vigente en la Defensoría, con la finalidad de introducirle mejoras y cambios importantes.

“Hemos podido analizar el trabajo que hacemos, reforzar la labor que llevamos a cabo en terreno con las comunidades, el trabajo con los defensores, con los tribunales e, inclusive, el trabajo que a veces desarrollamos con las víctimas. También conocer la experiencia de nuestras colegas en el norte, que son variadas, porque muchas veces el contexto es diferente. Además, hemos incorporado elementos que, a partir del reconocimiento oficial del Convenio 169 se han hecho más potentes. Los días se nos han hecho cortitos”, asegura Cheuquelaf.

“El trabajo que estamos haciendo con los facilitadores, reuniéndolos de manera sistemática, permite entregarles nuevas herramientas teóricas para hacer mejor su trabajo. También contempla instancias en que ellos pueden conversar y compartir experiencias. Esta instancia de encuentro sólo para ellos es fundamental para la institución”, agrega el Defensor Nacional, Georgy Schubert.

CÁPSULAS RADIALES
Como parte de las actividades desarrolladas por el grupo y gracias a un convenio entre la Defensoría y la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), todos los facilitadores pudieron grabar un total de diez cápsulas radiales en los estudios de la entidad gremial, con mensajes de difusión de derechos en lenguas mapudungün, aymara y chezungün, respectivamente, además de un saludo en kunza, ya desaparecida como lengua originaria viva.

El objetivo de la iniciativa es que tales mensajes sean difundidos a través de radios regionales adscritas a la Archi, para que las personas indígenas que viven en lugares recónditos, rurales, aislados o en pequeñas comunidades, puedan comprender y conocer la labor de la institución, además de informarles sus principales derechos en caso de ser imputados de alguna falta o delito.

Según el Defensor Nacional, la idea de fondo es lograr un contacto cada vez más cercano con las distintas comunidades indígenas del país, gracias a que “las competencias institucionales en la especialización del trabajo con los pueblos originarios son cada vez mayores. Este trabajo de acercarnos a las comunidades a través de las radios es parte de ese proceso de acercamiento, de establecer puentes, de hacernos una institución conocida y cercana a ellos, en el sentido de que cada vez que deban enfrentar un proceso penal van a tener un acompañamiento de la Defensoría”.

“Ésta es una experiencia bastante positiva para mi comunidad, que es la población aymara de Arica, a la cual le va a llegar un material pertinente, que considera la lengua aymara y eso la gente lo valora y agradece, porque es un reconocimiento. Que la Defensoría tenga esta iniciativa ha ayudado a que otros servicios públicos repliquen la idea. El hecho de que estemos reapropiando y resignificando la lengua aymara hace que veamos a Arica como lo que realmente es, una ciudad multicultural”, aclara Inés Flores Huanca, facilitadora intercultural de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO
Consultado sobre la importancia particular de este modelo de defensa especializada, el Defensor Nacional resalta que más allá de la vocación y cariño con que se desarrolla este trabajo en la DPP, “esto no es más que cumplir una obligación del Estado de acercarse a los grupos más vulnerables y a nuestros pueblos originarios, por compromiso expreso del Convenio 169. Como Defensoría somos pioneros y estamos a la vanguardia en la forma en que el Estado debe ir cumpliendo estas obligaciones. Fuimos los primeros en incorporar la figura del facilitador intercultural y esperamos que pronto sea parte permanente de lo que se hace en todos los tribunales, no sólo en materia de justicia criminal, sino que también en familia, policía local, laboral y civil, lo mismo en el Ministerio Público y otros organismos de justicia”, asegura.

Quizás por lo mismo, Horacio Cheuquelaf considera que la grabación de las cápsulas radiales “es algo innovativo”, porque permite “ampliar la forma de dar a conocer los derechos que la gente tiene y que muchas veces no los comprende en huincazungün (castellano). Sin duda, tras el reconocimiento del Convenio 169 se va ampliando y valorando más el respeto de estos criterios por los tribunales, especialmente en los jueces jóvenes, que están más receptivos a poder escuchar y entender que algunos delitos pueden tener salidas conforme a cómo se trata dentro de las comunidades, a como se trataba tradicionalmente en el mundo mapuche”.