El Mercurio hace pebre proyecto de “administrador provisional” en su página editorial

Una dura crítica al proyecto de “administrador provisional” presentado por el gobierno realizó hoy el diario El Mercurio en su página editorial.

El diario de la familia Edwards parte criticando la aprobación en general del del proyecto en Comisión de Educación del Senado “pese a que se han planteado diversas dudas respecto de la oportunidad, calidad y constitucionalidad del mismo”.

Otra crítica que desliza el llamado “decano”, es que uno de los puntos del proyecto, que involucra la pérdida de reconocimiento oficial de un plantel de educación superior oblihando a su cierre, “no resguarda apropiadamente el interés del Estado, ya que su involucramiento podría acarrear, en la práctica, una serie de obligaciones financieras”, poniendo como ejemplo el caso de la Universidad del Mar.

En el caso del nombramiento de un administración provisional cuando el Mineduc tiene antecedentes de que una institución tiene problemas de viabilidad también hay críticas. El Mercurio asegura que “el propio ministro ha reconocido que su repartición tiene escasas atribuciones de investigación, y este proyecto, a la espera del de superintendencia, no avanza en este ámbito. La decisión de nombrar un administrador, por tanto, terminará siendo muy discrecional, aunque el requisito de ratificación por el Consejo Nacional de Educación podría quizá desalentar acciones escasamente fundadas”.

La última crítica va al tema de las causas que determinan el nombramiento de administrador provisional. La editorial dice que “la interacción de las disposiciones contenidas en este proyecto -particularmente en su artículo 29- con el que pone fin al lucro abre un gran espacio para que la autoridad disponga arbitrariamente de los bienes de los sostenedores actuales por períodos prolongados, sin compensación. Hay aquí una amenaza potencial al derecho de propiedad que debe corregirse. También existe esa amenaza en el artículo 24 del proyecto, referido a las instituciones de educación superior, pues los bienes esenciales quedan afectos a la continuidad de la prestación educacional, tanto en caso de cierre como de administración provisional, incluso si se trata de un prestador distinto y no relacionado con la organización que provee el servicio educacional”.

Finalmente, El Mercurio sentencia que “hay otras potenciales violaciones a garantías constitucionales, como el derecho a debido proceso y a la autonomía, que motivan opiniones divididas de los expertos, pero la amenaza al derecho de propiedad parece suscitar más acuerdos. En cualquier caso, las deficiencias del proyecto son muchas, y es de esperar que esta iniciativa sea mejorada sustancialmente en la discusión en particular”.