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La Contraloría ordenó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que tramite “a la brevedad” -en un plazo no mayor a 15 días- las peticiones de Hidroaysén para constituir derechos de aprovechamiento de aguas en los ríos Baker y Pascua, precisamente donde la empresa pretende instalar el proyecto.

De acuerdo al dictamen que publica The Clinic Online, la solicitud formulada por la firma a la Dirección General de Aguas (DGA), obra desde 2007 en manos de la autoridad. Por ello, señala el pronunciamiento del organismo fiscalizador, “corresponde que… adopte las medidas destinadas a que se realicen a la brevedad las actuaciones tendientes a dar curso progresivo a los aludidos expedientes, con la finalidad de resolver conforme a derecho las solicitudes del recurrente”.

La decisión de la entidad revisora se produjo por el reclamo incoado por Camilo Charme Ackermann en representación de Centrales Hidroeléctricas de Aysén.

Pues bien, la respuesta del MOP fue que en 2011, bajo la administración Piñera, se dictó una resolución en la sede regional de Coyhaique, mediante la que se constituyeron derechos de agua para Hidroaysén, pero que en agosto del mismo año fue representada por la Contraloría, debido a que no se aplicaron correctamente los criterios técnicos.

En esa línea, el MOP explicó que luego de la aprobación de los reglamentos del MOP y el Ministerio del Medioambiente -ambos de 2012- “ha debido proceder al reestudio de todas las solicitudes pendientes a nivel nacional, lo que, unido a la disponibilidad de recursos materiales y humanos existentes en la mencionada dirección regional, ha dilatado la resolución”.

Para la entidad de control, el argumento ministerial no fue suficiente, atendido a que las autoridades que conforman la administración central del Estado, deben actuar con diligencia frente a las peticiones, independiente de las decisiones que adopten.

Hay que recordar que el 10 de junio pasado al Comité de Ministros, encabezado por el titular de Medioambiente, Pablo Badenier, rechazó el proyecto en cuestión, invalidando la decisión adoptada por la misma instancia en enero de este año, es decir, antes que asumiera la actual administración.

Presiones

Para el abogado de la ONG Patagonia Sin Represas, Marcelo Castillo, la decisión de la entidad de control, se instala como una “presión excesiva e indebida” sobre la DGA.

“Por el tenor del dictamen de Contraloría crea una especie de presión excesiva e indebida sobre la DGA para que se pronuncie sobre los derechos de agua para Hidroaysén. Y esto porque en general los plazos que se establecen en las leyes orgánicas de los servicios, cuando no son fatales, la ley no establece sanción para su incumplimiento”.

– ¿Cómo se instala entonces este dictamen en el contexto del rechazo que decretó recientemente el Comité de Ministros?

– Sucede que el estudio de impacto ambiental que presentó Hidroaysén el año 2008 para construir las cinco represas en los ríos Backer y Pascua, necesita estos derechos de agua, porque hasta el día de hoy no los tiene. Por lo tanto, si la DGA les niega estos derechos, este proyecto jamás se podrá hacer, aunque le aprobaran el estudio de impacto ambiental. Esta es la importancia estratégica que tienen estos derechos de agua. Entonces si los aprueban, la DGA le estaría dando oxígeno para que siga vivo Hidroaysén, ya que pueden presentar otro estudio de impacto ambiental en otro tiempo, en otro lugar o circunstancia.

Castillo indicó que evalúan presentar una reconsideración del dictamen, aunque estimó que podría resultar inoficioso, porque como ONG no son parte de la solicitud formulada por Hidroaysén. Sin embargo, aseveró que si la DGA aprueba los derechos mencionados recurrirán a los tribunales, con el fin de revocar la determinación.

Fuentes de la empresa indicaron a este diario que el dictamen de la Contraloría es “relevante” para sus intereses futuros en el proyecto, ya que se trata precisamente del elemento que hará funcionar las represas y producir electricidad.

En esa línea indicaron que independiente del rechazo del Comité de Ministros, “es importante recordar que aún existe la apelación ante el tribunal ambiental correspondiente.

Lea el dictamen completo