gendarmería

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Indignación por la insensibilidad. Frustración por la obstinación. La historia de Juan Montupin genera esos sentimientos y más.

¿Qué otra cosa podríamos decir si nos enteramos que una persona moribunda, se apaga día a día encadenado a una cama hasta dejar de existir? Preso por haber cometido un robo con intimidación y enfermo de VIH, su vida se fue desdibujando en la triste cadencia del olvido, la desatención y el menosprecio.

Juan Montupin cumplía doble condena: una por el crimen y otra por su enfermedad. Si la atención de salud en el país es deplorable en el sistema público (e inabordable en el privado), en las cárceles es execrable. Sin acceso a medicamentos apropiados, viviendo en condiciones inadecuadas, la evolución de su afección no podía ser sino un progresivo deterioro. Y así, considerando la enfermedad que padecía, sida, y el estado de avance de la misma, fue necesario el traslado de Juan a un hospital que pudiera entregar la especialización que aquello ameritaba. Pasó allí casi una decena de días atado a una pata de su cama, inconsciente en muchas ocasiones, inofensivo, desahuciado y sin fuerzas ni siquiera para ir al baño. ¿Qué peligro se estaba resguardando?

Le robamos a Juan su vida y su libertad. La indignidad de su muerte debiera dolernos, pero la observamos algo perplejos quizás, pero en silencio, sin alzar la voz del horror de la inhumanidad. La justificación a esta atrocidad es el amparo y protección del personal del hospital y los demás pacientes que allí se atienden, de la ciudadanía en general incluso, evitando una -imposible y absurda en este caso- fuga. Las reglas de seguridad tienen sentido, siempre y cuando exista necesidad desde el riesgo. Todo lo demás es excesivo y primitivo. ¿Qué clase de inmovilismo es el que nos impide reaccionar humanitariamente frente al dolor y la miseria? Prometeo encadenado ante nuestros ojos no nos rebela.

Los médicos del hospital se escudan en las normas de seguridad de Gendarmería para aceptar esta brutalidad y estos en la falta de decisión de los médicos que pudiendo solicitar la liberación de los grilletes, no lo hacen. Y mientras, un hombre agónico pasa sus últimas horas sufriendo porque la burocracia no se apiada de él.

Sus ataduras eran sus tubos de oxígeno, sus custodios eran sus sondas y catéteres. ¿Qué necesidad había de agregar grilletes a sus padecimientos?

Los derechos humanos no son prioridad en el ámbito de lo penitenciario. Las condiciones de las cárceles en Chile son una pesadilla: hacinamiento, violencia, insalubridad, abusos, estigmatización y un largo etcétera son su descripción más exacta. La obligación de la Administración Penitenciaria es velar por la vida, integridad y salud de los internos, permitiendo el ejercicio de sus derechos, lo que no es compatible con un trato infame e inhumano. Administrar el castigo no puede ser igual a anular los derechos de los penados. Una legislación antediluviana y que olvida los derechos elementales del ser humano, es la huella de una deuda urgente de nuestra sociedad con las personas que castigamos por sus delitos.

Paradojas de la indignidad que hacen de la muerte el camino de la libertad.

*Abogada. Ex Defensora Nacional. @PaulaVialR