El Presidente de la Corte Suprema afirma que busca agilizar procesos en causas de derechos humanos

Coordinar y agilizar los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, es uno de los temas que actualmente ocupa la atención del presidente de la Corte Suprema chilena, Sergio Muñoz.

Y es que transcurridas décadas, crímenes internacionalmente calificados de “lessa humanidad”, cientos de causas por muertes, torturas o desapariciones de opositores al régimen de Pinochet siguen en trámite judicial, con variados niveles de avance.

Más aún, se estima que sobre un millar ni siquiera han comenzado a investigarse.

Informes oficiales determinaron que durante la dictadura unas 6.000 personas desaparecieron, mientras otras 33.000 fueron sometidas a tortura.

“La Corte Suprema ya desde hace varios años ha adoptado una política creciente de preocupación y de darle la relevancia que corresponde a los temas relacionados con las investigaciones a las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990”, señaló Muñoz en entrevista con Efe.

“Esto ha significado que el ciento por ciento de los procesos de derechos humanos está a cargo de ministros de cortes de apelaciones, con y sin dedicación exclusiva, pero siempre preferente”, agregó.

La idea es que los magistrados que llevan estas causas tengan una mayor coordinación entre sí, compartan información y dispongan de los medios humanos y tecnológicos necesarios para avanzar en las indagaciones y en la resolución de los procesos.

“El objetivo, en definitiva, es que todo lo que hagan los magistrado abocados a estos procesos facilite su gestión, para que ésta pueda ser realizada de la manera más rápida posible y con la mayor calidad”, recalcó Muñoz.

Para los familiares de las víctimas, que han luchado incansablemente por la obtención de verdad y justicia, esta materia es de gran relevancia. En parte, porque debido a la gran cantidad de años transcurridos muchos de ellos se encuentran en estado de avanzada vejez o ya han fallecido sin lograr su objetivo.

Pero también, porque los propios inculpados por violaciones a los derechos humanos han envejecido, tienen problemas graves de salud mental, o cualquier situación que con el paso de los años va ir siendo más crítica y favoreciendo su impunidad, han argumentado las organizaciones de derechos humanos.

Junto con la situación de estos procesos, los tribunales chilenos también han estado bajo el escrutinio público por la percepción de la población de un aumento en la delincuencia, tema que siempre figura en las encuestas entre los que mayor inquietud causa entre los chilenos.

Los distintos Gobiernos desde el retorno a la democracia en 1990 han promovido planes para mejorar la situación de seguridad ciudadana, pero no han obtenido los resultados esperados.

Y las críticas no sólo han apuntado a las autoridades, sino también a los tribunales de justicia a los que se ha acusado de actuar con poca severidad en sus sanciones a los delincuentes.

Ello, pese a que Chile es el país que más presos tiene en América Latina, con alrededor de 318 por cada cien mil habitantes, aunque sus índices delictuales son inferiores a los que exhiben otros estados de la región.

El debate llegó a uno de sus puntos más álgido bajo la anterior administración de Sebastián Piñera, quien acusó a los jueces chilenos de ser “excesivamente garantistas”.

El ministro Muñoz no elude las críticas al funcionamiento de la justicia chilena, pero estima que no se puede responsabilizar a los tribunales del éxito o fracaso de las políticas de seguridad.

“Esa es una interpretación política y no tiene asidero judicial”, sostiene.

Más aún, asegura que desde que se implementó la reforma al sistema procesal penal en el 2005, que reemplazo el antiguo esquema de juicios escritos por procesos orales, los tribunales chilenos no están sobrecargados.

“La cantidad de casos que hoy se concluyen y llegan a una condena es abismante en comparación con lo que ocurría con el anterior sistema procesal penal”, asegura.

A juicio del ministro Muñoz la seguridad pública no es una materia que pueda ser analizada desde un solo punto de vista.

“Debemos hacernos cargo como sociedad y generar temas de prevención, de educación, de mayor inclusión”, dice.

“Y si ya todo eso no funciona y se produce por un mal hábito entonces desarrollar las mayores penas que la sociedad permita, pero es un rol que corresponde al poder legislativo no al judicial”. EFE