Senador Patricio Walker pide que el gobierno se apure con proyecto que sanciona con cárcel el lucro en Ues

En el marco de la discusión de la reforma educacional, el senador Patricio Walker (DC) se reunió este jueves con la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, para solicitarle que el Gobierno le de urgencia al proyecto de ley que establece sanciones penales en contra de los directivos de las universidades privadas que lucren con la educación.

La iniciativa, que fue presentada por el parlamentario DC en conjunto con el ex senador Camilo Escalona el 2013, establece penas que van desde los 541 días a 3 años de presidio, una multa de 100 a 1.000 UTM, la inhabilitación para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años y el comiso de las ganancias ilegales.

Según el parlamentario, le propuso “a la ministra Rincón que el Gobierno otorgue urgencia y patrocinio al proyecto de ley que presenté el año pasado que se hace cargo de la situación que ocurre hoy en día, en que muchas universidades privadas lucran contraviniendo el espíritu de la Ley General de Educación, que prohíbe el lucro en estas casas de estudio”.

Walker agregó que “todos sabemos que hay universidades que a través de entidades relacionadas, pagan por ejemplo arriendos exorbitantes a inmobiliarias que muchas veces son del mismo titular de la universidad y esto no debe seguir ocurriendo. Hoy no se está sancionando el lucro, no obstante que está prohibido por ley, porque no hay conductas sancionadas, es decir desde el punto de vista del derecho penal no hay conductas típicas, como tampoco hay sanciones penales. Por eso esto sigue ocurriendo en la más absoluta impunidad”.

El senador DC señaló que “este proyecto de ley apunta a crear un delito con sanciones penales para las universidades privadas que lucran, muchas veces afectando de manera grave y generalizada a los estudiantes y padres que confiaron en esa casa de estudio. Se establece una pena que va de 541 días a los 3 años de cárcel, además de una multa, la inhabilitación de hasta por 10 años para que los condenados no se desempeñen en el ámbito educacional y el comiso de las ganancias”.