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Nacional

3 de Septiembre de 2014

Carabineros multa con 311 millones a empresa de seguridad ADT por más de 26 mil “falsas alarmas”

Se trata de la sanción más alta aplicada una sola firma del rubro, desde que en en abril comenzó a operar este sistema de revisión. La información consta en un recurso de protección que presentó ADT en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde asegura que si paga la suma, “determinaría la imposibilidad de ADT se continuar ejerciendo su actividad económica”. El plazo de pago vence en los próximos días y de no cumplir, arriesga la revocación del funcionamiento, lo que afectaría a miles de clientes. Los verdes argumentan que estos llamados distraen los recursos fiscales por “concurrencias inoficiosas” en vez de que cumplir funciones efectivas contra la delincuencia.

Jorge Molina Sanhueza
Jorge Molina Sanhueza
Por

ADT-Seguridad

Carabineros, a través del departamento OS-10, multó a la empresa de seguridad ADT con $ 311.712.373, luego que detectara más de 26.742 “falsas alarmas” entre los meses de abril y junio. Se trata de la multa más alta aplicada por la autoridad, ya que la firma posee más de 50 % del mercado chileno y es parte de la multinacional Tyco que opera además en distintos países de la región.

La decisión policial consta en un recurso de protección presentado el 1 de septiembre por ADT en la Corte de Apelaciones de Santiago, que busca revocar la decisión.

En la presentación que publica The Clinic Online, aducen que el dictamen de la policía uniformada no sólo es arbitrario e ilegal, sino que además atenta contra el debido proceso, ya que el número de falsas alarmas no es explicado por Carabineros en su “Boletín de Cobro Semestral” y aún así se sanciona. En él, argumentan, sólo se informan los totales y que sobre la empresa recae “el peso de la prueba”, es decir, está obligada a probar la veracidad de cada uno de los llamados cuestionados.

De acuerdo a los verdes, las “falsas alarmas” distraen recursos públicos por “concurrencias inoficiosas” a los domicilios de los abonados a la firma, según señalan, en vez de que el personal policial cumpla funciones efectivas contra la delincuencia.

Esta nueva fórmula de sanción rige desde abril pasado donde la alarma de una casa se contacta con la empresa, esta última comunica de inmediato a Alpha II, que funciona en la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco). La idea de la iniciativa era bajar la cantidad de contactos con el 133. En tanto el pago de multa, señala ADT, va en directo beneficio de los verdes.

En el libelo, la empresa manifiesta su preocupación en el recurso por la alta suma, ya que “determinaría la imposibilidad de ADT de continuar ejerciendo su actividad económica lícita”. De hecho, la multa de 311.712.373 vence en los próximos días. De no cancelarla, ADT arriesga la revocación de la resolución de funcionamiento, lo que afectaría a miles de clientes.

“Un cobro de más de medio millón de dólares afecta el patrimonio de cualquier persona, sea natural o jurídica. Así… representa al menos una amenaza y en caso de hacerse efectivo una verdadera privación de una cantidad millonaria, lo que vulnera el derecho de propiedad”, señala la presentación. E insisten de que podrían estar frente a una fórmula de “enriquecimiento ilícito” por parte de Carabineros al haberse convertido en una “verdadera comisión especial” que fija el cobro unilateralmente.

Sin otra chance

En todo caso, ADT aduce en su recurso que no está en contra de la fiscalización y que ha mejorado los métodos de verificación, pero que las multas deben ser establecidas en una ley y no en una resolución exenta como sucede hasta ahora. Indica además que existe un dictamen pendiente en la Contraloría para verificar la legalidad de las normas invocadas por la policía uniformada.

De hecho, si las sanciones cada tres meses ascienden a una suma similar, se colige del recurso, podrían alcanzar a más de 1.200 millones anuales.

Ayer por la tarde, en tanto, el tribunal de alzada capitalino acogió a tramitación el recurso, declaró la custodia de los documentos y ordenó a Carabineros evacuar un informe dentro de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones en caso que no cumplan el plazo.

Fuentes de la empresa consultadas por este diario indicaron: “ADT se conectó voluntariamente al sistema Alpha III y ha introducido mejoras sustantivas a sus protocolos de verificación de alarmas. Dada la inminencia y monto del cobro, la empresa no tiene otra alternativa que impugnarlo judicialmente, porque este cobro no está establecido en la ley. Esperamos que esta materia se regule adecuadamente en la ley y que ésta defina qué es una “falsa alarma” y cuándo procede el cobro”.

Lea el recurso de protección

Lea la resolución que acogió a tramitación

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