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(En la fotografía Hugo Bravo, junto a su abogada Katherine Lathrop, en su primera declaración en la fiscalía)

La semana pasada, el asesor de Penta, el ex senador UDI Carlos Bombal, presentó una denuncia en contra del ex director del holding Hugo Bravo, luego que este último le enviara el 13 de septiembre una carta -a su juicio- amenazándolo con divulgar “información” si es que no le cancelaban una deuda adquirida, presuntamente, con Carlos Alberto Choclo Delano y Carlos Eugenio Lavín.

En la misma presentación, que publica The Clinic Online, Bombal refiere a un recado que Bravo le habría dejado a su secretaria Alejandra Escudero el 10 de septiembre.

Señala textualmente así: “Dígale a Carlos (Bombal) que sus amigos me paguen lo que me deben, porque estoy sin plata y voy a tener que sacar de otra parte”. Y luego concluyó, indicando: “Y dígale a parabanbimbombal (sic) que si no me devuelve las llamadas lo voy a amarrar con el fiscal”.

La denuncia entregada al Ministerio Público Oriente, se enmarca en la arista mantiene abierta el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, en contra de Bravo por delito tributario, luego que obtuviera devoluciones ilegales del fisco por las de 260 millones. Esta indagatoria también incluye a Délano y Lavín por ilícitos impositivos, por presuntos aportes ilegales a campañas políticas. Todo lo anterior es la resultante de una investigación por cohecho, soborno y lavado de dinero por devoluciones ilegales del FUT.

La presentación de Bombal fue ingresada en la 37º Comisaría de Carabineros el 17 de septiembre pasado, es decir siete días después del llamado a la oficina de Bombal y cuatro desde la recepción de la misiva.

Esta señalaba: “Carlos, como has ignorado todas mis llamadas y tus amigos CAD (Délano) y CEL (Lavín) no cumplieron ninguna de sus promesas y contratos, es por eso que necesito la plata del edificio y antes entrar en contacto con tus cuñados espero que me llames y te pongas al día. No tengo ébola ni nada que se le parezca pero sí mucha información. Por favor sé caballero como te imaginaba y contéstame”. Cuáles eran los “compromisos” a los que alude Bravo, hasta ahora nadie lo sabe.

Los dueños de Penta, Délano y Lavín, anunciaron la presentación de una querella criminal, pero hasta el cierre de esta edición, en el sistema del Poder Judicial no figuraba el libelo prometido.

Contexto

La historia del “Pentagate”, comenzó por una investigación en contra de 231 personas que accedían a devoluciones ilegales del FUT, gracias a la labor de un ex funcionario del SII, Iván Álvarez y el contador Sergio Díaz. Hasta ahora el perjuicio supera los $ 2.700 millones.

Quien actuaba como “reclutador” de clientes era Jorge Valdivia -hoy fallecido- un ex martillero público con vínculos con la CNI e investigado en la Fiscalía Militar por el porte de una granada y falsificación de documentos militares.

Fue este último quien entregó a Bravo y reveló el tinglado que armó con Álvarez para evitar la acción SII. Este último, incluso, cobraba sus honorarios con el contador de Penta, Marcos Castro, en las oficinas del holding.

De allí en adelante todo fue una bola de nieve. Bravo fue denunciado por el SII e incautó la contabilidad de sus sociedades y su computadora. Le siguieron Délano, Lavín, a quienes se les confiscó el mismo material, luego que fueran denunciados por el tata fisco ya que presentaron boletas falsas. Los documentos fueron girados a favor de sus cónyuges por trabajos no realizados que provocó un perjuicio de $ 400 millones, según reveló el SII en un comunicado dando cuenta de la acción legal,.

Este diario contactó con la abogada Katherine Lathrop, patrocinante de Bravo, pero la profesional aseguró que las investigaciones tienen carácter secreto, por lo que declinó emitir una opinión.

El cambio de estrategia de la UDI

El “Pentagate”, tiene preocupada a la clase política. Según ha trascendido hasta ahora, en la “cuerda separada” que lleva el fiscal Gajardo, fueron mencionados por Bravo, el senador de la UDI Iván Moreira, cuyo chofer habría emitido una boleta por al menos $ 10 millones a Penta, como una forma de obtener fondos para la última campaña.

Bravo también habría mencionado boletas emitidas por Penta como aportes al presidenciable Andrés Velasco, (Fuerza Pública) cuyo comando aún revisa sus cuentas antes de emitir una opinión.

En tanto, el senador y uno de los “coroneles” de la UDI, Jovino Novoa, negó que estuviera implicado en maniobras ilegales con los gastos de campaña aportados por Penta, desmintiendo de esta forma una nota publicada por Ciper Chile.

Al mismo tiempo las informaciones de prensa sobre el caso -filtraciones para la UDI- derivaron en la petición de audiencia del presidente de la tienda Ernesto Silva con el fiscal nacional Sabas Chahuán.

Esto implica un cambio de estrategia en la UDI. A inicios de esta semana, Silva, tras una reunión de directiva ampliada, había dado por cerrado el caso sobre la base de que no existía información de que se estuviera investigando a parlamentarios o militantes de la colectividad. La explicación, en rigor, era cierta: mientras el Servicio de Impuestos Internos no realice una denuncia o querella por falsificación ideológica -lo que debería ocurrir entre hoy y mañana- ante Carlos Gajardo de la Fiscalía de Alta Complejidad éste no puede iniciar una indagación. El otro argumento de Silva, respecto de que las declaraciones de gastos ante el Servel estaban aprobadas también es efectivo, pero como lo que se declara ante la organización necesariamente son recursos obtenidos legalmente, ello no implica que no exista un ilícito.

Como sea, el lunes Silva había determinado no hablar más de la causa -lo que transmitió a parlamentarios casi como una orden- y, pese a las críticas por las filtraciones a la prensa, no insistir en una queja contra Gajardo o contra quienes tienen acceso, como sus representantes, a las declaraciones de Bravo.

Ello se modificó radicalmente tras la publicación de Ciper en que se deslizó, afirman en la colectividad, que la UDI tenía una maquinaria destinada a cometer ilegalidades encabezada por Novoa. “Jovino ya fue víctima de imputaciones falsas en el pasado y ahora no estaba dispuesto a aceptar la ola de rumores. Su declaración impulsó una actitud distinta”, comenta una fuente de la tienda.

Otro consultado destaca que durante toda la tarde de ayer Silva y el secretario general, Javier Macaya, trabajaron en elaborar y sociabilizar la nueva estrategia que se inició con la reunión con Velasco tras la cual Silva afirmó que “hemos venido a pedirle al fiscal nacional que abra una investigación para detener y, si corresponde, sancionar las sucesivas filtraciones del expediente secreto o reservado que lleva el fiscal Carlos Gajardo”.

En el partido aseguran que la nueva actitud no sólo busca frenar el “escarnio público y sin fundamento” contra la colectividad, sino además preparar el terreno para el nuevo escándalo que implicará la denuncia que, dan por hecho, realizará el SII.

“Creímos que el asunto no iba a escalar, pero fue una lectura ingenua del escenario”, destaca un parlamentario. Otro consultado subraya que la situación es compleja porque Penta es un financista histórico del partido.

Lea la denuncia con los dos episodios