PENTAGATE
El “Pentagate” entró al corazón de la política. La investigación que se sigue por el denominado “Fraude al FUT” ha derivado en las últimas semanas en una compleja arista donde aparecerían vinculados varios parlamentarios de la UDI. Según se ha filtrado, en la carpeta reservada de la investigación que lleva adelante el fiscal oriente Carlos Gajardo, por delito tributario y lavado de dinero, estarían registrados los nombres de Iván Moreira, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Ena Von Baer. Están allí luego de que Hugo Bravo, un ex director del grupo revelara que los dueños de Penta, Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, usaron fórmulas -legales y otras presuntamente ilegales- para hacer aportes a los candidatos al parlamento durante las elecciones de 2013.

En julio pasado, Bravo renunció a Penta luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) lo denunciara por fraude tributario, ya que a través de dos sociedades -Challico y Santa Serella- logró devoluciones ilegales por más de $260 millones. También fueron denunciados Délano, Lavín y sus esposas, que habrían prestados boletas falsas a través de las cuales los empresarios hacían figurar pagos de honorarios a sus cónyuges por trabajos no realizados, provocando un perjuicio fiscal de $400 millones.

Si bien la acusación ha puesto en el centro de la polémica a la UDI, el escándalo podría agarrar ribetes insospechados. Esto, porque la fiscalía incautó la contabilidad de las sociedades de Bravo, Délano y Lavín y las computadoras, donde habría correos electrónicos e información que puede reventar como una bomba en la clase política.

EL FACTOR BRAVO
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La historia que tiene a Carlos Délano, Carlos Lavín, y a algunos militantes de la UDI en el ojo del huracán, comenzó en enero de 2013. En esa fecha, el SII tomó conocimiento de la autodenuncia del contador Sergio Díaz, quien a su vez mencionó al funcionario Iván Álvarez, precisamente quien fiscalizaba a Penta. Ambos ejecutaron una operatoria ilegal para que distintos contribuyentes obtuvieran devoluciones del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). En simple, adulteraban los datos contables y el fisco emitía un cheque. Allí comenzó a rodar una bola de nieve.

A medida que la investigación interna del SII avanzaba, aparecían más y más millones girados por el fisco en favor de contribuyentes que usaron el sistema. Fue así que a mediados de 2013 el SII se querelló en contra de 125 personas por un fraude que superaba los $2.500 millones, y en julio pasado la amplió a otras 76. Hasta ahí no habían políticos ni empresarios involucrados.

Con el correr de los meses, distintos imputados mencionaban a una persona como el nexo en esta trama del FUT: Jorge Valdivia, un martillero público vinculado a la CNI que fue condenado por falsificación de documentos militares en 1973 y por el porte de una granada en 1999. Valdivia, antes de morir de cáncer en julio de 2014, contó todo lo que sabía. Al fiscal Gajardo le dijo que era él quien “reclutaba” a los clientes, que por eso cobraba una comisión, y que Penta le había hecho una rebaja en la compra de un departamento. Agregó, además, que Iván Álvarez era el hombre del SII que ayudó a defraudar al fisco y que cobraba sus honorarios en la oficina del holding.

Hasta ese entonces, el rol de Hugo Bravo, director de Penta y amigo del “choclo” Délano y de Carlos Lavín, aún era desconocido. El 28 de julio, sin embargo, el SII lo denunció por fraude tributario luego de recibir devoluciones ilegales de impuestos por $260 millones. Ese mismo día, Bravo renunció a Penta, grupo que pese a la acusación lo despidió en medio de felicitaciones por su trayectoria en el hecho esencial en el que le comunicó a la SVS su salida de la empresa, intentando evitar que el escándalo creciera.

No está claro qué pasó entre julio y agosto en la relación amistosa que Bravo tenía con su ex jefes, pero para cuando fue interrogado en calidad de imputado, el ex director del holding –aconsejado por los abogados del estudio jurídico de Gonzalo Insunza- abrió una caja de pandora. Fuentes que conocen del caso, contaron que sólo en ese instante cayó en cuenta que estaba en problemas. En busca de evitar un juicio oral, y así obtener una pena más baja a los 15 años que como máximo contempla la simulación de una operación tributaria fraudulenta, Bravo devolvió al SII cerca de mil millones de pesos.

Al fiscal Gajardo, además, le contó como desde Penta habían ido a parar recursos a las campañas políticas de algunos candidatos de la UDI y que el ex senador Carlos Bombal, de ese mismo partido y hoy asesor de Penta, era el encargado de manejar la planilla de donaciones con dos ítems, “regulares” e “irregulares”, donde el primero significaba que la plata ingresaba a través de aportes reservados y el segundo fuera de la norma. Con esa pista, el fiscal Gajardo llegó al chofer del senador gremialista Iván Moreira. Según se sabe hasta ahora, el conductor habría girado una boleta por varios millones a Penta, aduciendo trabajos eléctricos que hasta ahora no se han determinado como realizados.

No fue el único nombre que Hugo Bravo le entregó a la fiscalía. También contó que Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Ena Von Baer habían sido otros de los candidatos beneficiados, aunque hasta ahora no está claro si dichos aportes habrían sido reservados o a través de boletas por falsas prestaciones de servicios. Según consigna el medio electrónico Ciper, Bravo habría mencionado también a Jovino Novoa, como el que decidía a qué candidatos iban destinados los dineros. Novoa desmintió esta información.

Según consigna el periódico El Mostrador, en la investigación también habría sido mencionado Andrés Velasco. Hasta el momento, la declaración formal del comando del ex ministro de Hacienda ha sido la de Juan José Santa Cruz a The Clinic On line, donde dijo que se habían enterado por los medios y que estaban “recabando información”. Hasta el cierre de esta edición Andrés Velasco estaba fuera de Chile.

La semana pasada, otro antecedente complicó más las cosas en la UDI. Según publicó La Segunda, el 13 de septiembre, Hugo Bravo envió a Carlos Bombal una carta manuscrita en donde le comentaba que Délano y Lavín “no cumplieron ninguna de sus promesas y contratos”, asegurando –además- que sus ex jefes le debían dinero: “No tengo ébola ni nada que se le parezca pero sí mucha información. Por favor, sé caballero como te imaginaba y contéstame”, le habría escrito. El hecho provocó la ira de los aludidos, quienes anunciaron una querella por amenazas en contra de Bravo. Hasta el cierre de esta edición, dicha acción legal aún no había sido ingresada en los tribunales de garantía sino como denuncia a la fiscalía, patrocinada por el estudio de Julián López y Davor Harasic. Este último fue abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y renunció a su cargo cuando el entonces Mandatario prohibió al organismo continuar su labor para aclarar el caso Pinocheques.

Allegados al caso, explicaron a The Clinic que si Délano y Lavín presentan la acción legal, “se estarían pegando un tiro en el pie”. Esto, porque si Bravo declara, bien podría decir que no hay amenazas y toda la trama comenzaría ventilarse en una carpeta sin secreto, algo muy distinto a como hasta ahora ha llevado la investigación el fiscal Carlos Gajardo.

LA CAJA DE PANDORA
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En la UDI han reaccionado públicamente con calma y seguridad ante la denuncia de Hugo Bravo. A comienzos de esta semana, el presidente del partido, Ernesto Silva –quién además es sobrino de Carlos Alberto Délano- evitó entrar en discusiones argumentando que “ningún dirigente UDI está en proceso de investigación”. En privado, sin embargo, ha trascendido que la directiva está en proceso de hacer un control de daños y que han conversado con los militantes mencionados por Bravo para adelantarse a cualquier acción que decida interponer el SII, que durante esta semana deberá decidir si manda los antecedentes al ministerio público.

Según comenta un cercano al gremialismo, la acusación ha generado un clima propicio para que la fiscalía inicie una persecución que puede traer graves problemas al partido. >Las filtraciones de la carpeta –según cuenta este militante- han dejado a la UDI atada de manos: “La directiva no sabe nada de lo que hay en la investigación y sólo se han enterado de esto por la prensa. Tampoco pueden ir y juntarse con el fiscal porque eso podría ser duramente criticado. Al final, todo esto va a depender de la prudencia política que tenga el ministerio público”, dice.

Durante los últimos días, los fantasmas del caso Spiniak y el manejo jurídico y político que hubo en ese tiempo han revivido los peores temores del gremialismo. En privado, algunos militantes reconocen que esta crisis podría abrir una caja de pandora muy grande respecto al modelo de financiamiento de la política y que sería el senador Iván Moreira el más perjudicado en esta primera pasada: “Todas las campañas políticas se mueven así. Gran parte del financiamiento se hace por gastos reservados, pero en los montos más chicos, cuando falta dinero se usan estas prestaciones de servicios falsas”, cuenta un ex candidato gremialista que no está siendo investigado. “El punto en esta pasada es saber si la plata de la asesoría del chofer pasó por la cuenta de Moreira. Si eso ocurrió la huella es muy fácil de rastrear”, agrega.

Hasta ahora la mayoría de los parlamentarios se han cuadrado con la directiva, aunque muchos temen que la juventud y las pocas redes políticas que han cultivado con otros sectores terminen dejando al partido solo. Con todo, al interior de la UDI ya trabajan en una estrategia que limite los efectos que este caso tendrá en la imagen pública del gremialismo si el SII decide iniciar acciones legales en contra de algunos de sus militantes.