México: La policía se alió con las mafias del narco para eliminar a los estudiantes de Guerrero

El pasado domingo la fiscalía mexicana anunció el hallazgo de 28 cuerpos que podrían corresponder a algunos de los estudiantes desaparecidos hace más de una semana en la ciudad mexicana de Iguala, en una oscura acción de la policía, a la que acusó de aliarse con un grupo criminal para eliminarlos.

Los muchachos, de la Escuela Normal de Ayotzinapa, fueron atacados a balazos luego de apoderarse de unos autobuses. En el momento murieron tres personas y los agentes detuvieron a varias, pero nunca llegaron a la sede policial. Hasta ahora se desconoce el paradero de 43 jóvenes, sin que se sepa el motivo último de la desaparición.

Iñaky Blanco, titular de la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala, desveló la trama pergeñada por los uniformados en connivencia con la organización mafiosa Guerreros Unidos, dedicada al narcotráfico.

La denuncia, realizada en una rueda de prensa desde el balneario guerrerense de Acapulco, se basó en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público desde los sucesos sangrientos del pasado fin de semana, cuando varias acciones represivas de la policía local terminaron con seis muertos a tiros.

Entre las víctimas hubo dos personas que viajaban en el autobús de un equipo de fútbol juvenil y una mujer. Ninguno de los tres tenía nada que ver con el conflicto.

Según Blanco, para rehacer el rompecabezas fue decisivo el testimonio de los 22 agentes de seguridad pública de Iguala detenidos tras los incidentes, que declararon “conscientes, orientados en tiempo y lugar y persona”, y “sin lesiones externas recientes”.

Sus armas “todas fueron disparadas recientemente” y “se estableció correspondencia” entre las municiones halladas en el lugar de las muertes y las de los uniformados, que además dieron positivo en las pruebas de radizonato de sodio (que permiten saber si han disparado por los restos que queda en la piel de la mano).

Por ello, el fiscal anunció que se ha dictado formal prisión contra ellos.

Pero esa parece solo la punta del iceberg de una intriga en la que podría estar involucrado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su secretario de seguridad pública, Felipe Flores, ambos en paradero desconocido desde los sucesos violentos.

El primero tiene que responder a una orden de “presentación” y Blanco ya ha anunciado que la fiscalía presentará ante el Congreso de Guerrero un “juicio de procedencia” a efecto de que “se le retire el fuero constitucional que le protege”.

Contra el segundo, señalado por la fiscalía como uno de los mandos que instruyó la detención de los estudiantes desaparecidos, hay una orden de captura.

Junto a Flores, el director de Seguridad Pública municipal, Salgado Valladares, es responsable de buscar a los aspirantes a maestros, que pertenecían a la Escuela Normal de Ayotzinapa, mientras que el líder de Guerreros Unidos, apodado “Chucky”, fue el que ordenó eliminarlos, afirmó el fiscal.

También integraban esa organización criminal 30 efectivos de la Policía Municipal Preventiva a los que el Ministerio Público busca, denunció Blanco.

Gracias a sus indagaciones, la fiscalía guerrerense dio el sábado con seis fosas en las afueras de Iguala, concretamente en un punto denominado Pueblo Viejo.

Este domingo un portavoz del Gobierno estatal informó a Efe de el hallazgo de ocho cuerpos.

Luego subieron a veinte, según la versión de una fuente de la Secretaría de Salud de Guerrero, obtenida también por Efe pero en este caso en Iguala.

Y por último se situaron en 28, entre los cuales “hay algunos completos y otros fragmentados” y muchos presentan “signos de calcinación” porque sobre los ellos “se colocó una cama de ramas y troncos” a la que se prendió fuego “con gasolina y petróleo”, relató el fiscal.

Blanco anunció que junto con los expertos mexicanos, intervendrán en las labores forenses nueve especialistas de Argentina, encabezados por Mercedes Doretti, perteneciente al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Se espera que en un plazo de “entre quince días y dos meses” se pueda detallar la identidad de los cuerpos.

Mientras se dilucida, el temor sigue latente en Iguala, como pudo comprobar Efe en las calles de la localidad, donde todos los testimonios que tomó sobre el terreno solicitaron mantener en reserva sus nombres.

Un vecino de Pueblo Viejo comentó que ni vio ni escuchó nada la noche del 26 de septiembre pasado, el día de los disparos y las desapariciones. “Nosotros solo vamos del trabajo a casa y de casa al trabajo”, apuntó escueto.

“Es una pena que haya tenido que pasar esto para que vengan a ayudarnos”, dijo un taxista, mientras una recepcionista de hotel denunciaba con la boca chica que “uno no puede confiar en la Policía porque se sabe que son corruptos”.

Menos cautos, por razones obvias, se mostraron los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, que en Chilpancingo, la capital de Guerrero, bloquearon durante varias horas este domingo el tráfico en la Autopista del Sol, que comunica esa ciudad con la capital mexicana y con Acapulco. EFE