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El ex director de Penta, Hugo Bravo, entró en una guerra frontal con sus ex amigos y empleadores, Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, los dueños del holding. En una demanda laboral por $2.300 millones por el no pago de indemnización, los acusó de estar al tanto de los aportes supuestamente ilegales a campañas políticas y haberse beneficiado de las “gestiones personales” que hizo el ex martillero con vínculos CNI, Jorge Valdivia, quien destapó los nexos del poder económico del caso FUT.

Hasta allí Bravo pareciera ser un hombre decidido a hacer frente contra viento y marea a su situación procesal y enrostrar a Délano y Lavín el haberlo dejado solo después de 35 años de trabajo juntos. Y más aún, denunciarlos por no pagarle lo que a su juicio correspondía.

Sin embargo, adjunto a la demanda obran una serie de documentos, entre ellos un peritaje sicológico, en donde queda claro que Bravo no le perdonará la vida a Lavín y Délano y que aportará todo a la fiscalía, como lo ha hecho hasta ahora en la arista política y en otra línea de investigación que profundiza el fiscal oriente Carlos Gajardo: las pérdidas del holding a través de Penta Capital de Riesgo.

La oración es reveladora: “No soportaría estar preso”, aseguró a la profesional que lo entrevistó.

Este ingeniero comercial de la Universidad Católica que comenzó a trabajar en 1978 en el Consorcio Nacional de Seguros, explicó que haber obtenido ilegalmente 260 millones de parte del fisco gracias a las gestiones de Valdivia junto al ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez, lo tienen con el “síndrome del condenado a muerte”.

“Tuve una caída por tonto, no lo necesitaba”, reconoció. Su confesión cobra sentido con los dichos vertidos por Lavín y Délano en una querella por el delito de amenazas que presentaron la semana pasada en el Cuarto Juzgado de Garantía, donde ambos aseguran que el patrimonio de Bravo asciende a más de US$ 30 millones. Esto último explica por qué después de que el SII lo denunciara (a Bravo) por delito tributario, devolvió a las arcas fiscales más de 1.200 millones así como si nada.

Un padre estafador

Bravo cayó en desgracia en julio pasado, luego de que Valdivia, antes de morir de cáncer, decidiera contar todo lo que sabía sobre Penta y otros funcionarios del SII.

El hecho no sólo derivó en la presentación del SII contra Bravo, sino también que Gajardo requisara su contabilidad y computadora desde las oficinas de Penta, empresa que aceptó su renuncia en medio de felicitaciones por los servicios prestados.

No fue lo único. También el SII denunció a Délano, Lavín y a sus respectivas esposas por presentación de boletas falsas, ya que supuestamente les pagaban sin que ejecutaran trabajo alguno, provocando un perjuicio fiscal de 400 millones, tal como señaló el organismo a través de un comunicado de prensa, donde calificó a las mujeres como “facilitadoras” del ilícito. El libelo incluyó también al contador del holding Marcos Castro y a Samuel Irarrázaval, en tanto representantes legales de las sociedades Inversiones Penta III e Inmobiliaria Los Estancieros. La fiscalía también incautó libros contables y computadoras que están siendo periciadas por la PDI.

La sicóloga que realizó el peritaje le preguntó a Bravo si en el contexto de la investigación de la fiscalía podría suceder algo peor.

El ex brazo derecho de Délano fue elocuente: “Qué más. Los medios de comunicación han barrido el suelo conmigo… y me da miedo el que dirán, la morbosidad de la gente”.

Tanto en la demanda como en el análisis de la profesional, Bravo asegura que el aspecto familiar lo acongoja: “Qué van a pensar los amigos de mis hijos, van a tener la imagen de un padre estafador”.

Su abogado patrocinante Gonzalo Raggio escribió en el libelo: “Se debe entender que lo obrado por la sociedad denunciada (Penta) además afectó emocionalmente al denunciante, en razón que sus hijos se vieron afectados por estas acciones impropias”.

“Cómo es posible comprender a tan diversas preguntas: ¿Tú papá se robó realmente la plata? ¿Verdad que estafó a Impuestos Internos? Y otras similares cuando al tratar de dar una respuesta meridianamente lógica se retruca diciendo: “Pero si tu papá lo reconoció por escrito”. Ante esto, las máximas de la experiencia indican que ante tal evidencia -aunque manejada como ha sido demostrado- nadie lo va a a creer”, escribió Raggio.

Audio clave

La situación procesal que enfrenta Bravo lo llevó a reunirse con Carlos Eugenio Lavín el 7 de septiembre. En la oportunidad, Bravo grabó la conversación, como forma de constituir prueba ante un eventual juicio.

De acuerdo a la presentación, en el encuentro se trató el pago de la indemnización, que debería alcanzar poco más de 700 millones. Según Bravo, Lavín le indicó que no fue idea suya ni del “choclo” Délano no cancelar lo adeudado, sino de su abogado Alfredo Alcaíno.

Bravo insistió en el punto, ante lo cual Lavín respondió: “por lo pagos no te preocupes, weón, si esa weá te la vamos a pagar to’a, o sea yo me encargo de esa weá, pero véanlo eso con Fello (abogado Alcaíno) cómo vamos a hacer para pagar allí está viendo el tema… según él que se iba a preocupar de hacer unas movidas, una triangulación”.

Asimismo, conversaron respecto de cómo enfrentar la arista política del Pentagate que lleva el fiscal Gajardo. Este hecho también es refrendado con una llamada de Lavín al domicilio de Bravo, donde le habría señalado que “tuviera delicadeza de no declarar ante el Ministerio Público”. El abogado Raggio se preguntó por qué.

El junior de confianza

En la demanda ya mencionada, Bravo reveló varios detalles hasta ahora desconocidos, los que de seguro constan en las declaraciones -hasta ahora tres- ante el fiscal oriente Carlos Gajardo.

Bravo aseveró que los sueldos de los ejecutivos, como también los de él, eran pagados por Penta a través de la sociedad Los Estancieros, precisamente la que era usada por Bravo y Lavín para el giro de boletas falsas en favor de sus esposas.

El ex director de Penta, a su vez, emitía facturas de sus sociedades -Santa Sarella y Asesorías Challico- las que utilizó para recibir las devoluciones ilegales por parte del fisco.

El procedimiento legal interno de Penta para que dichas facturas fueran pagadas, lo verificaba el tesorero de Penta Juan Carlos Armijo, señala el libelo.

Según Bravo, era una práctica común esta fórmula de pago, citando los casos de los ejecutivos de Penta Antonio Tocornal, Arturo Miquel y Héctor Concha.

“Tal era la práctica de esta tan especial forma de pagar que incluso el junior de confianza de los socios controladores del grupo … se le pagaba una parte mediante su respectiva liquidación y otra parte con boletas de su señora Gilda Brunetto Flores. Esta fórmula fue ideada y su implementación solicitada por los mismos controladores del grupo Penta… desde hace largo tiempo”, señaló.

De acuerdo a la demanda laboral, Penta debió cambiar dicha fórmula de pago, luego que el SII objetara una factura a Tocornal. Es así que desde julio pasado, todo se realiza por la vía de la liquidación normal de sueldo, pero bajo el ítem “otros haberes imponibles”.

Tiritones políticos

El ahora llamado “Pentagate” mantiene preocupada a la UDI. Hasta ahora ha trascendido que el chofer del senador Iván Moreira emitió boletas a Penta y se investiga si esto estaría o no vinculado a supuestos aportes  ilegales de parte del holding.

En la carpeta de investigación del fiscal Gajardo, gracias a la declaración de Bravo, también aparecieron los nombres de los UDI Ena Von Baer, Laurence Golborne, entre otros. También el del presidenciable Andrés Velasco que ayer descartó cualquier anomalía con las platas de Penta.  

Durante la semana pasada trascendió que la UDI intentaba generar un acercamiento con el gobierno, con el fin de buscar una salida política al Pentagate, a través de mejorar la ley relativa a los aportes de campaña.

Sin embargo, el lunes el vocero de gobierno Álvaro Elizalde cerró cualquier posibilidad, señalando que si bien la legislación es mejorable, no avalarán la impunidad en caso de que se acrediten delitos.