carlos gajardo
Una silla vacía, con el nombre de Andrés Velasco, y una ausencia no justificada en un seminario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.

La imagen del inubicable y silente ex ministro -que estaría retornando al país- es el retrato del impacto de la arista política del caso Penta y de su último capítulo: las pesquisas ordenadas en la casa de Velasco,  en Vox Comunicaciones, empresa ligada a Laurence Golborne, y en las oficinas de Jovino Novoa a 24 horas de la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) por el uso fraudulento de boletas del holding de Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín con las que, junto a otras ilícitos, eventualmente se habrían financiado campañas.

En el gremialismo, fuentes aseguran que se enteraron de las diligencias pasado el mediodía luego de que cercanos a Golborne comunicaran a dirigentes que funcionarios de la Brigada investigadora de Delitos Económicos, Bridec, de la PDI, estaba desde temprano en las oficinas de Vox en Providencia revisando material. La empresa fue fundada por el ex gerente de Cencosud en 2009, pero en 2010, antes de asumir como ministro de Obras Públicas, se desligó de ella. Sin embargo, Bravo habría mencionado en una de sus declaraciones que a través de esta plataforma, Golborne obtuvo recursos para su frustrada campaña presidencial, algo que el rostro del rescate minero descartó hace unas semanas a este medio.

El ex ministro de Piñera le ha dicho a sus cercanos que las pruebas que lo amarran al Pentagate es sólo un testimonio a su juicio poco creíble: el del ex gerente del holding Penta Hugo Bravo. En el ambiente político, ya se habla de “la lista de Bravo” y hay certeza de que Carlos Gajardo, de la fiscalía de Alta Complejidad, irá tras todos quienes han sido nombrados por el ex brazo derecho de Délano y Lavín, es decir, además de Velasco y Golborne; los senadores Iván Moreira y Ena Von Baer; el diputado José Antonio Kast; los ex candidatos Pablo Zalaquett y Alberto Cardemil; y el presidente de la fundación Jaime Guzmán, y ex senador Jovino Novoa, quien desmintió cualquier nexo con el caso. Fuentes gubernamentales consignan que las acciones se dirigirán en primer término contra quienes no tienen fuero parlamentario y que habría órdenes en contra de cuatro de “la lista”.

The Clinic Online conversó con cinco integrantes de la nómina que habría dado Bravo al fiscal. Hubo entre los consultados coincidencia en que se respira “temor y nerviosismo” porque no se conoce con exactitud qué se persigue. También hay una mirada común respecto de que habrá un trato diferente entre quienes ostentan hoy un cargo en el Congreso y quienes perdieron las elecciones. “Tengo entendido que la Fiscalía no puede ingresar a las oficinas parlamentarias, pero sí pedir que se entreguen los computadores”, destacó un gremialista.

Esta mirada, sin embargo, no es compartida al 100% por abogados penalistas consultados por este medio que precisan que el fiscal Gajardo necesita de autorizaciones judiciales de un tribunal de garantía para cualquier medida que implique traspasar derechos constitucionales de las personas, tengan o no fuero y que esa protección constitucional que tienen los congresistas no es obstáculo para la ejecución de una diligencia.

En el artículo 209 del CPP, que regula la “entrada y registro de lugares especiales” -religiosos, edificios de una autoridad pública o recintos militares-, se señala que el fiscal a cargo de una investigación debe oficiar con al menos 48 horas de la diligencia a la autoridad a cargo.

Sin embargo, el mismo artículo establece que si el perseguidor penal estima que la diligencia corre el riesgo de frustrarse al ser comunicada con antelación, podrá realizarla sin problemas. Eso sí, previa autorización judicial.

En el caso del Pentagate, más allá de los parlamentarios, por ejemplo, las sedes de los partidos, las oficinas personales, las oficinas de sociedades carecen de fuero. En suma, Gajardo tiene el toro por las astas.

El único problema que enfrentaría Gajardo para una incautación en el caso de los parlamentarios, sería que hubiera información secreta, relativa a la seguridad nacional o afines, que no es el caso.

Ahora, una situación distinta es si el fiscal resuelve formalizar a algún parlamentario, porque ahí deberá elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva. El pleno de dicho tribunal por mayoría simple resolverá, si hay mérito, dar “lugar a la formación de causa”, según establece el artículo 416 de la Constitución Política. Mientras eso no suceda, el aforado no podrá ser objeto de las llamadas medidas cautelares reales como prisión preventiva y arraigo.

EL SHOCK EN LA UDI
Para Golborne la embestida de la Fiscalía de Alta Complejidad terminó de sellar la decisión de no volver a involucrarse en política. Antes del escándalo, el partido que lo levantó como presidenciable -y luego lo dejó caer- lo había sondeado para ser candidato a Senador y competir contra el RN, Baldo Procurika por Copiapó. Hoy esa posibilidad está descartada.

Si ayer Golborne estaba molesto e incómodo con Gajardo, otros de la “lista de Bravo” estaban simplemente en llamas.

“Este fiscal quiere aparecer en todos los noticieros, va a allanar por goteo”, explicó a The Clinic Online uno de los políticos mencionados por Bravo en su declaración sobre las platas políticas del caso Penta a la espera de la posible incautación de su computador para verificar el eventual desvío de recursos a campañas en 2013 a través de boletas falsas.

Esta fuente aseguró estar “sorprendido y casi en shock” por la medida de Gajardo, en especial porque al existir una denuncia amplia por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo esperable era que Gajardo se diera un tiempo para recabar antecedentes y este tipo de iniciativas tardase en concretarse. Sin embargo, Gajardo empezó a actuar casi inmediatamente después de recibir la luz verde del SII.

“El que haya empezado por la arista política da cuenta de que va a ir con todo en el caso. En lo personal yo estoy ‘chato’, pero tranquilo, no va a encontrar nada”, aseguró uno de los consultados por este medio.

Otro de los involucrados aseguró que es “insólita” la rapidez en el accionar y puntualizó que “es esperable que ello se deba a que tiene más antecedentes que la declaración de alguien confeso de fraude”, mientras que otro político dictaminó que era “ideal que se apure para que los medios deban pronto desdecirse de sus acusaciones infundadas”.

En la directiva UDI, en tanto, la noticia de las diligencias de Gajardo fue tomada con cautela. En la tienda reconocen que es especialmente complicado el caso del chofer de Iván Moreira y que en esta línea lo que se buscará demostrar es que el funcionario realizó las actividades por la que recibió honorarios millonarios por Penta y que no se está ante una triangulación. Lo mismo ocurre con la secretaria del experto electoral Jorge Manzano.

Los datos que manejan, además, es que el fiscal va a ir “contra el emisor y el receptor de las boletas. Es decir, esto probablemente esté mucho tiempo detenido en esa fase y sólo en unos meses más se verá si se llegará a los políticos”.

“Ahora es claro que el fiscal que está a cargo del caso es especialmente duro”, destaca una fuente de la colectividad. Otros consultados tienen teorías sobre las posibles motivaciones políticas de Gajardo en consideración a que es cuñado de un alcalde de la Nueva Mayoría y en su juventud habría estado ligado a la DC.

Sin embargo, en el partido recalcan que no van a salir a “matar al mensajero”, sino que la información sólo es útil para tener un retrato de la figura a quien se enfrenta.

En la interna, en cualquier caso, todos reconocen que se está ante una crisis sumamente complicada y que, incluso si finalmente la investigación no arroja culpables, “el daño en imagen es tremendo. Esto es un forado para el partido y a futuro va a comprometer no sólo la credibilidad sino también los aportes para campañas”.

EL SILENCIO DE VELASCO Y LA MOLESTIA ENTRE SUS CERCANOS
Además de instalarse por cerca de seis horas en Vox Comunicaciones, la PDI llegó ayer a la casa de Velasco, desatando la molestia entre los miembros de Fuerza Pública. En principio se habló de un allanamiento, pero en horas de la tarde de ayer se aclaró que se trató de pesquisas.

El jefe de la campaña presidencial de Velasco, Juan José Santa Cruz dijo no entender los motivos de las diligencias, toda vez que “se presentaron todos los antecedentes”

“En vez de recibir una notificación curiosamente se envía a investigaciones (…) Uno tiene el legítimo derecho de preguntarse qué hay detrás de todo esto”, adujo Santa Cruz, en una crítica frontal al proceder de Gajardo.

El ex titular de Hacienda, en tanto, ayer debía asistir al seminario “Adiós política industrial, hola políticas de desarrollo productivo” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, según detalló 24 horas, el personero no se presentó ni dio las excusas del caso a los organizadores.

Desde que se desató la polémica por posibles platas negras de Penta para campañas, Velasco no se ha enfrentado a los medios para entregar su versión. Sólo emitió un declaración pública en que adujo que “hemos revisado nuestro financiamiento para las primarias de junio 2013 y no tenemos registro de aportes de empresas del grupo Penta” y agregó que “la única relación con las empresas del grupo Penta se circunscribe al ámbito profesional a través de charlas o servicios específicos que se iniciaron hace más de 3 años”.

Según la información recabada por The Clinic Online, al cierre de esta edición no existían diligencias que afectaran a parlamentarios.

ANTES DEL ESTERTOR
El llamado Pentagate, nació como una arista de la investigación por el fraude al FUT.

Fue Jorge Valdivia un ex martillero público, con vínculos CNI, quien abrió la compuerta e involucró al ex director de Penta Hugo Bravo.

En su declaración antes de morir, Valdivia reveló que junto a un ex funcionario del SII, Iván Álvarez, lograron que Bravo recibiera 260 millones a través de dos sociedades.

A Bravo, cuando fue citado por el fiscal no le quedó más que confesar, luego que el fisco también lo denunciara por delito tributario y le incautaran la contabilidad y computadora.

A los pocos días el organismo siguió con los dueños del holding Carlos Alberto “choclo Délano y Carlos Eugenio Lavín por boletas falsas giradas por sus esposas sin que realizaran trabajo alguno provocando un daño fiscal por 400 millones. El libelo incluyó al contador de Penta Marcos Castro, quien ya designó como su abogado defensor a Rodrigo de la Barra, un ex fiscal de la zona oriente.

En las declaraciones siguientes -hasta ahora 3- Bravo destapó la existencia de una práctica común: girar boletas por trabajos inexistentes, con el fin de que sus ex empleadores aportaran dinero a campañas. Mencionó también boletas de honorarios de Andrés Velasco, quien ha negado tener algún vínculo con Penta, salvo exposiciones de orden académico.