Marchan en México por juicio justo para soldados acusados de matar civiles

Unas trescientas personas, entre ellas familiares de militares y víctimas del crimen organizado, marcharon hoy por la capital mexicana para exigir un “juicio justo” para los soldados involucrados en hechos en los que murieron 22 civiles en junio pasado.

“No queremos que los liberen, sino que se les realice un juicio transparente, que se les garanticen sus derechos humanos y que se haga una investigación a fondo”, aseguro la presidenta de la Organización Humanitaria para el Desarrollo Social (OHDS), Ana Lucía Zavala, quien encabezó una marcha de unos tres centenares de personas.

“Exigimos una investigación transparente, un juicio justo apegado a la ley y, sobre todo, que se respeten los derechos humanos de los militares detenidos por cumplir órdenes en el caso de Tlatlaya”, dijo a Efe la líder del movimiento, quien convocó a la marcha en las redes de Twitter y Facebook.

Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, protestaron contra el arresto de ocho militares por la muerte de 22 civiles el 30 de junio de este año, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. De acuerdo con el comunicado oficial divulgado en esa ocasión, una patrulla militar se enfrentó a un grupo de la delincuencia organizada, donde los 22 civiles (presuntos delincuentes) resultaron muertos en el tiroteo y se liberó a una persona cautiva.

No obstante, según un reportaje posterior, una sobreviviente de esos hechos aseguró que los civiles se habían rendido y fueron asesinados por los militares después de someterlos a un interrogatorio. La versión que apunta a una masacre extrajudicial a manos del Ejército mexicano generó numerosas denuncias de organismos de derechos humanos mexicanos e internacionales que exigieron una investigación exhaustiva al Gobierno mexicano.

De ahí que autoridades civiles y militares abrieron investigaciones sobre los hechos.

En su indagación, la Fiscalía de Justicia Militar determinó que se cometieron violaciones a las normas castrenses, por lo que fueron detenidos ocho militares que participaron en el enfrentamiento, por delitos de desobediencia e infracción a los deberes. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) concluyó que en el tiroteo murieron 14 de los presuntos delincuentes y ocho resultaron heridos, los cuales fueron rematados con las mismas armas usadas por los civiles.

Por este motivo, la PGR acusó de “homicidio calificado” a tres de los militares y a uno más por “encubrimiento”, los cuales serán procesados por tribunales civiles. Estas decisiones fueron cuestionadas por los familiares y grupos civiles que convocaron hoy a esta movilización.

La marcha estuvo integrada, principalmente, por familiares de militares detenidos, quienes mostraron pancartas con consignas tales como “Los ciudadanos estamos en la defensa de los derechos humanos de los militares”, “Ellos levantan las armas por su país, nosotros levantamos la voz por ellos”, “Los militares también tienen derechos humanos”.

Los familiares cuestionaron los resultados de las investigaciones y aseguraron que existen ” muchas inconsistencias en este caso” por lo que exigieron “que se aclare todo de manera puntual y se esclarezca con total apego a derecho”. Zavala afirmó que salieron a las calles para defender a los militares que cumplen con su deber, que trabajan por la seguridad de los ciudadanos.

“Se están jugando la vida y por eso salimos a defender a los soldados que se enfrentan a los sicarios del crimen organizado”, añadió.

La marcha fue respaldada también por la Fundación Jesús Gutiérrez Rebollo, dirigida por César Mario Gutiérrez, hijo del general que fue sentenciado a 40 años acusado de proteger al cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”.

El dirigente de esta fundación, que apoya a militares procesados, explicó que “no es posible que a los militares se les encomienden tareas de seguridad pública y no tengan mecanismos para defenderse ni se les permita la defensa de sus derechos”. Añadió que en México se castiga una acción de desobediencia como si fuera un delito y señaló que exigen que no se procese a los militares por delitos que no han cometido ni se les torture para que que confiesen esos delitos

Los manifestantes entregaron al Gobierno un documento donde exponen los casos de varios de militares que, según los familiares, han sido procesados de manera injusta.