El drama de María Luisa

Los intensos mareos comenzaron a debilitar a María Luisa. Tuvo náuseas y jaqueca. También fuertes dolores estomacales. Tras la insistencia de sus familiares decidió acudir, a principios de enero, a un consultorio cercano a su hogar. La mujer de 24 años pensaba que podía tener de todo, menos lo que realmente padecía. Algo que ni siquiera imaginaba y que le cambiaría por completo su vida. “Estás embarazada”, le dijeron en el centro asistencial. La noticia la descolocó, pero no al nivel de la información que recibiría unos cuantos meses después.

La oficina de Protección de Derechos de la infancia (OPD) de Punta Arenas solicitó una medida de protección al tribunal de familia con el objeto de resolver sobre una eventual tuición de la guagua. María Luisa contaba con 7 meses de embarazo y el sólo hecho de dejar en manos de otras personas a su futura hija la aterrorizó. La razón de la entidad estatal -dependiente del Sename- se fundaría, según indica la denuncia, en las condiciones “deficientes” de habitabilidad del hogar de María Luisa y expone, sin entrar en detalles, sobre la “discapacidad mental moderada” de la madre. María Luisa finalmente fue madre de una robusta niña en agosto. Lorena, la recién nacida, quedó desde entonces en custodia de su abuela. La paradoja del asunto es que la mujer, al igual que María Luisa, también padece discapacidad cognitiva y viven en el mismo hogar. Una resolución que hoy tiene enfrentados al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Sename y el Servicio Nacional de la Discapacidad.

LA MARI

María Luisa vive en la población Cardenal Silva Henríquez de Punta Arenas, junto a su hermano José, también con discapacidad mental, y su madre María Ariela. Todos son analfabetos. El hogar cuenta con apenas dos piezas y una cocina. La familia se mantiene, según consta un informe social, con dos pensiones básicas solidarias que retira sagradamente la madre una vez al mes. María Luisa al comienzo no entendía los cambios que repentinamente comenzaron a modificar su cuerpo. “Le crecía la guatita y le molestaba porque creía que estaba engordando”, cuenta Viviana Romero, subdirectora de la Unión Nacional de Padres y Amigos con Discapacidad (UNPADE) de Punta Arenas, lugar al que María Luisa asiste hace siete años.

Romero se enteró del embarazo de María Luisa en marzo, al comenzar el año laboral en UNPADE. Allí supo que su nuevo corte de cabello era signo de las primeras dificultades que enfrentó en su familia: “Su mamá se lo cortó como manera de castigo. Se sentía fea. En un comienzo no asumió su maternidad como algo bonito”. Algo que también percibió Melissa Hichins, terapeuta ocupacional del mismo recinto, quien al enterarse del caso decidió trabajar el proceso de maternidad junto a María Luisa. Poco a poco la joven madre comenzó a asumir su nuevo rol. “Tenía los mismos miedos, las preocupaciones por hacerlo bien como cualquier otra mujer. No hubo mucha diferencia entre el proceso de una madre sin retraso mental y ella”, recuerda. El caso de María Luisa no le era ajeno. Hichins, el año 2012, realizó su tesis de grado sobre madres con discapacidad intelectual en Punta Arenas. En ella explica que las personas con retraso mental leve, que corresponden al 85% de las discapacidades cognitivas, son capaces de desarrollar habilidades sociales que les permiten vivir en comunidad, ya sea de modo independiente o en instituciones supervisadas. En casos de estrés, asegura, las dificultades presentes en la crianza pueden requerir algún tipo de apoyo profesional.

Para Viviana Romero, quien conoce de cerca el caso, la joven estaría perfectamente capacitada para atender a su hija. Hay un detalle que, al igual que la entrega de tuición a su madre, resulta revelador y no menos paradójico: María Luisa, junto a su madre, cuidan de su hermano menor que padece retraso mental severo. El muchacho, además, tiene encefalopatía y epilepsia. De ahí que el cuidado del nuevo miembro familiar –la tuición para ser más preciso- sea un tema de discusión entre especialistas. Uno de los problemas radicaría, según Melissa Hichins, en las evaluaciones que se efectúan para definir los casos de discapacidad en nuestro país.

-En Chile todo se evalúa a base el coeficiente intelectual y no como se está haciendo a nivel internacional, al considerar múltiples factores a la hora del análisis, como lo es su relación con el entorno, por ejemplo. En el fondo, ver sus habilidades para la vida- explica.

Hichins, quien acompañó a María Luisa desde el comienzo de su embarazo, asegura que la mujer ha tenido avances “sorprendentes y significativos”. Tanto así, asegura, que su discapacidad ni siquiera es reconocida a simple vista. Los progresos, sin embargo, no impidieron que a dos meses de dar a luz el juzgado de familia de Punta Arenas interpusiera una medida de protección en favor de la lactante. Los problemas para María Luisa no terminaron ahí. La familia del supuesto padre del bebé, Manuel, también discapacitado cognitivo, quien es compañero y pareja de la joven en un taller laboral, pidió una prueba de ADN para determinar la paternidad.

-La familia le dijo que “la Mari” coqueteaba con varios hombres del centro y, como estuvieron separados un tiempo, piensan que puede ser de otro. Yo creo que el tema principal es económico: como son de situación vulnerable, les parece muy mala idea tener que asumir nuevos gastos- explica Viviana Romero.

LA LEY
Los derechos de las personas discapacitadas están descritos en leyes y tratados internacionales. En Chile la ley 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de discapacitados, señala que a todas las personas con discapacidad se les debe asegurar “el derecho a constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva”. Además, Chile adscribió a la “Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”, donde se señala que se deberá respetar el derecho de estas personas a “decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener”. Además, asegura los derechos y obligaciones “en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños”.

Es por esta razón que la medida de protección solicitada por la OPD–derivada desde el Senadis- haya generado tanta controversia institucional. El coordinador de la Oficina de Protección de la Infancia en Punta Arenas Hugo Barría, señala que la solicitud responde a una necesitad de activar una red asistencial debido a las “deficientes condiciones de habitabilidad” en el hogar de María Luisa y su pronta derivación a un centro de calificación familiar. La terapeuta Melisssa Hichins, a su vez, critica tanto el procedimiento como el contenido de la denuncia presentada. “Primero la OPD se pronuncia frente a este caso sin haber hecho ningún informe. (En la parte económica), se les hace difícil la compra de pañales, cierto, pero son muy afiatados como familia y conscientes de la importancia de trabajar. ‘Si no trabajo no puedo criar a mi niña’, me dice María Luisa”, argumenta Hichins.

Para Milena Yankovic, directora del Senadis en Punta Arenas, la medida implementada por la OPD no figura como “amenaza” a la tutela de la madre. Más bien, reconoce, habría operado ante la voluntad de ciertos organismos e instituciones que buscarían entregar en adopción a la hija de María Luisa. “Lo que había eran sospechas… Si tú no intervienes, de pronto pasa. Puede que ya hayan ocurrido casos así y que tú ni yo estemos enterados”, agrega. Consultada sobre de cuáles instituciones se trataría, Yankovic, se limitó a contestar “cualquiera”.

A diferencia de su par de Punta Arenas, el director nacional del SENADIS, Mauro Tamayo Rozas, considera que la medida de protección “parte de una presunción equivocada”. “Es una discriminación arbitraria, porque a pesar de que la intención es proteger a la niña, lo que se hace es una sustitución de derecho. Se piensa o se presume que estas personas son incapaces de criar”, explica.

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, piensa que en este caso han operado principios equivocados. “Vemos que este caso responde a una tendencia a asumir que las mujeres, por el sólo hecho de contar con una discapacidad mental moderada o leve, no están en condiciones para ejercer su maternidad”. A su juicio, es siempre mejor optar la crianza por parte de la madre biológica, a menos que “la discapacidad mental sea severa y que le impida en términos prácticos la maternidad”.

El pediatra de la hija de María Luisa, Carlos Reyes, comparte la visión planteada por Fríes. “Hay que darle la oportunidad a las mamás discapacitadas, siempre y cuando estas discapacidades no sean mayores, como un postramiento”, asegura. Si bien considera que la mentalidad de María Luisa corresponde a “una chica de 14 años”, reconoce que sus capacidades no son invalidantes en materia de crianza. “Por puro nerviosismo a veces le costaba calentar una mamadera, otras veces olvidaba tapar a la guagua, pero son aspectos completamente subsanables. En el caso de la crianza a los hijos, el amor es más importante que la inteligencia”, agrega.

El tribunal de familia de Punta Arenas basará su sentencia en una evaluación psicosocial a cargo del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Clyde Tucker, perteneciente a la Iglesia Metodista de Chile. Mientras, la tuición quedó en manos de María Ariela, la abuela de la menor hasta febrero de 2015. Recién ahí sabrán si la pequeña Lorena se queda con ellos o será entregada en adopción.