Pentagate: los abogados defensores del caso que tiene tiritando a la clase política y empresarial

Para cualquier penalista, el caso que sustancia el fiscal oriente Carlos Gajardo, conocido como el Pentagate, es un dulce jurídico. Y no sólo por los altos honorarios, sino por el desafío de una indagatoria inédita desde que comenzó la reforma en junio de 2005, que involucra al poder político y empresarial, supuestos aportes ilegales a campañas, entre otros.

El caso que lleva Gajardo es una separación de la arista central de la investigación por devoluciones ilegales del FUT que hasta ahora revela un perjuicio fiscal que supera los 2.500 millones.

Los profesionales del derecho que están representando a los distintos imputados en el Pentagate, han tenido visibilidad pública, salvo el que contrató recientemente el presidenciable de Fuerza Pública Andrés Velasco. Se trata de Manuel Garrido Illanes, quien es conocido por su reserva y mantiene una oficina propia, por cierto de menor tamaño de los grandes estudios. Nunca habla con los medios, es experto en delitos económicos y amante de Bookdepository, una librería en línea donde pueden encontrarse libros en distintos idiomas que nunca llegarán a Chile. Como su colega de Grasty y Compañía, el penalista Claudio Feller, no bebe una gota del alcohol.

Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín -controladores del grupo Penta- son patrocinados por el estudio de Davor Harasic y Julián López.

Délano y Lavín, actualmente, enfrentan sendas denuncias interpuestas por el SII ante la Fiscalía Oriente. La primera por boletas ideológicamente falsas, emitidas a sus esposas por trabajos no realizados. La segunda los incluye a ambos en la arista política, por los presuntos aportes ilegales a campañas políticas, como también facturas que habrían pasado por la corredora de bolsa de Penta y el banco del mismo holding. Estas contribuciones habrían llegado -se sabe hasta ahora- a Velasco, los UDI Iván Moreira, Laurence Golborne, Ena Von Baer, Claudio Zalaquett, Jovino Novoa, entre otros.

Pues bien, Davor Harasic es un reconocido penalista y su estudio, uno de los más caros del foro. Fue abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en esa calidad tramitó el llamado caso “Pinocheques”, donde el hijo del dictador, con platas institucionales del Ejército montó una empresa de armas que quebró. En su oportunidad, cuando el proceso debía ser apelado para conseguir que Pinochet junior fuera encausado, el entonces Presidente Eduardo Frei rechazó la estrategia del CDE. Harasic renunció en el acto, granjeándose una buena imagen entre los grupos ligados a la defensa de los Derechos Humanos. También habla el idioma croata.

Ligado al MAPU en los círculos políticos, es abogado, profesor y magíster de la Universidad de Chile y según sus colegas de la facultad de Derecho, se está postulando para el decanato, cuyas elecciones se prevén para los próximos meses. La clase que dicta es derecho procesal.

Harasic lideró Chile Transparente, y desde allí promocionó iniciativas para terminar con el secretismo en el Estado y evitar la corrupción. Defendió al Instituto de Salud Pública en 2007 -en el primer gobierno de Bachelet- cuando la derecha intentó evitar que se distribuyera la píldora del día después. También defendió a La Moneda, cuando la oposición recurrió al Tribunal Constitucional (TC), por el nombramiento de Carolina Tohá como ministra secretaria general de Gobierno en 2009, siendo diputada, entre otros casos.

Entre los abogados del foro es admirado por sus conocimientos, aunque también destacan su personalidad fuerte. También destaca ha sido parte del ranking de la publicación británica Chambers and Partners, como uno de los litigantes más importantes de Chile.

Cara visible

Su socio en el mismo estudio, Julián López, le sigue en conocimientos, pero no en años de trayectoria, sólo por la diferencia de edad. También es especialista en derecho penal, profesor de la Universidad de Chile -su alma mater- y master de Harvard. Se desempeña en otras ramas del derecho como civil, comercial y constitucional. Pertenece al exclusivo grupo Harvard Club de Chile que reúne a quienes pasaron por esa casa de estudios gringa.

Actualmente ha sido la cara visible del caso Penta, representando a Lavín y Délano. Recientemente presentó un escrito en el Octavo Juzgado de Garantía para tener acceso a la carpeta de investigación del caso, pero el tribunal rechazó su petición. Ello porque la indagatoria se encuentra reservada, ya que se indaga bajo el delito de lavado de dinero. Esto permite al fiscal mantenerla en esa calidad durante seis meses. El plazo termina en diciembre.

López defendió a Andrés Contardo, un ingeniero que trabajaba para el registro civil y la empresa Tata, que ganó una licitación para modernizar el sistema informático, pero que luego derivó en una investigación de la Fiscalía Centro Norte. Fue conocido como el caso Registro Civil.

En enero de 2009 participó en una audiencia de “cautela de garantía” a favor de Contardo, formalizado entonces por revelación de secreto, ya que entregaba datos a a la multinacional india para que accediera a los datos de la licitación por 80 millones de dólares antes que sus competidores. En la oportunidad, López alegó junto a Manuel Garrido Illanes, precisamente quien patrocina a Andrés Velasco.

López fue defensor en el mismo Ministerio Público, por la investigación que llevó al fiscal Macarena Cañas en contra del clan Ossandón Larraín, quienes fueron “liquidados” el SII al no pagar impuestos, imponiéndoles una multa del 220 millones de dólares.

En el mundo del derecho siempre existen alianzas entre los estudios para coordinar defensas frente a la fiscalía.

Entre sus colegas se admite que es una chance, ya que los aportes de platas políticas afectan a Délano y Lavín y Velasco podría caer en la misma bolsa del fiscal Gajardo. Sin embargo, otros defienden la independencia y reserva de Garrido Illanes en los casos que decide patrocinar, por lo que descartan una alianza con Julián López.

El ex director

En el mismo caso Penta, ex el director del holding Hugo Bravo, es patrocinado por Katherine Lathrop y José Pablo Forteza, ambos del estudio de Gonzalo Insunza, quien es reconocido por su elegancia en el vestir, sus corbatas y una sortija de tres anillos.

Forteza e Insunza provienen del estudio de Juan Agustín Figueroa (el “cucho”) un profesional ligado al radicalismo, amigo del fallecido Ricardo Claro y miembro de la Fundación Neruda.

Hace algunos años Insunza armó su propio bufete, cuyas oficinas están en plena avenida Kennedy, frente al Parque Arauco. Hoy la mayoría de los estudios importantes tienen su cuartel general en la zona oriente de Santiago.

Insunza gusta de las armas de colección y en los 90 patrocinó a la PDI, en el marco de un proceso ligado al asesinato de Jaime Guzmán por parte del FPMR, conocido como “el traslado de armas”. En dicha investigación defendió a un detective de inteligencia, quien logró la infiltración del Destacamento Mirista Pueblo en Armas que planeó un atentado en contra del UDI Joaquín Lavín.

En la oportunidad logró revocar el auto de procesamiento dictado por la Justicia Militar en la Corte Suprema, en momentos en que el gobierno de Frei enfrentaba serios cuestionamientos por el actuar de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) heredera de “la oficina”, en su lucha contra la subversión.

Forteza también es jurista de la Universidad de Chile y se especializa en derecho penal y económico, ha llevado distintos procesos. Fue querellante en el caso bombas por la empresa “Hoteles de Chile”, investigación de la Fiscalía Sur que terminó con todos los imputados absueltos y el serio cuestionamiento al entonces jefe de ese Ministerio Público Alejandro Peña.

También defendió en el caso MOP-GATE, al ex ministro del ramo durante el gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz.

Y además

Actualmente, Bravo enfrenta dos denuncias del SII. La primera por obtención de devoluciones del FUT por 260 millones a través de dos sociedades. Este hecho que desató el Pentagate, fue conocido gracias a la confesión del fallecido martillero Jorge Valdivia, un sujeto con vínculos CNI y que le ayudó, junto al el funcionario del tata fisco, Iván Álvarez, a cometer el delito.

Junto a esta acción legal, enfrenta una querella por amenazas presentada por Délano y Lavín, luego que enviara un sobre y efectuara una llamada al ex senador UDI y asesor de Penta, Carlos Bombal, en donde le solicitaba la devolución de un dinero adeudado, como también “amarrarlos con el fiscal”.

En el caso Penta, al igual que Julián López, Forteza le solicitó al Octavo de Garantía acceso a una parte de la carpeta, fundamentalmente la denuncia del SII y los correos electrónicos. En la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, sostuvo un áspero alegato con el fiscal Gajardo. Este último, en todo caso, se salió con la suya, ya que el magistrado a cargo, Sergio Córdova, mantuvo el secreto de la investigación. En la audiencia también participó Lathrop.

Lathrop es una ex defensora penal pública que tiene una especialización en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Abogada de la Universidad Andrés Bello, dicta cursos de capacitación en la Defensoría.

Ha llevado casos bullados, desde el estudio Insunza. Entre ellos destacan la representación de los dueños de la mina San José, donde estuvieron atrapados “los 33”. También el caso conocido como “miscuentas.com”, por el delito de apropiación indebida, donde defiende a los hermanos Manuel y Nicolás Cruzat Valdés.

Bravo también mantiene un juicio en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, por despido injustificado, donde solicita 2.300 millones. En este caso es representado por la oficina experta en esta rama del derecho, del abogado Anderson Weldt Umaña. En su oficina luce variados diplomas, entre ellos el de sus estudios en Estados Unidos.

En la acción legal que presentó este profesional, reveló grabaciones a Carlos Eugenio Lavín, las que se hicieron en la casa de Bravo. En ellas -de acuerdo a la demanda laboral- Lavín le indicaría que fuera prudente en sus declaraciones ante el fiscal. Ello derivó en el anuncio de querella por parte de los controladores de Penta, basada en el delito de captación ilegal de audios. Hasta ahora no es ingresada en el Cuarto de Garantía.

La contabilidad

Otro de los imputados en el caso Pentagate es el contador del holding Marcos Castro. Este último está denunciado por el SII, luego que aprobara las boletas ideológicamente falsas de Délano y Lavín en favor de sus esposas.

Ha declarado en cuatro oportunidades. La primera con un abogado del estudio Alcaíno, quienes representan a Penta en sus temas tributarios. Tanto en la segunda como en la tercera ocasión, Castro se reservó el derecho a guardar silencio ante el fiscal.

Castro, un profesional que ha hecho toda su carrera en el grupo, quiso separar aguas con sus empleadores. Por esta razón contrató los servicios de Rodrigo de la Barra, un ex fiscal de la zona oriente y Coquimbo, también cercano a Gajardo.

Actualmente labora con el estudio de Juan Pablo Hermosilla y Samuel Donoso. Es abogado de la Universidad Diego Portales, profesor de esta última y la Universidad Católica.

Es magíster en Instituciones Legales en Estados Unidos, de la Universidad de Winconsin. Fue uno de los primeros fiscales en renunciar al Ministerio Público en busca de mejores oportunidades en el mundo privado.

Como fiscal, de la Barra llevó la investigación en contra del ex ejecutivo del BBVA -defendido por Luis Hermosilla- Jorge Tocornal, logrando una condena de 15 años por abuso sexual.

En tanto, en su calidad de penalista privado, patrocinó a la familia de Macarena Casassus, quien falleció, luego de ser atropellada en estado de ebriedad por Johnny Herrera, el arquero de la Universidad de Chile.

El autor

En el caso también participa el estudio de Carlos Cortés y Sergio Rodríguez Oro. Ambos patrocinan a Iván Álvarez, un ex SII, quien es el ideológo de las devoluciones ilegales del FUT, formalizado por cohecho, lavado de activos y delito tributario. Continúa en prisión preventiva, aunque por consejo del estudio ha colaborado con la investigación.

Cortes cuenta con estudios de postgrado en España y Estados Unidos y ha llevado una serie de casos, entre ellos como defensor en la investigación a la empresa Kodama, patrocinando a una asesora de la ex ministra de Vivienda de la administración Piñera, Magdalena Matte.

EL bufete ha sido considerado uno de los mejores en materia de especialización de delitos económicos por la publicación británica, Chambers and Partners.

Ambos representaron al principio del caso no sólo a Álvarez, sino también al contador Sergio Díaz, su cómplice en las andanzas tributarias ilícitas. Está imputado por los mismos ilícitos que Álvarez, además de soborno, más no el cohecho que sólo recae en los funcionarios públicos.

Sin embargo, Díaz, debió cambiar de estudio, ya que tanto Cortés como Rodríguez Oro, estimaron que se producía un conflicto al defender a ambos. Por esta razón, Díaz designó como patrocinante a Vinko Fodic, un ex fiscal del Ministerio Público Oriente, quien fuera jefe de Carlos Gajardo y participaran, entre otros casos, en el allanamiento a La Moneda, en busca de correos electrónicos para una investigación sobre el uso de dineros, para la puesta en marcha del primer gobierno de Michelle Bachelet en 2006.

Fodic también representa Mitzi Rodríguez, esposa de Díaz, luego que dejara su defensa el ex fiscal de la zona sur Juan Pablo Buono-Core, como se lee en el sistema del Poder Judicial.

Lo que viene

El abogado Giorgio Marino, también está cerca del caso Pentagate, aunque en una arista que aún no comienza. Este último patrocina al empresario Jorge Charbín Lautaris, quien acusa que a través de Penta Capitales de Riesgo (PCR) lo dejaron fuera de “Vidrierías La Argentina”, donde era socio mayoritario.

Marino anunció recientemente una querella por estafa y apropiación indebida, la que debiera ser interpuesta en los próximos días, tal como publicó este diario.

Actualmente comparte estudio con el ex fiscal Alejandro Peña. Su oficina está en Avenida Las Condes.