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“No me gusta decir estas cochinadas, pero bueno, si me preguntan tengo que decirlo”. María Inés Arribas mira al suelo y de su bolso saca una hoja que por un lado dice: “Cesantía para los residentes: no más limpiar veredas, recoger la caca, lavar los vómitos, recoger condones”. Al reverso hay un dibujo de Camilo Mori del ’61: “Son unos mojones mirando a otro. Esto representa lo que vivimos los vecinos”. María Inés es arquitecto y la presidenta de la Asociación de Residentes del Patrimonio Bellavista. Vive hace más de 30 años en el sector y llegó temprano a escuchar el concejo municipal donde se abordó el tema de la ordenanza municipal que restringe el horario de la venta de alcohol en cinco barrios de Providencia: Bellavista, Providencia y Nueva Providencia, Tobalaba, Manuel Montt y Santa Isabel.

La ordenanza, que entró en vigencia el 13 de octubre, señala que bares y restaurantes que actualmente venden alcohol hasta las 04:00 de la mañana podrán funcionar hasta las 02:00 y que las discotecas podrán abrir hasta las 03:00 los sábados y vísperas de festivos. Además, las botillerías podrán vender alcohol sólo hasta las 23:00, excepto las ubicadas en Bellavista que sólo podrán hacerlo hasta las 22:00. Algunos aspectos particulares de la aplicación de la norma, sin embargo, no quedaron suficientemente claros, por lo que el concejal Nicolás Muñoz pidió una aclaración a la Dirección Jurídica de la Municipalidad, para que tanto Carabineros como los inspectores municipales, los vecinos y los mismos locatarios tuvieran claro hasta qué hora podían abrir y bajo qué circunstancias.

La petición de Muñoz, sumado a sus declaraciones y del concejal Jaime Parada en las que se mostraron abiertos a dialogar, fue interpretada durante el concejo de ayer como una intención de revisar o modificar la ordenanza. El concejal Rodrigo García pidió la palabra para señalar que no estaba de acuerdo en formar una comisión para discutir los alcances de la normativa cuando ya se había discutido y promulgado por cinco votos a favor, dos abstenciones y un voto negativo: “Aquello querría decir que dictamos una ordenanza sin saber sus alcances y sin saber cuales efectos iba realmente a producir”, señaló García agregando que “a mí me basta con ese informe que ha hecho la Dirección Jurídica que precisa los alcances. Si hay una inquietud de parte de uno o más concejales respecto del tenor mismo de esta ordenanza, lo que corresponde es plantear derechamente su modificación y los fundamentos para la misma”.

A esa hora la Sala de Concejo la llenaban, además de los funcionarios, vecinos que habían llegado a dar su apoyo a la normativa: “Ahora que podemos dormir, no nos vamos a rendir”, dictaba uno de los papeles impresos que repartieron a la salida. “Los vecinos en democracia, a la alcaldesa le damos gracias”, se leía en otro. Muñoz luego aclararía que su petición buscaba evitar confusiones “porque hubo empresarios que empezaron a cerrar más temprano que la hora que nosotros habíamos propuesto. Y la idea tampoco es pasarse de los límites que hemos estado estableciendo”. Añadió, sin embargo, que esto no debe interpretarse como una posibilidad de modificar la norma, aunque insistió en que está disponible para dialogar: “Todas las políticas públicas después de un cierto tiempo tienen que evaluarse en términos de cuál fue el impacto que lograron. Aquí estamos buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos y en algún plazo, que ciertamente no es de dos o tres semanas, tenemos que ver cuánto se ha beneficiado a los vecinos. Y si es que de eso surge la necesidad de aplicar alguna corrección o perfeccionamiento, no vamos a tener ningún problema en hacerlo. Lo que no queremos son estos desbalances que finalmente lo que hacen es empobrecer la calidad de vida de los vecinos”.

Cerca del mediodía el vestíbulo del edificio municipal comenzó a llenarse. Los vecinos discutían con algunos locatarios y con la prensa. María Inés pedía sin éxito expresar su posición ante las cámaras y en el concejo se pasaba a otros temas. Fernándo Bórquez, presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Locales Nocturnos (Anetur) mantenía las declaraciones que ya había entregado a la prensa: “Van más de 800 despidos y hay al menos un centenar de locales en estado crítico”, reiteró. Señaló que la información ha sido recopilada por él mismo en base a lo que los locatarios le han dicho. El concejal Parada, sin embargo, señaló que Bórquez es un interlocutor poco válido, ya que “ha mentido sistemáticamente ante la prensa”. Aunque Bórquez insistió que Santería, Boudoir y El ladrón de bicicletas han cerrado como consecuencia de la ordenanza, Parada señaló a este medio que “Boudoir tuvo su último evento hace más de un mes, mucho antes de la ordenanza, porque usaban su patente para algo que la ley no les permitía. El Santería es un club que este año en julio no se le renovó la patente precisamente porque ejercían ilegalmente como discoteca. Y el Ladrón de Bicicletas no tiene nada que ver con la ordenanza”.

Otro de los empresarios presentes fue Álvaro Jadue, gerente del Patio Bellavista, que hace dos meses recibió un premio de parte de los vecinos. “Nos estaban premiando y ahora nos están castigando. Nosotros siempre nos hemos preocupado del bienestar de los vecinos”. Jadue señaló que en ese recinto se han despedido a unas 20 personas y las ventas han bajado en un 20%.

Parada, por su parte, señaló que las cifras de Bórques no han sido demostradas y que está dispuesto a dialogar con un representante que “no mienta ni tergiverse para justificar sus argumentos. Los locatarios, no todos, pero especialmente los que han llevado la voz más fuerte, han recurrido a una serie de argumentos falaces para defender sus intereses. Y eso para mí en lo personal es una barrera que tiene que derribarse. Y la única forma es buscar interlocutores que hablen con la verdad y con los cuales podamos sentarnos a conversar porque sí hay concejales que estamos dispuestos a revisar la ordenanza”.

Fue el concejal Pedro Lizana quien mostró una postura más tajante al proponer que la normativa no generaba mayor aporte porque “se estableció aquí que la delincuencia está asociada a los bares, y eso no es así”. El representante además propuso instalar cámaras y monitores de ruido para resolver los conflictos entre vecinos y locatarios. Se sumó a la petición de los concejales Noguera y Cruz de suspender la ordenanza hasta que se resuelva el conflicto y agregó que “se pide la opinión a los vecinos antes de entregar una patente”. La alcaldesa, Josefa Errázuriz, le recordó que esa opinión no es vinculante y que en sus días como dirigenta le tocó ver cómo se entregaban patentes independiente del malestar de los residentes: “La ordenanza no fue sacada de un sombrero”, aclaró.

Las polémicas campañas: dictadura y homofobia
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La manifestación estaba convocada para la una de la tarde, y aunque algunos locatarios llegaron antes, ninguno estuvo presente en la discusión de la ordenanza que se realizó pasadas las 10 de la mañana en el concejo municipal. Cuando ya la mayoría de los concejales se había ido de la Municipalidad, cerca de un centenar de manifestantes se enfrentaron a los vecinos. Levantaron varios carteles producidos en serie en que se leía: “Yo amo Bellavista bohemio” y tres lienzos en los que se comparaba la dictadura con la administración de Josefa Errázuriz. Otro, además, mostraba al concejal Parada y hacía burla de su orientación sexual: “Fausto funciona en horario normal”. En una camioneta se exhibían también los videos de la campaña contra la ordenanza.

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Frente a estas campañas, y sobre todo ante la posibilidad de que sigan aumentando, el concejal García señaló que “éstas no representan a los vecinos de la comuna” y propuso realizar un plebiscito vinculante que, según él, demuestre el apoyo de los vecinos a la normativa. Muñoz, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la opción “porque se tomaron los caminos que establece la ley para estas medida. Todos los que votamos somos responsables de nuestros votos, fuimos elegidos democráticamente”.

Parada, por su parte, dijo estar dispuesto a revisar la polémica ordenanza “siempre y cuando se use con la acepción de aclarar. De esa revisión y de esa aclaración pueden salir matices a esta ordenanza”.

Mientras los vecinos comenzaron a irse y los manifestantes aumentaron el volumen de las consignas contra los despidos y su derecho a trabajar, Pedro Torres, presidente de la junta de vecinos que incluye al barrio Santa Isabel, quiso dejar en claro que el tema va más allá de “recoger la caca y esas cosas. Aquí hay algunas personas que defienden su derecho a ejercer su libertad sin ninguna restricción y se nos olvida que estamos viviendo en agrupaciones, en la ciudad. Ellos suponen que en el barrio de Santa Isabel pueden hacer lo que quieran porque es un barrio más modesto, eso es clasismo, eso no lo hacen en los sectores donde viven”.