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Nacional

11 de Noviembre de 2014

Estudiantes demandan a la U. del Mar por incumplimiento de contrato y preparan acciones contra el Mineduc y el Estado

La primera de las tres demandas que prepara un grupo de 120 ex estudiantes de esa casa de estudios será presentada hoy en Valparaíso por incumplimiento de contrato. El texto acompaña hasta convalidaciones realizadas por la falsa médico y Jefa de Enfermería en la sede Maipú, Tania González. Las próximas acciones legales serán una demanda administrativa contra los encargados de la reubicación en el Mineduc, que podría llegar hasta a Eyzaguirre, y una demanda al Estado fundamentada en un informe del ministerio de 2004 que alertaba la “pérdida de calidad” en el plantel, años antes de su acreditación.

Por

Universidad del Mar

Desde la inexistencia de campos clínicos ofrecidos para las carreras de salud hasta la docencia de profesores con títulos falsos. Esos son algunos de los argumentos con los que 120 ex estudiantes de la Universidad del Mar buscarán comprobar el “incumplimiento de contrato” del plantel, mediante una demanda civil que presentarán hoy en contra de sus controladores.

Según Valeska Concha, del estudio jurídico Manríquez&Concha, la demanda es la primera de una serie de acciones legales que este grupo presentará, que incluirá también a los encargados de su reubicación y al propio Estado por no haber atendido un informe de junio de 2004 que alertaba sobre la expansión de la universidad.

Concha, asesora jurídica del grupo de ex estudiantes junto a Ernesto Manríquez, señala que dentro de la demanda por incumplimiento de contrato se encuentran anomalías tales como contratos de convalidación de estudios -cuando un estudiantes cambia de universidad y homologa lo estudiado en la institución anterior- firmados por la ex jefa de la carrera de Enfermería y falsa médico, Tania González.

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La mención de González, así como de Héctor Letelier Pantoja -el otro médico falso y profesor de la UDM-, también pueden ser consideradas como medidas incontractuales como profesores que no contaban con el título profesional para ejercer la profesión.

De tener éxito, la demanda podría obligar a la Universidad del Mar a restituirle a los estudiantes el dinero invertido en la casa de estudios e incluso un monto extra por perjuicio o daño moral. Esto, ya que según Concha, el incumplimiento de contrato de la universidad es un hecho muy difícil de desmentir.

Hace unos días, el Mineduc determinó aplazar el cierre definitivo del plantel ante la solicitud del rector del plantel, Patricio Galleguillos, por la existencia de 3.090 estudiantes que aún no terminan su proceso de titulación o están con ramos pendientes.

AL ESTADO Y EL MINEDUC

Sin embargo, esta no es la única acción legal que preparan los ex estudiantes. También están trabajando en una demanda administrativa en contra de los encargados de su reubicación. En específico, esta acción representa fundamentalmente a alumnos de Medicina de la UDM que no han podido ser reubicados.

Esto recaería principalmente en la encargada del Ministerio de Educación del cierre de la UDM y la reubicación de sus estudiantes, Magdalena Garretón, pero podría escalar a Francisco Martínez, actual jefe de la división de Educación Superior del Mineduc; e incluso a la subsecretaria Valentina Quiroga o el propio ministro Eyzaguirre.

Pero de todas maneras también podría complicar a los ex encargados de reubicación, específicamente el equipo que trabajó el último año de Gobierno de la administración Piñera, con Carolina Schmidt a la cabeza.

Según los estudiantes, esto se debe al escaso apoyo que han recibido para continuar con sus estudios en otras instituciones. Según Concha, ya han pasado dos años desde el cierre del plantel y todavía hay miles de estudiantes esperando la reubicación.

Sin embargo, una de las demandas más complejas está dirigida al Estado, por su responsabilidad en la crisis que desencadenó en el plantel universitario en 2012 y que terminó con su orden de cierre.

Según la jurista, la responsabilidad del Estado al no estimar conveniente un informe elaborado por el Consejo Superior de Educación (CSE) sobre la expansión de las universidades Del Mar, Santo Tomás, De las Américas y el Instituto Profesional AIEP.

El informe alertó en su momento el acelerado crecimiento y expansión de estos planteles y en particular sobre la UDM comprobó serias falencias, que fueron informadas al ministro de Educación de la época, Sergio Bitar, y a las universidades.

Según el documento, los datos analizados indicaron que entre los años 2001 y 2003 la matrícula de pregrado creció un 161,8% y que desde 2002 -año en que se certificó su Autonomía Institucional- al 2004 la matrícula total fue superior aun 277%

“Gran número de sedes podría ser de nivel mínimo, con una formación profesional con falencias serias. El crecimiento en número de sedes y carreras de la Universidad del Mar ha ido aparejado de un claro deterioro de todos los indicadores educativos y de la biblioteca de la Universidad, lo que hace suponer una reducción significativa en la calidad docente”, decía el informe, que premonizó la crisis en la que hoy están sumidas las casas de estudios.

Lo peor es que posterior al informe y años antes de la acreditación, el año 2006 el plantel ya tuvo problemas con estudiantes de Medicina que no contaban con elementos básicos para la docencia ni otros que venían estipulados en los contratos de prestación de servicios educacionales con la UDM. Situaciones así se repitieron en 2008, 2010 y finalmente en 2011 y 2012, año en que la universidad perdió su personalidad jurídica.

The Clinic Online adelantó ayer que el fiscal a cargo del caso CNA, Carlos Gajardo, imputará los ilícitos de blanqueo de capitales, soborno y delito tributario a Héctor Zúñiga, uno de los principales controladores de la Universidad de Mar y ex rector de ese mismo plantel; y a Ángel Maulén, dueño de la Universidad Pedro de Valdivia.

La audiencia, que fue fijada para el próximo miércoles 19 de noviembre por el 8º Juzgado de Garantía, servirá también a la presentación de las nuevas demandas para comprobar el abandono e incumplimiento de contrato en que incurrió el plantel con sus estudiantes, según señaló Concha.

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