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Nacional

12 de Noviembre de 2014

Cura O’Reilly sigue oficiando misas privadas pese a la condena por abuso sexual de una menor

Esta situación podría cambiar tras la investigación del Vaticano. Por otro lado, penalistas debatieron sobre la libertad vigilada otorgada al cura estrella de los Legionarios de Cristo en Chile.

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Hasta que se tenga el resultado de la investigación encargada por el Vaticano, el cura de los Legionarios de Cristo John O’Reilly -condenado a cuatro años y un día de libertad vigilada por el abuso sexual reiterado de una menor que estudiaba en el colegio Cumbres- podrá seguir oficiando misas de manera privada.

“El oficia misas en forma privada diarias, como todos los sacerdotes, pero no está haciendo ninguna actividad de ministerio público. En el momento que se hizo la acusación, por prudencia dejó de hacer cualquier tipo de ministerio público”, explicó Phillip Van Nievelt, el vocero de los Legionarios

En ese sentido, Van Nievelt agregó que el sacerdote irlandés “no está oficiando misas públicas ni matrimonios ni confesando hasta que tengamos la resolución de la Santa Sede respecto a qué pasa con el juicio previo eclesial. Si hay una sentencia que lo inhabilita para ejercer oficios con menores, no puede oficiar misas a un colegio”, explicó.

Sin embargo, esta situación podría cambiar si es que se hace el juicio canónico y así lo determina la Santa Sede, que es la única que puede imponer estas medidas.

Se estima que la Santa Sede debería tener una resolución sobre este caso antes de fin de año, mientras que respecto a la condena dada a conocer por el Tribunal Oral de Santiago hay 10 días de plazo para recurrir de nulidad, lo que está estudiando la defensa de O’Reilly, tal como lo dijo ayer su abogado Luis Hermosilla.

Este miércoles, el diario La Segunda publicó un artículo donde tres penalistas se refirieron a las condición de libertad vigilada en que deberá cumplir la condena.

Para la profesora de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, “la pena fue mal impuesta (…) dieron vuelta los factores de determinación. Correspondían en primer lugar considerar la reiteración del delito y el hecho que es un religioso el que lo comete. Eso elimina de inmediato la parte baja del castigo, es decir el lapso entre los 3 años y un día y los cinco años”, cuestionó Santibáñez.

Por su parte, el profesor de la U. Diego Portales, Fernando Londoño, tildó de “inédita” la forma en que los jueces “ordenaron los factores para llegar al producto. Va contra la praxis tradicional”.

“Lo que hizo el tribunal es criticable, porque en la sentencia no es claro el razonamiento que los condujo, cuesta seguirlo”, se lamentó y añadió que “si el tribunal seguía cualquiera de los caminos tradicionales para imponer el castigo, el mínimo no habría bajado de los 5 años y un día. Eso implicaba cárcel”.

El jurista y profesor de la Chile, Miguel Soto Piñeiro, comparó , cita textual La Segunda, el castigo que se resolvió en contra del religioso a las penas que pueden sufrir los condenados por robo con fuerza en lugar habitado. “En términos abstractos este tipo de sanciones también se consideran para el delito de lesiones graves, dependiendo de cuánto tiempo esté inhabilitada la víctima”, dijo.

Para el profesor de la U. Andrés Bello, Francisco Estrada, “en este caso hubo dos grandes errores”.

Primero “se le otorgó el carácter de ‘muy calificada’ a la atenuante de irreprochable conducta anterior del sacerdote por tener nacionalidad por gracia. Sin eso, no le podrían haber rebajado la condena. Habría recibido una pena de 5 años y un día, sin poder optar a la libertad vigilada”.

Agrega que esa atenuante no correspondía porque “a mayores honores, la persona tiene mayores responsabilidades y agravantes ante la comisión de un delito. Esto no es al revés, la devaluación de su conducta, sobre todo en una persona que engañó al país”.

Lo otro es que “el sujeto no se reconoce culpable, no tiene disposición de ir o colaborar con la autoridad. Pero el tribunal determina que él, por ser licenciado en Teología y por su entorno, podrá reinsertarse sin problemas con la ayuda de un delegado”.

“Esto demuestra que el país no tiene ofertas ni programas de rehabilitación para quienes cometen delitos sexuales. El delegado no es necesariamente un siquiatra o sicólogo, puede ser un asistente social, un sociólogo, antropólogo, que conversa con el condenado una vez al mes y por una hora. No es una terapia de rehabilitación”.

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