El fracaso del centro “modelo” del Sename en Til Til

A pesar de la disconformidad del veredicto, el juicio vino a confirmar los diversos problemas que atravesaba el centro “modelo”. Ya conocido que un mes antes del homicidio de Daniel Ballesteros el Sename había dado término al contrato con Corporación de Educación, Rehabilitación y Capacitación (Cercap), durante las audiencias se revelaron los antecedentes del ambiente carcelario que reinaba en el recinto.

En la sentencia se señala que a pesar de que en el centro existía una infraestructura adecuada para la ejecución de programas de reinserción social para jóvenes -las instalaciones incluían piscinas y habitaciones con baño propio-, la institución encargada de la intervención estaba insuficientemente capacitada y además trabajaba con escaso personal de apoyo, permitiendo problemas disciplinarios entre los jóvenes que no era adecuadamente manejado.

Según el fiscal, esto se comprobó con las declaraciones de testigos del juicio, quienes dieron cuenta de la falta de control del centro. Incluso uno de los internos señaló que “los ‘profes’ sólo servían para abrir las puertas”, que la disciplina era mala y la seguridad paupérrima. Los internos confeccionaban armas hechizas con materiales del centro, como las que ocuparon en el crimen de Daniel, y quedó comprobado que si bien las puertas de los dormitorios no podían abrirse desde el interior, los internos igual se las arreglaban para salir de ellas.

El despedido director del recinto, Juan Carlos Bustos, señaló que las puertas quedaban con el pestillo pasado, pero sin candado, aunque nunca supo cómo las abrían. El día del crimen de Daniel Ballesteros ocurrió eso.

Además, como aseguró la abogada que representó a la familia de Ballesteros, se determinó que si bien las declaraciones de los internos parecían creíbles, estuvieron marcadas por la pretensión de entregar la menor cantidad de información que se les requería, lo que las hizo imprecisas, vagas y parciales.

Según un reportaje del diario La Segunda, este año se elaboraron algunos informes sobre Til Til que no lo dejaron bien parado. Uno realizado por la Corte de Apelaciones determinó que “no hay entre Sename y Gendarmería, al parecer, un protocolo para coordinar estrategias de seguridad al interior del centro” y un informe de diciembre pasado hecho por las Comisiones Interministeriales de Supervisión (creadas por el Ministerio de Justicia) señalaron que “no existía separación entre menores y adultos, tampoco por edad ni plan de intervención”.

Con todo esto, el otrora centro pionero, por el que el Estado desembolsó 11 mil millones de pesos, está en ascuas. A sus problemas de seguridad se le suman los de infraestructura. Según relató el jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal, Gonzalo Berríos, a La Segunda, el tenía serios problemas de suelo en septiembre pasado, habiendo “tres cabañas (de siete) que se están hundiendo y por ello son inhabitables”.

Consultado por esta razón, el Sename señaló a The Clinic Online que durante 2012 se efectuaron reparaciones en las fallas detectadas en los pavimentos de las casas del CMN, por la presencia de “arcillas expansivas” y que si bien los trabajos se hicieron sin contratiempos, este año volvió a presentarse esta situación en dos casas, “situación que se está abordando en conjunto con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Infraestructura de Sename y la Unidad Técnica del MOP”.

Respecto a la población del centro, el Servicio Nacional de Menores dice que efectivamente en octubre de 2013 se puso fin al contrato con Cercap tras diversas supervisiones técnicas y luego Sename se hizo cargo de esas prestaciones.

Tras lo ocurrido, se ordenaron diversos cambios, se realizó una nueva distribución interna y actualmente se encuentran 66 internos en 4 casas destinadas a jóvenes de alta, mediana y baja complejidad, con segregación interna entre menores y mayores de edad en pabellones diferenciados.

“La dotación actual cumple con los requerimientos técnicos arriba mencionados tanto para Educadores de Trato Directo (ETD), como Interventores Clínicos (IC) y Encargados de Caso (PEC). Esta dotación nos permite sostener dicho estándar hasta alcanzar 100 plazas ocupadas, cifra a partir de la cual se requiere aumentar el personal de trato directo”, señala desde el servicio. Eso sí, su proyección es que la demanda estará alrededor de 80 plazas. Cuando murió Daniel habían 91 e inicialmente estaba pensado para recibir hasta 300.