Caso Penta: jueza laboral solicita a fiscal Gajardo copia de correos incautados a Hugo Bravo

La jueza del Segundo Tribunal del Trabajo de Santiago Andrea Soler, solicitó al fiscal oriente Carlos Gajardo, que remita los correos electrónicos incautados al ex director de Penta Hugo Bravo, que constan en la investigación que hasta ahora se mantiene en secreto bajo la figura de lavado de activos.

La magistrada evacuó este oficio el 10 de diciembre, para que le sean enviadas las comunicaciones digitales de Bravo -tanto entrantes como salientes- realizadas en julio de 2014, último mes que trabajó en Penta. Lo anterior, en el marco del juicio laboral que tiene enfrentado a Bravo con los controladores de grupo, Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el que solicita una indemnización de $ 2.300 millones por despido injustificado.

En la misma línea, Soler requirió un informe del estado procesal del caso que lleva Gajardo, como también en qué contexto se realizó el pago de poco más de $ 1.200 millones que Bravo devolvió a Tesorería, luego que fuera descubierto por el Servicio de Impuestos Internos (SII), de haber recibido ilegalmente devoluciones del FUT a través de dos sociedades.

Al respecto, la magistrada busca conocer si el hecho le fue comunicado al fiscal Gajardo a través de sus abogados Catherine Lathrop, Gonzalo Insunza o José Pablo Forteza. Asimismo, cuándo el perseguidor penal dictó la primera citación al contador del holding, Marcos Castro, quien fue el primero en reconocer las boletas pagadas a políticos desde Penta por trabajos aparentemente no realizados, hecho que desató el llamado “Pentagate”.

Por lo anterior también remitió una orden a la Subdirección Jurídica del SII para que envíe la denuncia penal por delito tributario que ingresó al Ministerio Público Oriente el 29 de julio pasado. En dicho libelo se encuentra el detalle de cómo Bravo logró, a través del fallecido martillero Jorge Valdivia y el ex fiscalizador del tata fisco Iván Álvarez, obtener $ 260 millones del FUT a través de las sociedades Challico y Santa Sarella.

Se trata de la primera vez que en sede laboral se piden los antecedentes de la causa penal para producir prueba en este juicio iniciado por Bravo, respuestas que deberán llegar al tribunal a más tardar el 29 de diciembre, de acuerdo a las resoluciones que publica The Clinic Online.

Firmas y cheques

Básicamente, lo que busca acreditar Bravo, a través de su abogado Anderson Weldt, es que el vínculo laboral con Penta se rompió de manera ilegal y figurada, más allá del finiquito que firmó el 29 de julio, en su departamento de San Damián, comuna de Las Condes. Por esta razón, la magistrada ordenó al notario Patricio Raby, que evacue un informe explicando en qué condiciones rubricó Bravo este último documento y qué formalidades se cumplieron para ello. Lo anterior, Soler lo ligó a otro oficio, esta vez a la Dirección del Trabajo de la zona oriente para saber de qué manera se notificó el término del contrato al ex director del holding.

Hay que recordar que el pasado 4 de diciembre, se realizó la primera audiencia de este juicio. En ella se estableció un mínimo de 100 millones como base de negociación entre las partes, que ninguna aceptó. En dicho procedimiento se reveló la versión de Lavín y Délano, respecto a cómo se produjo el despido de Bravo, desde que se conociera a través del diario La Segunda, el 11 de abril pasado, su relación con Jorge Valdivia.

De esa manera confirmaron lo que habían informado anteriormente al tribunal en la contestación a la demanda, que contiene los detalles de la caída de Bravo el 14 de julio de 2014, aún cuando el finiquito está datado el 29 del mismo mes.

Otras de las diligencias decretadas por Soler apuntan al Banco de Chile. Básicamente a establecer quiénes tenían los poderes para operar con la cuenta de la sociedad Penta III. A lo anterior se suman la revelación de todos los cheques que ingresaron o fueron girados desde la misma cuenta desde enero a junio de 2014 que hayan sido firmados por Bravo. Y otros que debieran contar con dos o más firmas. Podrían ser cientos.

Por último Soler recaba también información en la isapre Banmédica; en Previred para conocer a todos los trabajadores que reciben dinero a través de esta última firma; se suman Cuprum, Agencia de Valores Sura, AFP Capital, entre otros.

Bravo enfrenta también una demanda en el Octavo Juzgado Civil de Santiago por un cheque protestado de $ 45 millones, que se liga a una presentación en el Tribunal Constitucional.

Lea todas las diligencias decretadas por la jueza Soler