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15 de Diciembre de 2014

Los intentos de CorpVida y el cura Tupper por apoderarse del jugoso negocio fúnebre del Cementerio Católico

La esperanza del Arzobispado para salvar el negocio sepulturero de la Iglesia Católica, con la instalación de ánforas en diversas parroquias de Santiago, tiene hoy al empresario inmobiliario Álvaro Fuenzalida en guerra contra CorpVida y CorpSeguros, a quienes acusa de intentar apropiarse de manera ilícita de la Hacienda Picarquín, antes de ser vendidas por Álvaro Saieh a la Cámara Chilena de la Construcción. Además, señala que el Arzobispado, con el ex vicario de la Juventud a la cabeza, los ha dejado abandonados y no asiste a reuniones de accionistas, estancando a la empresa. The Clinic Online comprobó que abogados de las ex empresas del grupo Corp junto a abogados de la Iglesia presionaron para agilizar solicitudes de quiebra en contra de Acoger S.A., la sociedad que a mediados de la década pasada el cardenal Francisco Javier Errázuriz creó para no seguir perdiendo terreno ante los cementerios parque.

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Rodrigo Tupper A1

El 21 agosto de 2011, cuando su madre estaba a punto de morir, el empresario Álvaro Fuenzalida no dudó en llamar al presbítero Rodrigo Tupper, el famoso ex vicario de la Juventud en los 90, para que éste le diera la unción de los enfermos.

Luego de ocho años de relación comercial en Acoger S.A., la cercanía que nació al alero de los negocios entre el Arzobispado de Santiago y el empresario inmobiliario hizo que Fuenzalida pensara en el actual Vicario Moderador de la Curia para darle el último sacramento que entrega la Iglesia Católica a su madre moribunda.

Sin embargo, Fuenzalida nunca pensó que ésta sería la última vez que vería a Tupper y que tres años después, estarían en veredas totalmente opuestas con el primero alegando la supuesta intención de CorpVida de hacer quebrar la empresa que formó junto al Arzobispado, acusando al presbítero de tomar palco e incluso llegar presionar indebidamente para que esto ocurriera.

Un conflicto que ha llevado a la sociedad Acoger Santiago S.A. a levantar cuatro solicitudes de quiebra a la fecha, a interponer una querella criminal contra ex ejecutivos de CorpVida y CorpSeguros -empresas vendidas por Álvaro Saieh a la Cámara Chilena de la Construcción en septiembre de 2013- por tratar de apropiarse de la Hacienda Picarquín -usada para dar respaldo financiero en época de vacas flacas a la empresa- y a la Iglesia de intentar quedarse con el negocio fúnebre 2.0 que levantaron juntos la década pasada.

Sepultados en la Iglesia

Con el declive económico que vivía el Cementerio Católico durante la década pasada -producido en gran medida por el auge de los cementerios parque- la Iglesia renovó sus votos en el negocio fúnebre con un proyecto que prometía millonarias utilidades. La idea era ofrecer servicios de cremación para los deudos católicos, pero con un detalle: el resguardo de las cenizas de los fallecidos quedarían en memoriales o columbarios dentro de las 49 parroquias suscritas a convenios con la empresa. Incluso, si el feligrés lo deseaba, al costado de la virgen del Cerro San Cristóbal.

Según el propio Rodrigo Tupper, hoy presidente de la Fundación de Cementerios Católicos, el negocio tenía “la intención de modernizar los Cementerios y así entregar un mejor y más digno servicio funerario a los fieles de la Iglesia Católica”. Por esa razón la Fundación le entregó la concesión exclusiva para administración, conservación, desarrollo y comercialización de los mismos a Álvaro Fuenzalida Lizana.

El empresario inmobiliario, ex gerente general de Socovesa Ingeniería y Construcción, era desde la década de los 90 socio en el Cementerio Parque Concepción, ubicado en esa ciudad. Por esa razón y su cercanía con la Iglesia, según relató el propio Fuenzalida a The Clinic Online, el cardenal Francisco Javier Errázuriz y el entonces encargado de los asuntos económicos de la Arquidiócesis, el hoy Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, lo convocaron a fines de 2006 para dar inicio al proyecto.

Así nació Acoger Santiago S.A., sociedad compuesta con un 7% de las acciones para el arzobispado (a través de la Fundación Canónica Acoger) y el 93% de San Arturo S.A., sociedad donde mayoritariamente es dueño Álvaro Fuenzalida.

Pero el negocio proyectado no dio los frutos esperados y a poco andar, ante la delicada situación económica, con pagos atrasados y deudas acumuladas que tenían en 2009, la sociedad autorizó el ingreso de la Compañía de Seguros CorpVida -entonces propiedad del grupo Corp, controlado por el empresario Álvaro Saieh- para la inyección de recursos nuevos. Un hecho clave en el futuro de la compañía que hoy tiene a los socios en tribunales disputándose el negocio fúnebre y su patrimonio.

Álvaro Saieh

La pelea por Picarquín

Tras la entrada de CorpVida a la sociedad Acoger S.A., los problemas económicos volvieron a la sociedad en 2011. A fines de ese año, el director representante de CorpVida en el directorio de Acoger, Fernando Siña, propuso que la empresa buscara un financiamiento vía leaseback -operación donde el dueño de un terreno vende su predio, lo sigue utilizando mientras paga arriendo por un tiempo pactado y al término de ese plazo puede volver a comprarlo- para solucionar sus problemas de caja. Fue entonces cuando Fuenzalida y sus socios pusieron Hacienda Picarquín, predio de su propiedad donde se realizó el Jamboree Mundial Scout el año 2000 y actualmente se desarrollan otros eventos masivos como festivales o conciertos, como respaldo para esa operación.

A pesar de ser tasado primero en 500 mil UF ($12.256 millones), el contrato final se realizó en marzo de 2012 con CorpSeguros -empresa “hermana” de CorpVida- por un monto de 240 mil UF ($5.883 millones aproximadamente), el que incluía un contrato de arrendamiento de 1.200 UF mensuales (30 millones aprox.) y la opción de recompra al término del período.

Con los términos del contrato, Fuenzalida aceptó la tasación menor e inyectó el dinero para saldar sus deudas con el mismo grupo Corp y ponerse al día con los bancos Santander e Internacional, con deudas personales. Solo 10 mil UF de toda la operación quedaron en caja para Rentas Picarquín, la sociedad que controlaba el predio.

Así el negocio siguió sin problemas hasta que en junio de 2013 el director de Acoger S.A., de Rentas Picarquín y también gerente general de CorpSeguros, Cristián Abello, envió una carta a Fuenzalida en su calidad de ejecutivo del grupo Corp desahuciando el contrato de leaseback por el no pago de rentas mensuales durante todo ese primer semestre. Un mes después demandó por ese mismo motivo.

Según Acoger S.A., el atraso en el pago de los arriendos correspondió directamente a la gestión de Viviana Apud, quien asumió como gerente general de Acoger en marzo de 2013 por expresa petición de los ejecutivos de CorpVida, en especial de Abello.

A la par, Fuenzalida ya había comenzado -en febrero de ese mismo año- a gestionar un cambio en la constitución de la empresa. Esto, dado que el mismo Abello había propuesto a fines de 2012 un aumento de capital para Acoger S.A., a cambio de que CorpVida se quedara con el control mayoritario de la sociedad. De esa forma Fuenzalida sólo se quedaría con el 30% de la acciones de la compañía.

Pero a fines de agosto de ese mismo año, CorpVida sorprendió nuevamente a Fuenzalida desistiendo de la operación en la última reunión para concretar el aumento de capital argumentando un bloqueo por parte de la Iglesia, que supuestamente no estaba de acuerdo con esa operación.

Sin embargo, en una carta firmada por Rodrigo Tupper en abril de 2013 el Arzobispado autorizó la gestión apreciando “positivamente el cambio de accionista controlador del capital y de la administración de la sociedad”. En esa misiva, el único requisito que pidió Tupper fue que se informara de forma oportuna el nombre exacto del nuevo controlador de Acoger S.A.

Entonces, en septiembre de 2013, se desató la pelea judicial entre ambos grupos. CorpVida presentó una solicitud de quiebra contra Acoger S.A. y ésta última empresa, en noviembre de 2013, hizo lo suyo con una querella criminal contra todos quienes resultaran responsables del delito de suscripción engañosa de documento.

En específico, la querella acusa que el fallido leaseback fue usado por las empresas -que en ese entonces pertenecían al grupo liderado por el empresario Álvaro Saieh- para quedarse con la Hacienda Picarquín a la mitad del precio en que había sido tasada.

“La suscripción de estos contratos no tuvo como finalidad financiar a Acoger S.A., sino que su objetivo fue hacerse de los inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas que conforman la Hacienda Picarquín a menos de la mitad de su valor comercial, y por otro lado, con dicho dinero, pagar las deudas que Acoger S.A. mantenía con el propio Grupo Corp”, dice la querella.

Actualmente la investigación está en curso, en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente con el fiscal Francisco Jacir, y según publicó La Segunda el 25 de noviembre pasado, los computadores de los ex representantes del grupo Corp en Acoger S.A., Cristán Abello y Fernando Siña, más la ex gerente general Viviana Apud, fueron incautados por la PDI para ser periciados.

El operador Tupper

La relación entre la Iglesia y sus socios se congeló apenas unos días después que comenzaran las peticiones de quiebra de CorpVida. Tal como lo revelan las cartas entre los directivos de Acoger S.A. y Rodrigo Tupper, representante de la Fundación de Cementerios Católicos, el 6 de septiembre de 2013 la paz entre ambas instituciones se terminó.

Ese día llegó a las oficinas de Acoger S.A. una carta firmada por Tupper donde el presbítero informó que en virtud de los “múltiples, graves y reiterados incumplimientos al Contrato en que ha incurrido la empresa” la Fundación de Cementerios Católicos decidía poner término inmediato a la concesión.

La misiva dice, además, que a contar de cinco días, todos los inmuebles de propiedad de la fundación, del Arzobispado de Santiago y de las Parroquias que han celebrado contratos con Acoger S.A. que se encontraran bajo la tenencia de la empresa debían ser restituidos íntegramente a sus respectivos propietarios.

Un año después, en septiembre de este año, el mismo Tupper rechazó asistir a una Junta Extraordinaria de Accionistas de Acoger S.A. por diversas razones, entre ellas no cumplir sus obligaciones contractuales y desconocer la situación patrimonial de la empresa.

Pero también el representante de la Fundación de Cementerios Católicos de Santiago señaló que se había enterado de la solicitud de quiebra interpuesta por CorpVida, por lo que a su juicio “la situación actual de Acoger está siendo conocida por los tribunales de justicia y serán ellos quienes decidirán su futuro”.

La respuesta de Fuenzalida llegó el 8 de octubre de 2014 al Arzobispado de Santiago, donde respondió a cada una de las imputaciones que había realizado Tupper en la carta anterior. En ese documento, el empresario señala que el llamado a terminar el contrato de concesión no cumplía con las condiciones para realizarse y reveló que la Fundación de Cementerios Católicos se presentó en diversas parroquias para instruir que no permitieran la venta de servicios fúnebres de Acoger para esperar la quiebra. De esa forma la venta de memoriales quedaba encargada exclusivamente al Arzobispado de Santiago.

“Esta actitud temeraria y falaz no ha tenido reparación alguna y desconoce el trabajo de más de diez años al cual fuimos convidados por el propio Arzobispo de Santiago Cardenal Francisco Javier Errázuriz”, dice la carta.

Además, el texto señala que el ex director representante de la Fundación en Acoger y administrador de Bienes del Arzobispado, Julio Poblete, le comunicó a los directivos de esa empresa de la existencia de solicitudes de quiebra de los acreedores días antes que fueran presentadas y agrega que la supuesta deuda que mantenían con la Fundación estaba siendo mal calculada.

Pero lo más grave es la acusación que realizan hacia el Arzobispado, con miras a buscar la quiebra de la sociedad. En la misiva Fuenzalida revela que abogados representantes de CorpVida intentaron reunirse con algunos acreedores de Acoger “para lograr el objetivo de quebrar nuestra sociedad, llegando incluso a visitar a todos nuestros acreedores financieros, solicitando apoyar la quiebra y ofreciendo incluso comprar las acreencias”.

“Lo más lamentable -asegura Fuenzalida en la carta- es que estas acciones han sido efectuadas con el total apoyo y con participación de los abogados representando al Arzobispado de Santiago”.

Consultado por este punto, el presbítero Rodrigo Tupper negó la información a The Clinic Online vía correo electrónico señalando que no era efectivo “que los abogados de la Fundación ni los abogados del Arzobispado, hayan intentando comprar créditos a las instituciones que mantienen acreencias contra Acoger Santiago S.A. Y, vuelvo a reiterar, la Fundación no es parte ninguna solicitud de quiebra ni en ningún otro proceso iniciado en contra de Acoger Santiago S.A.”.

Sin embargo, The Clinic Online logró contactarse con dos de las tres instituciones acreedoras de Acoger S.A., quienes confirmaron la información. Según un alto funcionario de uno de los bancos involucrados, un abogado del estudio Phillipi que se presentó como representante del Arzobispado, llamó por teléfono para pedir una cita y averiguar por el estado de la acreencia con esa institución.

Y en otra de las instituciones financieras incluso se presentaron tres abogados ante los ejecutivos; dos del Arzobispado, del estudio Phillipi Abogados, y uno del estudio Vergara Fernández Costa & Claro Abogados. Según relató una alta funcionaria de esta institución, preguntaron sobre el estado de la acreencia de Acoger, aunque no hicieron ninguna oferta para comprar esa deuda.

“Llamaron para pedir una reunión, vinieron y nos contaron su historia. Nosotros dijimos que éramos bastante ajenos a los que nos estaban contando, reconocimos la deuda que Acoger tenía con nosotros, pero les señalamos que no estaban en mora y no había ninguna situación para no respetar el convenio. Al ver que nuestra postura no cambiaba, se fueron, aunque dejaron sus tarjetas de presentación”, cuenta el ejecutivo.

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*Memorial instalado en el cerro San Cristóbal

La indiferencia de Tupper

A pesar de la versión de Tupper, que reitera haber hecho “todos los esfuerzos que tenía a su alcance para lograr una solución integral a los problemas financieros que aquejaban a Acoger, sin que éstos tuvieran éxito”, las cartas entre Acoger S.A. y el religioso dicen lo contrario.

Durante todo el conflicto que ha llevado adelante la sociedad Acoger S.A. con Tupper, han sido numerosos los intentos fallidos por reunirse con el vicario, al menos seis ocasiones, según la versión del empresario inmobiliario. Sí pudieron ser recibidos por el actual administrador de bienes del Arzobispado de Santiago, Ramiro Montesinos, quien no les permitió explicar ni mostrar los antecedentes para poner todo en regla.

El empresario dice que ante la inasistencia y no designación de nuevos directores en representación de las fundaciones ligadas al Arzobispado dejó a la sociedad sin el quórum necesario para sesionar como Directorio, lo que hace más difícil dar cumplimiento a los requerimientos legales.

Sin embargo, Tupper señala que las gestiones de la Iglesia para participar en la administración de Acoger “fue constante y persistentemente impedido por el señor Fuenzalida”. Además, Tupper dice no haber dado orden a las parroquias para no seguir teniendo relación comerciales con la empresa fúnebre, “como tampoco es efectivo que las deudas que Acoger Santiago S.A. mantiene tanto con la Fundación como con las parroquias hayan sido aclaradas, sino al contrario, al día de hoy esas deudas todavía se mantienen impagas”.

Pero nuevamente las cartas entre ambos muestran lo contrario. El 29 de octubre pasado fue la última carta de Tupper hacia Acoger S.A., negándose a participar de un nuevo llamado a una Junta Extraordinaria de Accionistas y fustigando las “justificaciones” de la empresa.

Ezzati mira al techo

Con todos los problemas, Fuenzalida decidió comunicarse con el cardenal Ricardo Ezzati y ese mismo 8 de octubre de este año le envió una carta de Acoger denunciándole el actuar del Vicario Moderador de la Curia señalándole que “no es comprensible para nadie la actitud del presbítero Tupper que nos ha ignorado, buscando una quiebra que automáticamente, y él lo sabe, me hace perder todo”.

“Si la Fundación Canónica y el Arzobispado quieren emprender nuevos rumbos, me parece que lo mínimo es llamarme a conversar sobre mi situación y no lo opuesto, que es no dar la cara nunca por quien es el encargado”, señala el documento, que llama al jefe de la Iglesia Católica en Santiago a intervenir en el problema recordando las palabras del cardenal en el último Te Deum llamando a “buscar acuerdos”.

La respuesta de Ezzati llegó el 17 de noviembre pasado a las oficinas de Acoger. En ella, el cardenal dice lamentar “que una iniciativa que fuera de grandes esperanzas, no haya logrado sus objetivos y no haya encontrado un camino de solución”.

Y agrega: “El Presbítero Tupper ha intentado varios caminos de diálogo y, apoyado por el Consejo Episcopal de Arquidiócesis, ha asumido la responsabilidad que le corresponde en este delicado asunto. Aprovecho la ocasión para saludarle y desearle abundantes bendiciones”, dice la misiva firmada por el también Arzobispo de Santiago.

Tras esa respuesta, Fuenzalida volvió a enviar una carta dirigida a Ezzati en donde lamenta que no esté fiel y rigurosamente informado de las reales circunstancias del conflicto. Asimismo, el empresario dice entender el objetivo de CorpVida en las solicitudes de quiebra, pero no el del Arzobispado.

“Lo que no entendemos, ni quisiéramos imaginar es, qué puede buscar el Arzobispado de Santiago a través de la Fundación de Cementerios Católicos, al apoyar el actuar del accionista Corpvida y negarse a dialogar con Acoger. ¿Solo recuperar el Cementerio Católico concesionado? Si es así, el contrato de concesión establece el procedimiento en su capítulo décimo octavo y décimo noveno, cual es pedir los buenos oficios y posterior arbitraje, y de esta forma no mantener en la incertidumbre y perjudicar la fuente laboral de cientos de personas”.

Cabe destacar que el gerente general de Acoger, Cristián Errázuriz, señala que “el empresario Álvaro Fuenzalida es el único que ha puesto todo su capital en el emprendimiento conjunto y quien podría perder toda la inversión, que sobrepasa las 230 mil UF (5.664.210.000 pesos)”.

Quiebra rechazada

El último capítulo de esta historia ocurrió el miércoles 3 de diciembre recién pasado, cuando el tercer Juzgado Civil de Santiago desestimó la solicitud de quiebra presentada por la compañía de seguros Corpvida en contra de Acoger.

La empresa de seguros que hoy son parte del grupo ILC -brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción- reclamó el pago de dos pagarés por casi 1 mil millones de pesos protestados, alegando que según la Ley de quiebras, el deudor tiene la obligación de solicitar la declaración de su quiebra 15 días antes de la fecha en que hubiera cesado el pago de una obligación mercantil, cosa que no hizo, por lo que lo solicitó al tribunal que lo declarara.

Aunque el tribunal desestimó el alegato de Acoger, que señalaba que los pagarés habían sido enmendados de forma irregular, sí consideró que los títulos estaban prescritos porque había pasado más de un año desde que las firmas de esos pagarés fueron autorizadas por el notario y la presentación de la solicitud de quiebra.

Mira acá las cartas entre Acoger S.A. y Rodrigo Tupper y el cardenal Ezzati

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