Caso Penta: Corte deja en suspenso fallo por grabación de Hugo Bravo a Carlos Lavín

La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo el fallo respecto de la grabación del ex gerente general de Penta, Hugo Bravo al controlador, Carlos Eugenio Lavín, hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre.

La decisión del tribunal de alzada capitalino se produjo luego de escuchar los alegatos de las partes. El abogado recurrente y defensa de Lavín, Davor Harasic, solicitaba que se revocara el sobreseimiento de la investigación que lleva la Fiscalía Oriente, dictado por el titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Jorge Norambuena.

Harasic insistió en su argumentación en torno a que el registro de audio no había sido lo suficientemente investigado por el Ministerio Público, toda vez que el hecho era un delito.

Le siguió la abogada defensora de Bravo, Catherine Lathrop. La profesional arguyó que el contexto de la grabación se produjo en el domicilio de Bravo, y que en ningún caso se trató de una conversación sobre materias de carácter privado, si no más bien de hechos relativos a la salud de su cliente y al caso Penta. En ese sentido, insistió, que no se cumplen los requisitos del tipo penal para que el registro digital se convierta en un hecho ilícito.

Lathrop explicó que el contexto en que se produce la grabación es de un constante ataque a través de los medios por parte de los dueños de Penta, a través de dos empresas de comunicaciones (Imaginacción y Extend), por ello, dijo, se trata de una prueba para poder defenderse.

Por ultimo alegó el representante del Ministerio Público Nicolás Calvo.

El profesional indicó que resolvieron presentar ante la justicia el sobreseimiento luego de realizar las diligencias de la parte querellante, representada por Harasic. Explicó que, tanto Carlos Lavín como su hijo del mismo nombre, declararon ante el Ministerio Público que nunca conversaron de temas de carácter privado que pudieran afectar la honra o la privacidad de Hugo Bravo.

Calvo indicó que ante ese hecho y previa autorización del fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, solicitaron la medida ante el Cuarto Juzgado de Garantía, utilizando el llamado “principio de objetividad”.