Sobreseen caso contra nieta de Edwards tras cambio en el testimonio de la denunciante

El juez del distrito sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, desestimó la demanda que en junio del año pasado Felicitas Villanueva presentó contra el matrimonio formado por Michael Hurley y Malú Custer Edwards, nieta del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards. En su denuncia, Villanueva señalaba que la habían llevado desde Chile en 2010 a la ciudad de Nueva York para trabajar como niñera y trabajadora de casa particular “llevando a cabo las tareas domésticas básicas: hacer las camas, cocinar, lavar los platos, limpiar los pisos, y el cuidado de los tres hijos de la pareja”, se lee en la demanda. Todo habría cambiado, sin embargo, al llegar a Estados Unidos luego que sus empleadores supuestamente le quitaran a Villanueva su pasaporte, le pagaran $280.000 por jornadas laborales de 12 horas diarias, no la alimentaran, la privaran de sus medicamentos y permitieran que los hijos de la pareja la golpearan. La querella incluso señalaba que Villanueva había escapado del exclusivo departamento y, tras sufrir un desmayo, había sido diagnosticada con encefalitis, una inflamación del cerebro. Todas las acusaciones fueron negadas en su momento por el matrimonio.

La pelea legal fue resuelta a través de un juicio sumario, una instancia similar a un juicio abreviado en que un juez revisa la evidencia, toma declaraciones juradas y determina si existen antecedentes suficientes para llevar el caso a un juicio con testigos y jurado. En este caso, la corte señaló que “las afirmaciones de la demandante no están respaldadas con evidencia”, por lo que se determinó “desestimar la denuncia”, “concluir la moción y cerrar el caso”, según relata el documento al que tuvo acceso The Clinic Online.

El fallo se extiende por 10 páginas y describe cómo Felicitas se retractó de “virtualmente todas las afirmaciones” contra el matrimonio Hurley Custer. Esto no evitó que la familia se encuentre imposibilitada de volver al país tras sus vacaciones en Italia. La Visa de estudiante de Malú -de la cual depende su esposo e hijos- no fue renovada porque el trámite se realizó antes de que saliera el fallo el 10 de diciembre: “Fue justo antes de que se lograra desechar el caso y demostrar que era todo mentira”, dice su abogado Juan Pablo Hermosilla. Agrega que otros juristas se encuentran tramitando la renovación del documento ahora que el caso está sobreseído.

Hermosilla relata que, tras recibir un llamado de Malú, decidió representarla: “Me dijo que habían tratado de contratar otros abogados y no habían querido defenderlos. Yo escuché su caso y me pareció tan terrible la situación en que ellos estaban, frente a una acusación que tuvo un impacto global. Esto fue primeras páginas en diarios en Europa, en Asia. Y con hechos que eran totalmente falsos”. Cuenta también que tras la difusión de la noticia, la pareja debió cambiar a sus hijos de colegio y recibieron amenazas de muerte tanto de Chile como de Estados Unidos: “Si yo hubiese sentido que había algún indicio de que algo era cierto, de algún maltrato, no lo hubiera tomado. Lo tomé porque se me generó rápidamente la convicción de que esto era un montaje”. El abogado, sin embargo, señala que Felicitas es “de alguna manera, una víctima también en todo esto. Tengo la impresión que hubo asesores que la indujeron a hacer esto pensando que si se armaba una escandalera de estas proporciones iba a pasar que ellos iban a ceder a alguna especie de extorsión con tal de retirar la demanda”

Los cargos por los que finalmente se introdujo la demanda fueron trata de personas y trabajo forzado, y estaban estructurados en base a diez acusaciones. La primera de éstas apuntaba a que la pareja le había quitado el pasaporte a Villanueva para impedir que saliera del país. En su testimonio en el juicio sumario, sin embargo, declaró que “tuvo posesión de su pasaporte en todo momento mientras estuvo en Estados Unidos”. Lo mismo sucedió con la acusación de que habitualmente la dejaban encerrada en alguna pieza: “La demandante testificó que nunca fue encerrada en ninguna habitación”.

Una de las acusaciones más graves, además, era que la pareja permitía que sus tres hijos golpearan y maltrataran regularmente a Felicitas. El documento, por el contrario, señala que la misma Villanueva dijo “no creer su propia acusación”. Además, en la demanda se señaló que el mayor abuso venía de parte de la hija de tres años, que la golpeaba con una silla plástica pequeña todos los días, pero en la instancia legal Felicitas dijo que la pequeña “sólo se le colgaba de la cintura cuando la demandante estaba sentada, y era lo suficientemente liviana para que la demandante la tomara en brazos”. En ese punto el documento concluye que “las acusaciones de abuso son inverosímiles”.

Inicialmente Felicitas señaló que en la casa de los Hurley-Custer nunca había suficiente comida para ella ni para los niños, lo que le habría causado problemas de salud y que apenas habían leche, huevos y pan para alimentarse. En su testimonio, en cambio, dijo que ella misma tenía suficiente dinero para “comprar comida adicional y así lo hacía regularmente, incluyendo chocolate, dulces, fruta y pan. También testificó que los acusados recibían mercadería en su casa y que los niños comían waffles, pasta, galletas, jugo, queso, huevos, albóndigas, lechuga y tomates, y que ella podía comer cualquier alimento que estuviera disponible en el refrigerador y la despensa de los acusados”. El documento además agrega que “la evidencia documentada muestra que los acusados gastaban un mínimo de US$1,259,00 (cerca de $700.000 en 2011) en mercadería” durante las ocho semanas que Felicitas trabajó con ellos. Además, se habría demostrado que la pareja “compraba carne, pollo, manzanas, plátanos, zanahorias, tomate, yogurt, cereal, y huevos”.

Felicitas señaló en su denuncia que le pagaron apenas US$800 (poco más de $400.000) por ocho semanas de trabajo con jornadas de 12 horas. En la declaración de su Visa, sin embargo, “dio fe de que se le pagaban US$1,500 (unos $800.000) por sus servicios en Nueva York”. Además, según señala el fallo, el dato sería irrelevante ya que “las cortes han sostenido que el pago de salarios insuficientes no violan el Estatuto de Trabajo Forzado”, aunque sí constituye una violación de la regulación laboral. De hecho, el texto establece que Felicitas previamente acudió al Departamento del Trabajo y presentó el número de horas trabajadas en base al contrato que mantenía con los Hurley. “En consecuencia, el Departamento del Trabajo requirió que Edwards pagara a la demandante por todas las horas que aseguraba haber trabajado al precio de la tarifa contractual, por la suma de US$6,302,54 (casi tres millones y medio de pesos), lo que Edwards hizo”. Para Hermosilla, ese episodio fue “un error por ignorancia, pero no generó ninguna disputa, no intervinieron abogados, nada. Un error en torno a la normativa norteamericana sobre los ingresos que debían pagarse y apenas fueron convocados por las autoridades administrativas se cumplió con lo que pidieron y no hubo ningún conflicto. Y eso fue un error cometido de buena fe como le hubiera pasado a muchos extranjeros por ignorancia de las normas de allá”

En cuanto a la acusación de que los Hurley se negaron a proporcionarle sus medicamentos a Felicitas, ella misma habría reconocido que Malú Edwards le informó a inicios de marzo que estaban siendo enviados desde Sudamérica a través de FedEx. La documentación además muestra que Edwards solicitó los medicamentos el 8 de marzo de 2011 y llegaron el 15 del mismo mes. De todas formas, el no proveer a un empleado sus medicamentos tampoco es relevante en una acusación por trabajo forzado.

Si bien Felicitas había dicho que no tenía permitido salir del departamento ni tenía tiempos de descanso, en su nueva versión frente al juez dijo que “regularmente dejaba el departamento por sus propios medios por hasta nueve horas cada vez y durante este tiempo hacía encargos, iba a misa, salía a caminar, visitaba museos y hacía amigos. Y el diario personal de la demandante refleja que dejaba el hogar de los demandados para hacer encargos casi todos los días durante un mes”.

Bajo ese mismo testimonio se desestimó la denuncia de que los Hurley habían intentado aislarla y no le permitían comunicarse con su familia. Felicitas declaró que gastó “cerca de US$300 (unos $160.000) en dos teléfonos móviles y múltiples tarjetas telefónicas, y que hablaba con su madre y su hijo en Chile diariamente. También testificó que los demandados la invitaban y le permitían llamar a su familia en Chile desde el teléfono de la casa”.

Una de las acusaciones más importantes era que la familia Hurley amenazaba a Felicitas con causarle daño insinuando lo poderosa que es la familia Edwards en Chile. En su testimonio, sin embargo, Felicitas aclaró que sólo una vez la pareja se refirió al poderío familiar aunque “no tenía miedo de los demandantes, y no creía que renunciar a su trabajo conllevaría un daño hacia ella”, incluso agregó que “los demandantes no hicieron nada para evitar que renunciara a su trabajo y que continuó trabajando con ellos porque esperaba que su actitud mejorara. La demandante también testificó, sin embargo, que no temía hacerles frente a los demandados, que no creía que se le causaría daño alguno si no escuchaba las instrucciones de los demandados y que no temía perder su trabajo”.

Felicitas también denunció que le pidió en múltiples ocasiones a sus patrones que le compraran un pasaje de avión para volver a Chile, sin embargo, al ser consultada sobre las fechas en que habría hecho estas peticiones, “sólo pudo identificar el 5 de marzo de 2011. También testificó que cuando pidió un pasaje de avión en esa fecha, no dio aviso de que renunciaba a su trabajo. La demandante renunció el 14 de marzo de 2014 y los demandados entonces compraron el pasaje”.

El fallo finaliza señalando que si bien Felicitas declara tener una relación “conflictiva con los demandados, no todas las malas relaciones laborales entre el empleado y el empleador constituyen trabajo forzado”. El juez añadió que las demandas por estrés emocional, violación de contrato y representación fraudulenta fueran también desestimadas. Aunque los abogados de Felicitas podrían apelar, declinaron responder las solicitudes de declaraciones por parte de este medio.

Juan Pablo Hermosilla, sin embargo, respondió al cuestionamiento sobre si habría algún acuerdo extrajudicial de por medio: “Te puedo decir oficialmente que no sólo no hubo pago, sino que no hubo ningún contacto con ella que no sea durante su declaración. Ninguno. Evaluamos tomar contacto con ella y decidimos no hacerlo porque podía ser malinterpretado”. Para el profesional se trata incluso de un caso emblemático: “Por eso me acuerdo de la Gema Bueno”, dice en referencia al caso Spiniak: “Revela una falta de acuciosidad periodística de parte del New York Post y revela una falta de ética de parte de sus abogados. Si viene una persona a decir algo así, a mí me parece que yo tendría que chequear algunas cosas que le den cierta verosimilitud. Si basta con un certificado médico. A mí me viene a ver como abogado alguien y me cuenta esto, yo lo hubiera llevado al médico inmediatamente para certificar el estado de salud en que la tienen. Certifico los golpes, la desnutrición, incluso hago un informe psicológico. Y nunca apareció nada de eso”.

Felicitas, por su parte, se encuentra hospitalizada en el Bay Park Center for Nursing and Rehabilitation con diagnóstico reservado. Su hermana, sin embargo, señaló a este medio que tras un aneurisma habría sufrido de una larga depresión y que hoy se encontraría con una catatonia senil y una hemiplejía; mientras sus familiares realizan trámites en Cancillería para poder trasladarla a Chile.