Pentagate: la señal de la fiscalía a Hugo Bravo, el hombre que contó todo

En toda organización siempre hay un culpable y en toda investigación penal hay señales que interpretar. Así quedó ayer de manifiesto luego que el fiscal oriente Carlos Gajardo resolviera formalizar por soborno y delito tributario a los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y a Carlos Alberto Délano.

Y a renglón seguido sumó, junto a otros ejecutivos de la empresa,  al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner quien recibió -a juicio de la fiscalía- pagos de los Carlos en medio del proceso de evaluación del proyecto minero Doña Dominga, donde el “choclo” tiene participación financiera.

De esta manera, Wagner -según el Ministerio Público- habría cometido cohecho y lavado de dinero, por la triangulación de $42 millones pagados por Penta durante los dos años en que fue autoridad, usando como testaferro a un familiar.

Sin embargo, junto a la futura imputación de cargos que se realizará en las próximas semanas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Gajardo hizo un guiño procesal dirigido a quienes colaboraron con la investigación, mientras esta última estaba bajo secreto. Y separó aguas.

Por esta razón, en esta primera etapa no incluyó al ex director del grupo, Hugo Bravo ni al actual contador de la compañía, Marcos Castro. Ambos, en distintos testimonios explicaron cómo funcionaba la operatoria de los aportes ilegales a campañas políticas de la UDI y a Fuerza Pública Andrés Velasco, usando boletas ideológicamente falsas por trabajos no realizados, saltándose así la ley electoral y obteniendo devoluciones de impuestos.

La abogada Catherine Lathrop, patrocinante de Bravo, dijo que la línea adoptada por la fiscalía apunta en la línea correcta.

“No puede dársele el mismo tratamiento procesal a quien ha declarado cinco veces en una carpeta secreta, máxime cuando se le habían incautado documentos, correos y computadoras y por lo tanto no conocía los antecedentes de la imputación en su contra”, explicó la profesional.

Hay que recordar que Bravo, junto a prestar cinco declaraciones en esta carpeta del Pentagate, está imputado por obtener una devolución ilegal de $ 260 millones del FUT a través de dos sociedades personales. Esto lo logró gracias a los oficios de Iván Álvarez, un ex inspector del SII que está pronto a enfrentar un juicio oral y del fallecido martillero -quien se jactaba de tener vínculos CNI- Jorge Valdivia. Por este hecho enfrenta una denuncia del SII bajo la figura de delitos tributarios. Y para constituir una atenuante para una eventual condena, devolvió más de 1.200 millones a la Tesorería.

En una línea similar está Délano y Lavín, quienes luego de que se levantara el secreto de la investigación el 30 de diciembre, concurrieron -aseguran voluntariamente- a declarar con Gajardo a principios de semana. Y todo con el fin de el fiscal valore su testimonio como “colaboración sustancial a la investigación”. A ello se suma que al igual que Bravo pagaron más de $ 1.100 millones a la Tesorería, luego que el SII los denunciara por emitir boletas ideológicamente falsas a sus esposas y otros familiares, rebajando así la base imponible, recuperando impuestos.

Lathrop, estimó que los dueños de Penta no han cumplido los requisitos que buscan que sean considerado por la fiscalía: “La colaboración sustancial más allá de ser un mero reconocimiento de antecedentes evidentes, y de una eventual responsabilidad, está pensado por nuestro legislador, como un instrumento que facilita tanto el ante perseguidor en su investigación como en una etapa posterior al tribunal en la formación de convicción”.

La formalización dada a conocer ayer por el fiscal Gajardo, no sólo incluyó a los dueños de Penta y a Wagner, sino también a Manuel Antonio Tocornal, gerente general del grupo, Samuel Irarrázaval -cuñado del choclo- y el ex diputado UDI y asesor del holding, Carlos Bombal. Todos enfrentan una imputación por delito tributario.

Conocida la formalización, la defensa de “los Carlos”, el abogado Julián López, convocó a una conferencia de prensa en el hotel Marriot de avenida Kennedy.

En la oportunidad, reconoció que sus clientes cometieron errores y no delitos, señalando que hasta ahora es la principal divergencia con la fiscalía.

A su juicio, los aportes anómalos a campañas son sólo “infracciones” a la ley tributaria y electoral, por lo que no han resuelto si se acogerán a un juicio abreviado como ha trascendido las últimas semanas.

A renglón seguido, López aseguró -en simple- que todo es responsabilidad de Hugo Bravo porque los pagos a políticos los hizo a espaldas de Lavín y Délano.

“La fiscalía no tiene cargos que demostrar contra mis representados”, aseguró López.

Sin embargo, en la carpeta de investigación, tanto Bravo como Marcos Castro aseguran que los giros de dinero desde la cuenta de Penta contaron con la aprobación de “los Carlos”.

Consultada Lathrop sobre esta apreciación, respondió: “Malamente Bravo puede ser dueño de la chequera si no es dueño de la compañía ni menos si es socio de ninguna de las sociedades del holding”.

Por último, ayer el fiscal Gajardo explicó que una vez que se imputen los cargos en el tribunal, vendrán nuevas formalizaciones, aunque declinó referirse a quiénes incluirá.