Peñailillo pide terminar con los aportes de empresas a políticos

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo hoy que se debe “terminar con los aportes de las empresas y los aportes reservados” a la política, luego de conocerse la financiación irregular a algunas campañas parlamentarias del 2013 por parte del grupo económico Penta.

“Hay que pasar de la declaración a la acción y entonces no sólo cooperar con la justicia como corresponde, sino que también modernizar la legislación en cuanto al financiamiento de la política”, dijo el ministro a la prensa.

Peñailillo afirmó que más allá de las acciones judiciales se debe legislar para terminar con los aportes de las empresas a las candidaturas políticas, que actualmente se pueden hacer en forma reservada. “Esto significa legislar y avanzar en terminar con los aportes de las empresas, es decir, pasar de la declaración a la acción”, sostuvo.

El viernes la directiva de la UDI pidió disculpas públicas por la responsabilidad de algunos de sus candidatos en la financiación irregular de sus campañas. El expresidente socialista Ricardo Lagos también se refirió al tema y dijo que “pedir perdón es mejor que nada, pero es preferible cumplir la ley”.

Lagos Escobar agregó que “hay que poner límites de cuánto se puede gastar en política, de manera que no sea obsceno”, durante la entrevista dada al programa Cadena Nacional del canal de televisión Vía X.

La Fiscalía de Alta Complejidad realizó esta semana interrogatorios y procesó a varios de los implicados en el caso, entre ellos los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavin. También indagó a al subsecretario de Minería del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, quien está acusado de recibir pagos irregulares del grupo durante el ejercicio de su cargo.

Los pagos a Wagner y otros políticos se habrían hecho mediante la emisión de boletas de honorarios y facturas falsas.

La polémica por la financiación de las campañas surgió a raíz la investigación de la fiscalía a partir de una denuncia del Servicio de Impuestos Internos que acusa a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la emisión indebida de boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto de la renta por unos 2.000 millones de pesos (3,38 millones de dólares).