SVS declara ante fiscalia

Este martes la Fiscalía formalizó a dos de los involucrados en el llamado Casa Cascadas de SQM.

Se trata del gerente general Aldo Motta y de la abogada Claudia Morales, quienes habrían entregado documentos falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Motta quedó con arraigo nacional, y tras la audiencia el fiscal José MOrales aseguró  que “habrá nuevas formalizaciones contra el señor Motta y otras personas relacionadas con la causa”. 

De acuerdo a lo que consigna este martes El Mercurio, ésta es la arista que se originó luego que la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, dirigida por José Morales, descubriera la presunta falsificación de actas de los directorios de Pampa Calichera y Oro Blanco.

El matutino recuerda que Motta declaró en septiembre y dijo que su función es “mantener la participación directa o indirecta en SQM de forma de asegurar el control de esta, mediante la compra y venta de las acciones, como asimismo el financiamiento de estas operaciones”.

Detalló que las actas eran elaboradas por la abogada Claudia Morales y que luego eran visadas con su firma y la de los otros integrantes del directorio.

En ese sentido, la Fiscalía busca determinar si este modificación de las actas, que se descubrió en marzo de 2011, sobre la Operación Linzor, fue para dar apariencia de que se cumplió con las exigencia de aprobación de directorio, pese a no tenerlo.

Motta admitió ante la fiscalía inconsistencias en las fechas de los directorios y omisión de la transacción, en que se vendieron más de US$ 280 millones en acciones de SQM-A.

Los imputados arriesgan penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en grado mínimo.

El año pasado, la Superintendencia de Valores y Seguros cursó multas por 164 millones de dólares contra los siete sancionados por el caso Cascadas. La mayor de éstas, de 70 millones de la divisa, recae sobre el dueño de Soquimich, el empresario Julio Ponce Lerou.

La sanción fue aplicada por infringir la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas.

En octubre de 2014, la superintendenta de pensiones, Tamara Angic, cifró entre 31 y 44 millones de dólares las pérdidas ocasionadas para los fondos.

“El rango que hemos estimado se levantó sobre los criterios que consideramos más razonables en términos financieros y legales. No obstante, debe tenerse en cuenta que es una cifra absolutamente referencial, pues son los Tribunales de Justicia los que, en definitiva, deberán determinar si hubo efectivamente perjuicios, su cuantía y las indemnizaciones que procedan”, sostuvo Angic.