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Opinión

10 de Febrero de 2015

Sindicato Red de Salud UC y posición de Sánchez sobre el aborto: “las objeciones de conciencia no son institucionales, son personales”

Luis Orellana, secretario del sindicato de trabajadores de la Red de Salud UC, señala que no sólo están en desacuerdo con la idea de la objeción de conciencia institucional, sino que la negativa de realizar abortos anunciada por el rector Ignacio Sánchez, genera un particular problema para las funcionarias o familiares de los 1500 trabajadores sindicalizados: “Nosotros mantenemos un contrato colectivo que tiene muy buenos beneficios cuando las atenciones son internas”, no así cuando acuden a un servicio de salud que no sea de la institución católica. La situación es similar a lo que sucede con la negativa de la UC a recetar anticonceptivos orales.

Melissa Gutierrez
Melissa Gutierrez
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universidad catolica A1

Luis Orellana dirigente sindical de la Red de Salud UC dice que, dentro de los sindicatos, son “como la oveja negra. Somos el sindicato que pelea. Porque obviamente no dejamos que la empresa simplemente pase por arriba de los derechos de los trabajadores”. Por eso ha sido enfático al oponerse a las palabras del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien se refirió al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, señalando que quienes estuvieran “disponibles para hacer abortos deberán ir a trabajar a otro lugar”.

Con esto Sánchez hizo notar que los médicos de la Red de Salud UC deberán acordar firmar las objeciones de conciencia contempladas en el proyecto. El anuncio fue respaldado por Ricardo Sande, presidente de la Feuc, quien dijo que “cuando el Estado le pide a la UC que practique abortos le está pidiendo que deje de ser católica”. Entre los opositores a Sánchez, sin embargo, se sumaron el Vocero de gobierno (s) José Antonio Gómez, el diputado Giorgio Jackson, el senador Fulvio Rossi y también los mismos trabajadores de la Red. “Nosotros creemos que las libertades de los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar garantizadas”, señala Orellana en entrevista con The Clinic Online. Sobre las palabras de Sánchez, agrega: “Eso es lo que lamentablemente se genera con estas negativas generalizadas que hace el rector. Se genera la idea de que todos vamos a andar corriendo para que nuestras parejas, o nuestras señoras o nuestras hijas se hagan un aborto inmediatamente. Y eso no es así, esto es por tres causas particulares. Y además de esas causas, es la persona la que tiene que decidir”.

¿Comparten ustedes los dichos del rector Sánchez?
Nosotros entendemos que se genera una ley de la República. También entendemos que las objeciones de conciencia no son institucionales, son personales. Pero lo que nos preocupa como trabajadores de la Red de Salud UC es que nosotros mantenemos un contrato colectivo que tiene muy buenos beneficios cuando las atenciones son internas. El drama es ¿qué va a pasar con estas prestaciones que podrían estar aprobadas por ley si hay una objeción de la institución a realizarla? ¿Dónde van a tener opción de hacer uso de esta prestación las trabajadoras? Y si ese uso se hace en otro lado ¿va a ser costeado precisamente por la empresa? Porque ellos podrían negarse a hacerlo internamente y también podrían negarse a pagar si es que uno va a un prestador distinto, que en este momento no lo tenemos porque el plan es cerrado con la Católica actualmente.

Que es similar a lo que les pasa a las funcionarias con los anticonceptivos hoy en día, que no se los reembolsan, ¿verdad?
Efectivamente. Los médicos internamente con una receta PUC no te van a dar un anticonceptivo, entonces ¿qué tiene que hacer la trabajadora? Tiene que ir, a lo mejor al mismo médico, pero a su consulta particular y le va a recetar, pero no con el logo PUC de la receta. Al no tener el logo PUC no nos hacen el reembolso. Nosotros muchas veces hemos solicitado que en los tratamientos de anticonceptivos se genere una compensación en ese sentido, tomando en cuenta que el 80% de nuestros trabajadores son mujeres. Entonces esas son las grandes disyuntivas que nosotros tenemos, de saber cómo vamos a poder acomodar el contrato colectivo a la nueva realidad que podría darse con la aprobación de la ley y entendiendo una objeción de conciencia que podría tener la iglesia católica, como lo ha manifestado el cardenal Ezzatti. Y yo creo que en la misma línea va lo que dijo Ignacio Sánchez, ¿dónde queda el desamparo en que podrían quedar las trabajadoras de nuestro sindicato?

¿Qué piensan de que el rector diga que se deberán firmar objeciones de conciencia o irse a trabajar a otro lado?
Me parece poco prudente, porque las objeciones de conciencia son personales. Vemos que hay médicos que aquí, actuando en la institución, no recetan anticonceptivos y sí lo hacen en sus consultas particulares. También hay una dicotomía de cuál es la creencia que tiene realmente el médico. Él finalmente se sujeta a lo que dice la institución, porque lamentablemente no es la primera vez que el rector Sánchez u otros altos ejecutivos dicen “si no te gusta te vas no más”. Varias veces lo han dicho, no solamente a los médicos, sino a los distintos trabajadores, muchas jefaturas se sienten con el derecho de decir eso.

¿Crees que debería primar la creencia religiosa de la Universidad por sobre la prestación de salud?
Es la misma dicotomía que se vive internamente en la Red de Salud. Hay consultorios que están en el sur de Santiago, que son los Centros de Familia, en Puente Alto y La Pintana, que dependen de la Universidad Católica y atienden a una población limitada geográficamente a las cercanías del consultorio. Ahí sí se dan anticonceptivos de vía oral, pero no los dan funcionarios de la Católica, sino que en las mismas dependencias de la Católica, lo da una funcionaria de salud municipal que es una matrona. Entonces son dicotomías que están presentes. O sea, aquí en la Católica se hacen vasectomías pero no se ligan las trompas. Entonces ¿cómo podemos decir que hay una equidad de criterio?

El presidente de la Feuc defendió que la Universidad hiciera valer sus valores religiosos.
Yo creo que tiene mucho que decir el tema valórico interno de la institución, pero las objeciones de conciencia son personales y debieran ser de los médicos o del equipo médico. Y segundo, depende también cómo se vaya a dar la ley. Porque si hay una ley de la República que efectivamente indique que están habilitados todos los prestadores para realizar una determinada intervención con recursos públicos, también la ley tendrá que decir que aquí el que se niegue podrá o no podrá recibir recursos públicos. Eso depende de los legisladores.

¿Ves una dualidad entre la defensa a la vida y la calidad de vida de los trabajadores de la Red?
Imagínate que para la última negociación colectiva, cuando llegamos incluso a la huelga, la última oferta que tenía la empresa era un aumento de un 1,3% del ingreso del sueldo real. Tuvimos que llegar a una huelga para lograr una mejora, pero eran $6.000 de aumento. Éramos los mismos trabajadores que nos mojaron en la Alameda y teníamos trabajadoras embarazadas, trabajadoras que decían “¿Cómo voy a criar a mi hijo con un aumento de $6.000?” Entonces son situaciones súper complicadas que se viven al interior de cualquier empresa cuando hay indolencia con la realidad de los trabajadores que menos ganan.

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