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11 de Febrero de 2015

Caimanes: La batalla judicial que tiene en las cuerdas a los Luksic

Llevan 14 años de lucha y todavía Caimanes no se rinde. Aún están a la espera que un juez de Los Vilos ordene el cumplimiento de las medidas solicitadas por la Corte Suprema, tras haber decretado la restitución del curso natural de las aguas del Estero Pupío. Si el fallo se cumple al pie de la letra, la minera del grupo Luksic podría enfrentar un revés histórico que la obligue a trasladar el tranque o demolerlo. Los abogados de Caimanes aseguran que una vez cumplido el fallo, la compañía tendrá que compensar a la población por los daños causados producto de la contaminación del agua y, por primera vez, se atreven a poner precio al desastre ecológico: 120 palos verdes.

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Caimanes_FOTO-ALEJANDRO-OLIVARES

El muñeco se fue a la hoguera pasada la medianoche, después de los abrazos de año nuevo. Llevaba barba, un traje a rayas y unos cachos en la cabeza. “Desaparece de nuestra tierra”, “Sálvate con el agua que nos robaste”, le gritaba la gente. La figura de trapo, en estos actos de sanación colectiva, siempre representa al personaje más odiado del pueblo. En este caso, Andrónico Luksic.

La celebración fue, en rigor, una protesta. El año nuevo recién pasado un grupo de habitantes de Caimanes, al interior de Los Vilos, llevaba 35 días de toma de un camino, a un kilómetro de los portones de acceso al tranque de relave El Mauro, el más grande de Latinoamérica y el tercero del mundo, a los pies de un murallón de 240 metros de altura y 100 km cuadrados de desechos tóxicos, ubicado apenas a ocho kilómetros del pueblo.

El lugar en enero era casi un campamento, plagado de carpas, donde se movilizaban más de 100 personas al día. Hay gente que se había asentado ahí y no se pensaba mover hasta que minera Los Pelambres cumpla el fallo de la Corte Suprema, que la obliga a restituir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro”.

La sentencia del pasado 21 de octubre, que desató un carnaval en el pueblo, establece además la posibilidad de demoler, total o parcialmente, el muro de contención del depósito y fijó en un mes el plazo que la empresa tiene para que las aguas vuelvan a escurrir libremente.

Al ser consultados por The Clinic minera Los Pelambres, dueña del tranque, a través de su Gerente de Asuntos Externos y Sustentabilidad, Jorge Araneda, respondió que realizarían faenas “para conducir el agua hacia el poblado por la cuenca del Estero Pupío, de manera que descienda libremente por un sistema que asegure su mínima pérdida por infiltración o evaporación”.

La semántica judicial, sin embargo, a veces puede prestarse para líos. Así lo entienden los lugareños que interpretan el escurrimiento como “libre” y natural”, tal como consigna el fallo, y no a través de canales de contorno como lo ha hecho hasta ahora la minera. Por primera vez en estos 14 años de lucha, los caimaninos creen que tienen el sartén por el mango. Ahora están a la espera que el juez de letras de Los Vilos, Jairo Martínez, encargado de la supervisión del fallo, ordene el cumplimiento de las medidas solicitadas por la Corte Suprema. A estas alturas no hay mucho margen de acción. A nadie le gustaría estar en el pellejo del honorable.

Metales pesados

Antes de ganar en la Corte Suprema, la denuncia de obra nueva había sido rechazada en dos instancias anteriores. Los argumentos de los abogados del Comité de Defensa Personal de Caimanes, la organización que representa a 200 familias de la localidad, fue que el tranque perjudicaba a la comunidad en sus derechos de agua. Algo similar a si alguien construye un edificio y termina privando de sol a algún vecino. La figura jurídica fue empleada para enfrentar eventuales daños y perjuicios.

En los antecedentes de la causa, incluso, se incorporó un informe de Andrei Tchernitchin, destacado toxicólogo de la Universidad de Chile, en que se explica que el agua del pueblo está contaminada con manganeso y hierro sobrepasando “en forma importante la norma chilena”. Situación que también ratificó el fallo, aduciendo que el depósito diario de residuos en el tranque de relaves había contaminado las aguas subterráneas y superficiales del estero Pupío, “con metales que producen daño a la salud de las personas”.

Pese a la contundencia del fallo, fuentes al interior de Pelambres, insisten en que son varias las instituciones del Estado que han avalado el proyecto. “Es importante aclarar que la Dirección General de Aguas (DGA), la Secretaría Regional Ministerial de Salud y el SERNAGEOMIN, entidades llamadas por ley a fiscalizar la calidad de las aguas, siempre han confirmado que se cumple la norma y el agua no está contaminada”.

Para Ramón Ossa, el abogado querellante, el fallo es histórico porque sienta un precedente respecto a cómo se relaciona el poder judicial con el ejecutivo. “Se está leyendo desde el poder judicial que el ejecutivo no está haciendo bien las cosas”.

Desde que comenzaron las protestas han existido algunas aproximaciones entre la minera y la población de Caimanes, con la mediación de la intendenta regional, Hanne Utreras. La mesa de diálogo, sin embargo, duró menos que un Candy, porque la empresa no aceptó conversar mientras hubiera cortes de ruta. La presión para que Pelambres acate el fallo, asegura Cristián Flores, es una medida legítima. “Resulta que pasó el mes de plazo y el tribunal de Los Vilos no ha resuelto nada, por eso la gente decidió cortar los caminos para que la minera cumpla el fallo. Es una medida de presión porque el gobierno lo único que ha hecho es prestarle ropa a la minera”.
Los caimaninos dicen que Carabineros los ha amenazado con desalojarlos. Flores asegura que llamó a la intendenta y le dijo que si lo hacían iban a responder de la misma forma. “Estamos preparados, si vienen con la choreza de sacarnos, nosotros vamos a ser más choros. Le dije que estábamos decididos a morir en esa lucha”.

A los cortes de camino se sumó, hace un mes, la toma de un túnel que conecta la minera con el relave, que duró apenas unas cuantas horas. Un punto estratégico que rápidamente fue despejado por Fuerzas Especiales. “Nos dijeron que nos iban a tirar a los perros, tuvimos que arrancar por los cerros y pasar por los terrenos de los viejos del valle”, agrega Flores.

Las expectativas que mantienen son altas. “Desde que partimos el juicio, teníamos la fe que le ganábamos a Luksic y que le íbamos a cerrar el tranque. Ahora estamos a punto”, agrega Flores.

El cierre del tranque, su eventual traslado o demolición, es algo que a los caimaninos los tiene optimistas. La erradicación tampoco les parece inviable, considerando el traslado de residuos que hizo la minera Disputada de Las Condes, luego de una disputa con la comunidad de El Arrayán, a un terreno ubicado en Colina a principio de los noventa.

La inversión para la empresa, sin embargo, es tan millonaria que no quieren perder los 1500 millones de dólares que les costó implementar el tranque. Menos paralizar las faenas en Pelambres por no contar con un lugar de acopio de relaves. Si bien la empresa asegura que no ha tenido merma económica, la sola posibilidad de cerrar o paralizar faenas, implicaría dejar de producir, según datos del año 2013, poco más de 400 mil toneladas de cobre fino y 9 mil toneladas de concentrado de molibdeno al año. Sólo el año 2013 Pelambres, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, obtuvo utilidades por la suma de US$ 1.193 millones.

¿El viejo truco?

Si bien el futuro del tranque de relave todavía no está claro, la gente de Caimanes cree que el espaldarazo de la Corte Suprema puede abrir un nuevo flanco judicial. “Erradicar ese tranque de relave les va a salir una fortuna. Creo que lo más probable es que van a querer ofertarle plata a la comunidad, pero primero tienen que cumplir el fallo”, asegura Cristián Flores.

La minera, en rigor, ya ha entregado dinero a parte de la comunidad. En marzo del año 2008, Víctor Ugarte, propietario de dos fundos aledaños a El Mauro, llegó a un acuerdo con la minera, previo traspaso de dos fundos y el 80% de los derechos de agua del valle del Pupío, por un monto de 23 millones de dólares. Ugarte ofreció 5 millones de dólares a 117 personas de la comunidad desatando la ira de los demás habitantes quienes, agrupados en el incipiente Comité de Defensa Personal de Caimanes, interpusieron una medida precautoria para retener el pago de las platas. Cuatro años después recién fueron liberados los fondos.

Los caimaninos no quieren aflojar. Los abogados que representan a cerca del 80% de la población, aseguran que entablarán nuevas medidas judiciales. Mientras exista el tranque, a sólo 8 kilómetros de la localidad, los riesgos de que Caimanes sea arrasado tras un eventual terremoto sigue latente. Los problemas con la contaminación del agua también.

La minera está atada de manos y el conflicto al parecer seguirá arrastrándose varios años más. “La minera tiene que cumplir primero el fallo y, sin perjuicio de eso, tendrá que reparar a la comunidad por el daño provocado por su obra que claramente le provocó perdida de fuentes laborales y el tesoro más preciado: el derecho al agua- argumenta el abogado Ramón Ossa.

Si bien hasta el momento no se han establecido cifras respecto a una eventual indemnización, el piso que ponen los abogados, entendiendo que si se alcanza un acuerdo sería para toda la comunidad, es de 120 millones de dólares. Fuentes al interior de la empresa aseguran que minera Los Pelambres “está abierta a dialogar con el objetivo de realizar programas o iniciativas que apunten al desarrollo y mejoramiento de vida de la comunidad del valle del Pupío”.

– Es obvio que no van a querer reconocer ningún tipo de compensación, por eso siempre hablan de fondos de desarrollo, no les conviene reconocer que han contaminado el lugar- asegura Cristián Flores.

Los ojos, por estos días, están puestos en la resolución del juez de letras de Los Vilos, Jairo Martínez. La duda también está instalada. “¿No creo que este juez caiga en el viejo truco?”, se pregunta Flores. Luego se responde solo: “No creo que contradiga a la Corte Suprema”.

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