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Habiterra Consultores Ltda es la empresa que desde septiembre de 2014 se hizo cargo del proyecto para un nuevo Plano Regulador Intercomunal de Rancagua, que contempla a seis comunas de la región de O’Higgins, entre ellas la que alberga los terrenos comprados y luego vendidos por la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet, tras haber conseguido un crédito multimillonario del Banco de Chile luego de una reunión en la que participó el propio dueño del banco, Andrónico Luksic, y el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos.

Después de ser retirado por el Gobierno anterior -porque el municipio de Rancagua rechazó la idea a raíz del colapso vial que podría provocar la construcción de nuevas villas en Machalí- Habiterra se hizo cargo de sacar adelante el proyecto y tiene contemplado, según los plazos que explicaron desde el propio Minvu, que éste sea entregado en noviembre próximo para iniciar un proceso de participación y su posible futura aprobación.

De esta forma, según declara uno de los dueños de la consultora, Pablo Guzmán Martínez, podría demorar varios años antes que se apruebe completamente, ya que debe ser aprobado por los concejos municipales competentes, luego por los consejeros regionales y finalmente por Contraloría.

MopGate

En medio del escándalo por el negocio logrado por la sociedad Caval Ltda., que puso a Dávalos en el centro de la polémica y de paso reveló las tensiones entre él y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el proyecto que busca transformar más de 400 hectáreas de terreno en zonas urbanas también entró al debate.

Esto, luego que  The Clinic Online revelara que la empresa que hoy gestiona el proyecto pertenece a los dueños de una empresa que fue investigada en el marco del caso Mop-Gate hace ya más de 10 años. Según la información recabada por este medio, Habiterra Ltda es una empresa heredera de Habiterra S.A, -dos de sus dueños son los mismos- entidad que aparece sindicada en la sentencia del 30 de junio del año 2010 del caso Mop-Gate por haber estado acusada de prestar boletas para el pago de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas por trabajos que no se realizaron.

La información fue entregada por el mismo involucrado a los investigadores que trabajaban con la jueza Gloria Ana Chevesich que llevaba la causa que tuvo contra la pared al gobierno de Ricardo Lagos y que produjo el acuerdo de modernización del Estado entre el entonces mandatario y Pablo Longueira.

En la época la acusación contra Habiterra S.A no significó una sanción punitiva y uno de los propietarios de Habiterra Ltda, Pablo Guzmán Martínez aseveró que “solamente fuimos a declarar, presentamos los antecedentes que acreditaban lo que había que acreditar y no hubo nada. Como te digo, yo creo que aquí hay otra intencionalidad de por medio”.

Según Guzmán, socio de Habiterra Ltda. junto a su esposa Isabel Zapata, fueron contratados vía licitación pública y partieron su trabajo en septiembre de 2014. Esto, luego que el primer proyecto de Plano Regulador Intecomunal para esa zona fuera rechazado en agosto de 2013 por el municipio de Rancagua y luego retirado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la administración anterior.

Consultados por este tema, desde la Seremi de Vivienda de O’Higgins respondieron a este medio que en el mes de agosto del año 2014 se llamó a una licitación pública para adjudicar los estudios necesarios para complementar la propuesta de cambio del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua.

¿La razón? Como la propuesta anterior no prosperó debido a que las direcciones de obras y asesorías urbanas de algunos de los municipios involucrados, manifestaron diferencias de opinión respecto a las modificaciones propuestas, la Seremi determinó implementar estudios al desarrollo del plan, más específicos y que están por sobre la experiencia del equipo de profesionales que componen la Seremi.

“Estos estudios están destinados a determinar la capacidad vial de actividades productivas; la infraestructura y las zonas de riesgos, proporcionando información precisa que dé sustento a la definición de la mejor alternativa para el Plan Regulador Intercomunal mencionado”, dicen.

Finalmente, la Seremi señaló que el 11 de septiembre de 2014 se adjudicó el estudio a la consultora Habiterra Ltda, imponiéndose a otras dos consultores oferentes: Urbe y Polis. El costo del estudio, que tiene un plan de desarrollo de 440 días corridos, tuvo un costo de $79.200.000.

La quinta pata al gato

“De todas las cosas que se tomaron en cuenta el año 2013, nosotros debemos hacer una fuerte revisión. Para eso nos contrató la administración actual (…) para poder ajustarlo y arreglarlo”. Eso es lo que dice Pablo Guzmán sobre el trabajo encomendado, el que se encarga de señalar que no tiene nada que ver con la polémica actual por el mega crédito otorgado a Caval.

El arquitecto, eso sí, se encarga de aclarar que el tema más crítico del proyecto no está en las tierras compradas y luego vendidas por la sociedad de la que es socia Natalia Campagnon, y donde se desempeñó como Gerente de Proyectos el actual Director Sociocultural del Gobierno, Sebastián Dávalos.

Según Guzmán, en el sector de Los Lagartos de Mostazal es donde existe el mayor conflicto para aprobar el Plan, causa de la contaminación ambiental que sufren los vecinos de ese sector.

De hecho, el propio Guzmán señala que el conflicto vial que se podría acrecentar en la conurbación entre Rancagua y Machalí se puede solucionar sin mayores sobresaltos. “Si bien aún no se hace ninguna propuesta, hoy la legislación no obliga a nombrar zonas de extensión urbana para trazar una vía de utilidad pública. Eso es parte de las observaciones que hemos hecho al instrumento”, dice Guzmán,.

El arquitecto asegura que ya se realizó una primera ronda de reuniones con los municipios y una segunda, con los equipos técnicos que representan a cada comuna, se corrió del 20 de febrero a la vuelta de vacaciones, durante marzo.

Aunque ya se juntaron con los municipios en una primera ronda, esta apenas fue la primera reunión. Al principio, esta segunda reunión estaba presupuestada para que se realizara el 20 de febrero, pero al final fue corrida para vuelta de vacaciones, en marzo.

Sin embargo, en los próximos días se hará entrega de los estudios complementarios para el proyecto, los que estarán disponibles -así como toda la información del proyecto- en la página web dispuesta por la Seremi de la Región de O’Higgins.

El plazo de término de este contrato termina en noviembre de este año, cuando el proyecto sea nuevamente sometido al escrutinio de los consejos municipales competentes, luego del consejo regional de O’Higgins y finalmente a Contraloría, que dará el último visto bueno. Por esa razón, sostiene, “esto tiene para varios años más”.

Por último, el arquitecto detalla que no puede asegurar que no hubo información privilegiada para la compra de la sociedad Caval, pero que cabe recordar que el proceso partió el año 2012 en la zona y que por lo general todos estos procesos de Planos Reguladores son públicos.

Según el arquitecto, no es raro que estos suelos se valoricen hasta 6 o 7 veces su precio real después de un cambio de suelo como el que se busca para esa zona, por lo que no es ninguna novedad que hayan empresas interesadas en este tipo de operaciones.

“De hecho, se hizo una Evaluación Ambiental Estratégica y fue aprobada. Entonces, en general son públicos, porque también hay instancias de participación, por lo que no cuesta mucho enterarse de este plan”, dice, agregando que “lo otro no interesa. Yo tengo que resolver los temas que están planteados”.