Columna: Entienda, señor Dávalos

Hace unos meses se desataron una serie de escándalos en México que vinculan directamente al Presidente Peña y a su gente muy cercana. Uno de los más graves da cuenta de una casa de más de 7 millones de dólares que supuestamente es de la Primera Dama mexicana pero que sospechosamente está a nombre de una de las empresas que más se ha beneficiado en los últimos años realizando contratos públicos para el mismo gobierno de Peña. Ante los cuestionamientos, la Presidencia de México optó primero por el silencio y después utilizó a la misma Primera Dama (una ex actriz de telenovelas) para intentar explicar de una manera más bien ridícula lo que había sucedido.

A pesar de una campaña gigante de parte del gobierno de México por no agrandar el caso, las respuestas han sido claras: una mayor desconfianza de la ciudadanía, una profunda pérdida de legitimidad de la figura presidencial y, claro, una caricaturización de la primera dama.

Muchos análisis se hicieron del asunto, pero quizá el más acertado fue uno que hizo el semanario norteamericano The Economist. Tras explicar un clima plagado de conflictos de interés en las esferas más altas del poder mexicano, fue tajante en su juicio: “El Presidente no entiende que no entiende.” Al negar y hacer caso omiso de las acusaciones, el Presidente tal parece no entender lo que significa un conflicto de interés, y no parece tener las herramientas para entenderlo. La burbuja en la que vive parece impermeable frente a una realidad donde cada vez hay más contrapesos, donde ya no es sostenible aprovecharse del poder político para el beneficio propio, y donde el costo de hacerlo va aumentando cada vez más.

Ante el reciente escándalo en Chile conocido como #NueraGate, que involucra a Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet es necesario poner las cosas claras para evitar que luego no se entienda bien el asunto. De inicio, es importante recalcar que Chile claramente no es México en temas de corrupción, pero que la verdadera capacidad de un país para afrontar el mal ejercicio público no está sólo en sancionar los actos ilegales, sino en condenar e imposibilitar los actos que aunque no sean estrictamente ilegales, atenten contra la ética que se debe esperar de todo servidor público.

En ese sentido, hay tres cosas que observar del caso:

1. Si huele mal, sabe mal y suena mal: está mal.

Por un lado es esencial que las investigaciones se lleven a cabo y lleguen hasta las últimas consecuencias. Eso fortalece la capacidad institucional del Estado para la impartición de justicia. Sin embargo, por el otro lado, e independiente de la investigación y las pruebas que deriven en un resultado judicial, no se puede negar el juicio público. La ciudadanía escucha, entiende, es afectada y reclama. Hacer caso omiso de ello es practicar la sordera política, un modelo que cada vez tiende más al suicidio político.

2. Los vacíos de información.

Si existen carencias de información, es imposible evaluar el contexto y lo más probable es que acabemos desconfiando. En este caso, la falta de una completa declaración patrimonial y de interés por parte del hijo de la Presidenta, hace necesario llenar las lagunas legales que permiten eso. Aún hay pendientes en términos de transparencia y los ciudadanos queremos y seguiremos exigiendo más y mejor información de quien administra el poder.

3. Mayor exigencia.

Situaciones como ésta van fracturando la confianza de la ciudadanía y establecen referentes de lo que se considera inaceptable: Es inaceptable decir que “no es tanta plata” en un país con la desigualdad de Chile. Es inaceptable guardar silencio. Es inaceptable que esto no tenga consecuencias. Ante cada acto oscuro, los siguientes actos requerirán más luz, transparencia y claridad, y cualquiera que aspire a formar parte de la clase política en el futuro, debe entenderlo bien.

*Pablo Collada es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente.