¿Qué significa que Cristina Fernández sea imputada?

Un fiscal en Argentina pidió que se investigue a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un presunto delito de encubrimiento, reavivando así la denuncia hecha hace un mes por Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la causa AMIA fallecido en extrañas circunstancias el pasado 18 de enero. El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido Nisman contra la presidenta de Argentina y otros funcionarios, pidió al juzgado de Daniel Rafecas que impute a los sospechosos, señala BBC Mundo

Aunque Fernández no está siendo acusada de un delito, el pedido -si es aceptado por el magistrado- significará que la mandataria, el canciller Héctor Timerman y las otras personas denunciadas por Nisman, entre ellas dos activistas cercanos al kirchnerismo, podrán ser investigadas para saber si existe alguna responsabilidad penal.
Cinco días antes de ser hallado muerto, Nisman había acusado a los funcionarios de encubrir la participación de funcionarios iraníes en el atentado contra el centro judío AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
En su pedido, Pollicita no solicitó la indagatoria de la presidenta y de los otros imputados, como había pedido Nisman.

¿Juicio a la presidenta?
El juez encargado del caso, Daniel Rafecas, que se encuentra de licencia por vacaciones hasta finales de mes, podría adelantar su regreso para comenzar a analizar la denuncia a partir del próximo miércoles, según los medios locales. Pero, ¿qué significa exactamente este pedido de imputación para la presidenta del país y cuáles son sus consecuencias?

“Imputarle a una persona un hecho delictivo no quiere decir que esa persona haya cometido el hecho. Es simplemente aceptar que se está preparando un pedido en el día de mañana y si existen suficientes pruebas que lo justifiquen, del procesamiento de esa persona”, le explica a BBC Mundo el abogado constitucionalista Gregorio Badeni.

“Lo que el fiscal Pollicita hizo es ratificar la denuncia hecha por el fiscal Nisman, y solicitar la autorización del juez para que se produzcan una serie de medidas de prueba en torno a las figuras delictivas denunciadas, que involucran a la presidenta de la República”, añade.

Ese centenar de medidas de prueba, que todavía no se publicaron en detalle, serviría para conocer más pormenores de la investigación. Si el juez considera que existen elementos suficientes una vez investigado el caso, entonces podría citar a la presidenta a declarar en calidad de procesada, algo que ella podría hacer por escrito, dada su calidad de jefa de Estado.

“Un juez puede procesarla, puede someterla a juicio, pero no puede detener a la presidenta, porque fue nombrada para ejercer un cargo público. La única manera de hacerlo es separarla de su cargo a través de un juicio político, algo que no tiene precedentes en la historia del país”, explica Badeni.

Lee el artículo completo acá