Carlos Peña: “El caso Dávalos muestra una inconsistencia del Gobierno”

El abogado y rector de la UDP de refirió este domingo al caso conocido como Nueragate, a través de su columna en El Mercurio. En ella, Peña señala que el negocio entre Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Bachelet y el Banco de Chile, del cual Andrónico Luksic es dueño, resulta irritante por razones obvias: “Hay una palmaria inconsistencia entre el discurso de la Presidenta, por una parte, y los actos que en ese negocio ejecutó su hijo, por la otra”. Recuerda cómo el 11 de marzo del año pasado, la Presidenta pronunció el discurso inaugural de su mandato, donde recalcaba: “¡Chile tiene un solo adversario y se llama desigualdad!”.

Como recuerda Peña, “mientras pronunciaba esas palabras la acompañaba, en el balcón de La Moneda, como escenificando una gigantesca ironía, su hijo Sebastián Dávalos. Apenas tres meses antes él había intercedido para obtener un crédito de varios millones de dólares a favor de una sociedad de la que su cónyuge es propietaria. La capacidad de Dávalos para lograr la obtención de ese crédito no fue fruto de su desempeño, sino de una cualidad adscrita: el parentesco”. Según el abogado, para los chilenos resultan tolerables las desigualdades “que son producto del esfuerzo personal; pero les irritan las desventajas inmerecidas, como la que obtuvo Sebastián Dávalos”.

El rector de la Universidad Diego Portales también recalcó la responsabilidad de Andrónico Luksic en todo el asunto. Escribió que “por razones obvias -el poder de Luksic no es poca cosa-, su participación en este asunto se ha mantenido en las sombras. La razón -se dirá, al modo de excusa- es que se trata de un personaje privado que puede hacer con el dinero que controla lo que le plazca”. Para Peña, sin embargo, esta razón es discutible: “Cualquier manual de economía neoclásica enseñaría que la buena voluntad de Luksic en este negocio -recibir al hijo de quien sería Presidenta y conceder un préstamo gigantesco a una empresa sin patrimonio- estaba animada por la expectativa de obtener ganancias que no debieron ser estrictamente monetarias”.

Se suma a ello, señala Peña, que “Luksic posee un poder y un patrimonio que se asemeja o supera al de un agencia estatal. Una sociedad interesada en limitar el poder -eso era una democracia liberal, ¿verdad?- no debe omitir el escrutinio del poder derivado del patrimonio que en casos como el de Luksic puede ser superior o más influyente que el de cualquier órgano estatal: en capacidad de cooptar, tender redes, entrar en juegos de toma y daca”.

Peña remata señalando que el caso de Sebastián Dávalos y Andrónico Luksic muestra “una inconsistencia del Gobierno, el poder que llegó a tener Dávalos, y los sueños dañados de un millonario. La renuncia de Dávalos -expuesta por él mismo con un nerviosismo que solo la culpa podría explicar- no remedia ninguna de esas cosas. Las subraya”.