Caso Dávalos: Fiscal insiste en que la denuncia es genérica y que están en etapa de recolectar datos

Dada la situación particular, la investigación por el Caso Nuera, o Caval o Dávalos si usted prefiere, se va a dilatar en el tiempo, dijo el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo Ríos, designado la tarde de ayer para investigar eventuales delitos detrás del negocio con que la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, se ganó 2.500 millones de pesos en la pasada por la venta de 44 hectáreas en Machalí, que compró a través de un crédito que consiguió junto a su marido, Sebastián Dávalos, con el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic en noviembre de 2013.

En entrevista concedida a El Mercurio, el persecutor señaló que si bien la denuncia es bastante genérica, “se denuncian dos delitos graves, porque se encuentran sancionados en el artículo 246 del Código Penal. Primero, la violación de secreto, en el entendido de que algún funcionario público habría revelado algún antecedente catalogado como secreto por la ley y, en ese caso, los compradores habrían accedido a esa información de orden privilegiado”. Agregó que “el segundo delito es de tráfico de influencia en la modalidad de negociación incompatible, sancionado en el art. 240 bis del Código Penal. En este caso, lo que está persiguiendo la denuncia es ver si se habría influido en algún funcionario público para obtener una decisión favorable para los intereses de una sociedad determinada; esto es, Caval. Debo decirle que, en términos concretos, es una denuncia bastante genérica, que no establece hechos más allá de los que han aparecido publicados en este último tiempo”.

Toledo explicó que “la investigación se está desarrollando en su fase más inicial posible. Todo lo que ha aparecido, tanto por involucrados como aquellos que figuran como propietarios o compradores, va a ser necesario recogerlo y también recoger todo el procedimiento del uso del suelo y el Plan Intercomunal de las comunas de Machalí y Rancagua, para intentar esclarecer lo que ocurrió desde el punto de vista penal”.

Consultado por el tiempo que le llevará desarrollar la investigación, respondió que “requiere un tiempo prudente. Debe ser absolutamente acuciosa, toda vez que lo que se denuncia son antecedentes que deben ser recogidos y requiere reproducir todo el proceso que se refiere a la modificación de uso de suelo: quiénes fueron las personas que obtuvieron estos datos, la manera en que las personas se habrían comunicado. Se va a dilatar en el tiempo, no con la premura que se requiere desde el punto de vista comunicacional. Las declaraciones, en este caso, van a ser postergadas por la incautación y obtención de documentos. Luego de ello comienza una serie de declaraciones y seguramente aquellas que tienen un interés comunicacional no van a ser de las primeras. Es absolutamente necesario conocer todo lo que influye en el proceso del Plan Regulador Intercomunal: quiénes son las autoridades que intervienen, si hay información secreta o si es pública. No es solo la declaración de quienes han hablado a la prensa. No me basta con la declaración del seremi de Vivienda ni con la de los alcaldes comprometidos ni con la del señor Dávalos. Lo relevante es conocer primero el proceso, cada uno de los pasos que involucran ese proceso (de cambio de suelo), para saber por dónde orientar esa investigación”.

Por otro lado, Toledo admitió que no conoce a Dávalos, y que posiblemente estuvo en alguna oportunidad con el seremi de la Vivienda de la Sexta Región, Wilfredo Valdés, pero que “no reconozco ni su rostro”.

Respecto de indagar un asunto que involucra al hijo de la Presidenta dijo que “sinceramente es una causa dentro de aquellas que me corresponde conocer. Pero no guardaría relación con las 63 mil causas que recibe esta fiscalía, porque tiene una connotación especial por la cobertura y la importancia que reviste uno de los involucrados, que es el hijo de la Presidenta de la República. Sin embargo, hay mucha información que yo prefiero guardarme las opiniones, para comenzar seriamente a trabajar en el tema”.

La designación del fiscal Toledo se produjo luego de que ayer los diputados de RN, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentarón una denuncia ante la Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, para que se investiguen los eventuales delitos de tráfico de influencia y uso de información privilegiada.

Paralelo a eso, ayer la UDI también presentó una denuncia, pero lo hizo en el Centro de Justicia, en el Cuarto Juzgado de Garantía.

Una vez que Dávalos presentó su renuncia el viernes pasado, leyendo una declaración sin aceptar preguntas, la derecha ya había anunciado su disconformidad con el asunto, al sostener que el hijo de Bachelet no se había referido en profundidad al negocio.

El fin de semana El Mercurio publicó una entrevista donde Dávalos aseguró que la venta de las 44 hectáreas no le dejó ni un peso, ni a él, ni a su esposa.

Ayer, el Gobierno intentó cerrar el tema, asegurando a través del vocero (s) Alvaro Elizalde que no había nada más que agregar tras la renuncia. En paralelo, la encuesta Cadem de esta semana dio cuenta que posiblemente el caso impacto la popularidad de Michelle Bachelet, al advertir un quiebre en la curva, tanto en el apoyo como en el rechazo.

Dentro del oficialismo, la postura más dura llegó por parte del candidato a la presidencia del PS, Gonzalo Martner, quien señaló que pedirá el pronunciamiento del Tribunal del partido, donde milita Dávalos, por el negocio de especulación inmobiliaria en que se vio involucrado el ex director sociocultural de La Moneda.

Este mediodía, el fiscal Toledo ofreció una conferencia de prensa, donde entre otras cosas, aclaró que no volverá a hablar prontamente con la prensa

Tal como lo dijo en entrevista con El Mercurio, reiteró que “dada la generalidad de la denuncia (…) se vuelve absolutamente imprescindible la conformación de un equipo de trabajo y no radicar esta investigación en un sólo fiscal”, añadió.

Asimismo, detalló que “estamos en una etapa inicial que es recolectar los antecedentes con la finalidad de saber y poder determinar si los hechos investigados constituyen o no un delito penal, uno o más delitos penales”.