Columna: Aborto legal y seguro

El 31 de enero del presente año, el gobierno envió un controvertido proyecto de ley que intensificó el debate iniciado hace años, provocó diversas críticas y destacó en los medios de comunicación: la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales; riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Respecto a esto, como Mesa Directiva y Vocalía de Género y Sexualidades de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, creemos importante transparentar nuestra postura y a la vez generar el debate en nuestros espacios.

¿Cuáles son los principales argumentos a debatir?

¿Se realizan abortos en Chile? Según el proyecto enviado, desde 2001 a 2012 hubo 395.905 abortos, es decir 32.992 abortos promedio por año. Estas cifras sólo permiten estimar el número de casos de interrupciones de embarazos espontáneas y provocadas por indicación médica, pero no de otros casos, pues al estar penalizado, no se informan, se realizan en la clandestinidad y complican la recopilación de datos sobre salud sexual.

¿Se debe legislar al respecto? Creemos que legislar sobre esta materia es urgente, pues estamos conscientes de que existen dos realidades: por una parte, están las mujeres que pueden pagar una costosa interrupción del embarazo, haciéndolo de manera camuflada en clínicas privadas o fuera de Chile; y por otro lado, están las mujeres que desarrollan infecciones por abortos clandestinos, sufren daños físicos y psicológicos irreversibles y muchas veces mueren en el intento. Son este tipo de problemáticas sociales las que ponen en evidencia que vivimos en una sociedad que ha generado y aceptado desigualdades completamente violentas.

¿El proyecto de ley obliga a las personas a abortar? Evidentemente la legislación no genera obligación de abortar, sólo genera la oportunidad para que las mujeres dadas ciertas circunstancias puedan escoger interrumpir su embarazo.

¿El aborto siempre fue ilegal? No, desde 1931 fue legal en su forma terapéutica hasta la modificación al artículo 119 del Código Sanitario en 1989, cuando terminaba la Dictadura de Augusto Pinochet. Desde entonces, el aborto en nuestro país se prohibió en todas sus formas, teniendo una de las legislaciones más estrictas del mundo en este ámbito, y la que en la actualidad sólo compartimos con 4 Estados: El Salvador, Nicaragua, Malta, el Vaticano.

¿Cuáles son las principales reacciones que ha tenido este proyecto? La Iglesia Católica ha tomado una postura contraria a avanzar en este debate por medio de sus instituciones. Lo han manifestado la Universidad Católica por medio de su Rector y el Presidente de la Federación de Estudiantes, también lo han hecho sus instituciones médicas de la Red UC-Christus, y de modo mucho más polémico por medio de los emplazamientos del cardenal Ezzati apelando a que los Diputados que posean fe Católica voten en virtud de esta, es decir, en contra del aborto. Es ante dichos elementos que consideramos relevante que el Estado garantice los espacios de participación a los diversos intereses, pero que por sobre todo, las y los legisladores actúen siendo fieles a la opinión de la ciudadanía puesto que es a esta a quienes deben su trabajo.

La postura de la Mesa Directiva de la Federación en conjunto con la Vocalía de Género y Sexualidades
A raíz de los argumentos presentados con anterioridad, consideramos que los temas incluidos en el proyecto de ley establecen un piso mínimo a partir de los cuales debemos empezar a debatir, pero son insuficientes ante el contexto y las necesidades reales de las mujeres chilenas. Esto a su vez, evidencia lo retrasado que se encuentra nuestro país en este tipo de legislación, como también evidencia la perspectiva de clase que posee esta problemática, pues como ya se mencionó en esta declaración, mientras quienes tienen los ingresos necesarios pueden abortar de forma segura, quienes no poseen ese capital lo hacen en condiciones mucho menos seguras e insalubres, lo que puede traer consecuencias irreversibles.

Creemos que el aborto es un tema urgente que debe ser tratado desde los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y sus destinos, en donde el Estado no debe bajo ningún criterio poner trabas ni impedimentos, sino más bien garantizar su bienestar por medio de una educación sexual ad hoc desde temprana edad para poder tomar las mejores decisiones a consciencia, un acceso garantizado e informado a medios de anticoncepción para evitar abortar, y un aborto seguro y legal como una alternativa para las mujeres que decidan realizarlo.

Así mismo, creemos firmemente que como sociedad no basta con generar cambios institucionales que acepten el aborto como opción legal, sino que debemos por sobretodo realizar el esfuerzo de generar la aceptación socio-cultural de esta opción totalmente legítima.