Crisis política: Amplitud asegura que no se va a prestar para un arreglín y que los dos bloques están por el suelo

“No estamos disponibles para apoyar un ‘arreglín político’ estilo MOP-Gate”, dicen desde Amplitud, el movimiento que lidera la senadora Lily Pérez con puros descolgados de RN, y que mira con la comodidad de la autonomía la crisis que atraviesa el sistema político con los Caso Penta y Caval.

En entrevista con La Tercera, precisamente es Pérez quien expone el punto de vista de su sector frente al problema que parece estar incrustado en los dos grandes bloques, y por el cual se ya se anunciaron proyectos, sin además desestimar un eventual acuerdo, que a muchos les ha traído a la memoria el de 2003, cuando Longueira y el entonces Presidente Lagos hicieron frente a la corrupción de los casos Mop-Gate y sobresueldos.

“Creo que no son las leyes las que van a hacer que políticos y empresarios actúen con ética. Además de leyes, aquí debe existir un cambio de actitud moral. Además, ante un escándalo político a veces se anuncian proyectos que demoran años en tramitarse, o incluso que nunca se concretan. Entonces aquí yo digo “ver para creer”. Esto me recuerda mucho al caso MOP-Gate”, sostiene la senadora.

A su juicio, “cuando estalló el caso Penta, hubo algunos atisbos de dirigentes de la UDI que recordaban el MOP-Gate, cuando ellos le salvaron el gobierno a Ricardo Lagos, y que esperaban una vuelta de mano. Además, aquí también tenemos otro caso donde están involucrados familiares de autoridades”.

Pedonazo transversal

La parlamentaria opina que con el caso Caval, que le vino como anillo al dedo a la derecha, la oposición y el gobierno están como empatados, por lo que “obviamente lo que van a tratar de hacer es buscar un acuerdo como ese. Pero en Amplitud no estamos disponibles para apoyar un “arreglín político” estilo MOP-Gate. Nosotros queremos que esta crisis se convierta en una oportunidad para endurecer las leyes. Pero que también haya un cambio en la actitud ética y moral”.

Insiste en que “no es necesario que existan leyes para que la gente haga lo que es correcto. Cuando hay parlamentarios que dicen “vamos a esperar que los tribunales determinen”, lo que están haciendo es escudarse en judicializar la política. Pero esto va más allá de eso. Aquí hay un tema ético. Al ganar con trampa, o burlar las leyes, un parlamentario debe quedar inhabilitado de hecho”.

Críticas al entramado político
La senadora analiza el momento de ambos bloques y asegura que ha quedado en evidencia un problema transversal, en el actuar tanto de la oposición como en el oficialismo.

“Me preocupa es que si la Alianza no toma decisiones con personas involucradas en delitos y en mentiras, no tendrá la altura ética necesaria para cumplir un rol de fiscalización eficiente. Y veo con preocupación cómo ellos se han inhabilitado éticamente al no tomar acciones contundentes contra los involucrados. Y por el otro lado está el caso Caval, donde el gobierno reaccionó tardíamente.

Al igual que como lo han planteado desde el propio oficialismo, cree que Dávalos se demoró mucho en renunciar, y que la Presidenta debió haber reaccionado antes.

“Ella se escudó en sus emociones para no pronunciarse. Y eludió lo más importante: hacer un juicio ético como Presidenta de la República sobre el caso. Este es un caso donde está involucrado su hijo, donde se ganaron $ 3.000 millones, y donde se investiga si hubo favores políticos y uso de información. Y lo que uno espera de un Presidente es un juicio ético. Esto hace pensar que es cierto ese dicho de que “las segundas partes nunca son buenas”. Además, aquí quedó en evidencia algo grave: el que está gobernando es el “bacheletismo” y no la Nueva Mayoría (NM)”.

Pérez, quien asegura que Amplitud se financia con sus propios recursos, asegura que “finalmente, tenemos una crisis donde izquierda y derecha están absolutamente cuestionadas y desgastadas. Y una salida para esto es legislar con prontitud. Que el proyecto que anunció La Moneda se envíe con suma urgencia, para que se tramite en marzo y abril. Se deben incorporar penas aflictivas, que se legisle para los actuales períodos y no para tres años más, y que se impida el aporte de empresas a campañas políticas, entre otras cosas”.