El negocio inmobiliario de $ 1.700 millones que divide a los jueces

Una cadena de correos electrónicos recorre la red del Poder Judicial, particularmente entre los magistrados de garantía y orales de todo el país. ¿El motivo? La idea del directorio de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) para evaluar la adquisición de la Hostería Iloca -ubicada en la localidad del mismo nombre, VII Región- por $ 1.100 millones a una sucesión donde dueño el magistrado y socio Álvaro Martínez del Tribunal Oral de Rancagua. Y ese dinero, sumado a las remodelaciones y ampliaciones que se pretende hacer, alcanzarían un costo de $ 1.701 millones.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por The Clinic Online, la decisión de evaluar la compra para ser sometida a la junta nacional el próximo 20 de marzo, se realizó en febrero en el mencionado lugar, donde 8 de los 9 directores estuvo de acuerdo con la moción, salvo la secretaria general de la instancia, la jueza Vania Boutaud Mejías, quien redactó un voto disidente donde explica -en 15 acápites- sus razones para rechazar la eventual adquisición.

El tema no pasaría de ser -quizás- una buena oportunidad para ampliar los beneficios de los asociados, salvo por un problema: en la cadena de correos, los magistrados critican que el dinero salga del Fondo Catastrófico y Fondo Solidario que se usa, por ejemplo, en ayuda de jueces que enfrenten problemas de salud graves, entre otros y que se estudia caso a caso su entrega.

La jueza de La Serena, Nancy Bluck cuestionó que dado que el proyecto es tan grande y la inversión tan cuantiosa, el directorio debería necesitar la aprobación de todos los presidentes y que el uso del fondo de solidaridad la dejaba “inquieta”.

Carlos Acosta, magistrado de Valdivia fue más allá y sostuvo que el negocio “es una locura” dada la utilidad real que le pueden dar los asociados.

Su colega Francisco Bravo aseveró que la mayoría de los jueces viajan de vacaciones a Europa, Estados Unidos o el Caribe, por lo que un centro vacacional extra no tiene sentido.

Actualmente, los magistrados tienen dos sitios de veraneo, uno en Tongoy y otro en la ribera del lago Llanquihue. De acuerdo a los mails que fueron relatados a este medio, varios se quejan de las malas condiciones de ambos lugares, como también que funcionan a pérdida, por lo que estiman que adquirir una nueva propiedad resulta innecesario.

Según Boutaud, la jueza que votó en contra de adquirir un nuevo lugar, ella mantuvo una conversación con el juez Martínez, quien le señaló que el restorán de la hostería Iloca “no deja ganancias, sino el hotel”.

Asimismo, la jueza aseguró que su voto disidente no fue incluido en toda su extensión en el informe que se envió a las directivas regionales.

Calmando ánimos

La polémica ardió entre los jueces, por lo que el presidente de la ANM Álvaro Flores, debió salir a defender la iniciativa a través de un mail fechado el pasado viernes 6 de marzo.

En cinco páginas, Flores explicó que el lugar es excelente, que tiene plusvalía, que es mejor que Tongoy y Puerto Varas y una larga lista de bondades como el “reconocido prestigio, excelente ubicación”, entre otros piropos geográficos.

Indicó que se hicieron estudios de título, se avaluó el lugar por un reconocido tasador fiscal de Talca y se enviaron todos los antecedentes a las regionales de la ANM. Sin embargo, eso no acalló los comentarios de los jueces.

Flores, insistió en su informe a sus colegas que la oferta “resulta atractiva” por lo que debía ser estudiada, dado que además obtendrían hasta un 40% de descuento sobre el precio de mercado.

Apuntó a que actualmente la ANM, junto a los dos centros vacacionales maneja la “casa del juez”, por lo que toda actividad económica está en regla, que en ningún caso existe incompatibilidad ni menos alcances tributarios o eventuales ilegalidades.

La casa del juez se ubica en Merced con Santa Lucía, en el edificio “El Barco”, del arquitecto Sergio Larraín y cuenta con 300 metros cuadrados de superficie y sirve para que los jueces que viajan a Santiago por trámites, puedan alojar.

Al ser consultado por este diario, Flores defendió la transparencia y legalidad del proyecto y que serán los presidentes en el ampliado nacional del próximo 20 de marzo quienes votarán la iniciativa. Toda vez que la jueza Boutaud fue el único voto disidente.

“El directorio no tiene facultades para comprar y decidió pasar los antecedentes a la Junta Nacional y pueden decir si o pueden decir no. Y hay personas que estiman que hay otras prioridades. Eso es todo. El gremio tiene dos centros vacaciones y lo único que se busca es incrementar los beneficios para los socios”, indicó.

Este diario intentó obtener una versión del magistrado dueño de la hostería, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.